Andalucía aún tiene 498 pasos a nivel, el 17% de los casi 3.000 que hay en toda España

Uno de los tres pasos a nivel de Utrera (Sevilla) que va a eliminar Adif.
Uno de los tres pasos a nivel de Utrera (Sevilla) que va a eliminar Adif.
Adif
Uno de los tres pasos a nivel de Utrera (Sevilla) que va a eliminar Adif.

Hace apenas unos días, un hombre de 70 años perdió la vida en Begíjar (Jaén) al ser arrollado el coche en el que viajaba por un tren de larga distancia que cubría el trayecto entre Huércal Viator y Madrid Chamartín. El siniestro ocurrió en un paso a nivel que cuenta con señalización lumínica y acústica, si bien la investigación tendrá que determinar si todo funcionó correctamente o si el conductor invadió las vías de forma indebida. Es el último accidente mortal ocurrido en Andalucía en un paso a nivel, a los que se suman otros con víctimas mortales, como los de Álora (Málaga) y Utrera (Sevilla), en 2022; o el de Alcolea (Córdoba), el verano pasado, que se saldó con dos heridos graves.

Y es que la comunidad cuenta todavía con 498 pasos a nivel, la mayor parte de ellos ubicados en la provincia de Sevilla, que tiene 95; la de Córdoba, con 88; y la de Málaga, con 86. El resto se reparten entre los 74 pasos a nivel de Granada; los 70 de Huelva; los 51 de Jaén; los 22 de Cádiz; y los 12 de Almería, según los últimos datos oficiales de Adif a los que ha tenido acceso 20minutos. En España, según datos de mediados del pasado año, la cifra asciende a algo más de 2.900 pasos a nivel, lo que supone una media de 22,5 por cada 100 km de vía.

De vuelta a Andalucía, las casi 500 infraestructuras de este tipo que quedan, y que suponen el 17% del total nacional, suponen 180 menos que las que había en Andalucía hace 16 años, toda vez que el administrador de infraestructuras ferroviarias ha eliminado 180 desde el año 2008. A estos se suman otros 27 cuya supresión está en estos momentos en diferentes fases de ejecución, desde la redacción de los proyectos a la licitación a la adjudicación o la ejecución de los trabajos.

Uno de ellos es el de Benalúa, en la provincia de Granada, en el que ya se está trabajando. Otros tres se ubican en el municipio sevillano de Utrera, en diferentes puntos kilométricos de la línea ferroviaria convencional Bifurcación de Utrera-Fuente de Piedra, la misma en la que en 2022 falleció una persona. Estas actuaciones, que ya han sido adjudicadas, cuentan con una inversión de 2,7 millones de euros y su desarrollo no afectará al tráfico ferroviario. Adif tiene previsto actuar también dentro de esa casi treintena de actuaciones en Villanueva del Río y Minas, Pedrera y Paradas, en la provincia de Sevilla; y en otros puntos repartidos por el resto de la comunidad: Ronda, Álora y Antequera (Málaga); Castellar de la Frontera y San Roque (Cádiz); Mengíbar (Jaén); y Huélago y Villanueva de Guadix (Granada).

Proceso de eliminación

Los pasos a nivel tienen distintos grados de protección, según la normativa, en la que se tienen en cuenta factores como las intensidades medias de tráfico, tanto de trenes como de vehículos de carretera, ubicación, distancia de visibilidad y la velocidad de paso de los trenes por el mismo.

Para actuar en un paso a nivel se siguen igualmente los criterios determinados por normativa. Así, se deben eliminar los ubicados en líneas en las que se establecen circulaciones ferroviarias a una velocidad igual o superior a los 160 kilómetros por hora por tramos; en líneas en que se ejecuta la duplicación de una vía única existente; o líneas en las que el producto de la intensidad media diaria de vehículos de carretera por la circulación media diaria de trenes presenta un valor igual o superior a 1.500.

Asimismo, desde Adif recuerdan que un paso a nivel es competencia de varias administraciones. Por un lado, la ferroviaria, y por otro, el titular del camino, calle o carretera por el que atraviesa el paso, en su mayoría, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. Por ello, concluyen, para suprimir un paso a nivel es necesaria la "actuación concertada" de las administraciones afectadas, siempre mediante convenio y según las disponibilidades presupuestarias, incluyendo la elaboración de un proyecto de supresión consensuado.

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