El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha confirmado lo que su consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ya avanzó hace unos días, cuando apuntó a la necesidad de reformar la actual Ley de Incompatibilidades de los Altos Cargos andaluces, tras el caso del exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán y su intención de fichar por una aseguradora privada.
La normativa vigente data de 2005 y fue modificada en 2021 por el entonces Gobierno de coalición del PP y Cs, impulsada en concreto por la formación naranja, ha subrayado Moreno este miércoles en un encuentro informativo de la Cadena SER y El País. Y ya entonces, ha dicho, detectaron "deficiencias" en una ley "un tanto extraña" y que "no es buena, no es completa", fruto de la "inexperiencia en campo real".
Es por ello que Moreno ha dado ya orden a su consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, para que "impulse la renovación" de esta normativa. La reforma, ha detallado el líder del Ejecutivo andaluz, puede tomar dos caminos. Uno, reducir los tiempos de la incompatibilidad, ahora fijados en dos años; y otro, igualar la ley autonómica a la estatal, que establece esos mismos dos años de incompatibilidad, pero con cesantías (indemnización que se cobra tras cesar en un cargo, salvo que se renuncie a ello) todo el tiempo, mientras que en Andalucía, según la ley consultada por este medio, el cobro es de entre tres y doce meses, excepto para los presidentes, vicepresidentes y consejeros, que se eleva hasta los dos años.
El presidente de la Junta defiende que hay que "clarificar" más la ley y hacer "más transparente" el proceso de retorno desde la Administración pública al sector privado cuando se procede de él, y siempre bajo el criterio de la "rigurosidad", pero facilitando ese "enriquecimiento mutuo". Y ha concluido afirmando que ahora mismo no han detectado en la Junta, que cuenta con unos 300.000 empleados, "ningún caso de gravedad".
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