Apenas unos días después de que se conociera la contratación del exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán por parte de la aseguradora privada Asisa tan solo tres meses después de dejar su cargo en la Administración andaluza, el Ejecutivo de Juanma Moreno ya ha emitido un informe en el que determina que dicha contratación es incompatible con la ley vigente andaluza y que el ex alto cargo de la Junta tendrá que esperar aún cuatro meses para trabajar en la compañía.
Así lo señala el informe de la Inspección General de Servicio de la Junta de Andalucía que ha recibido la Secretaría General para la Administración Pública, en el que se detalla que "de materializarse" la contratación, "constituiría un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos, siempre y cuando la misma se produjera antes del 29 de julio de este año", fecha en la que se cumplirían los dos años desde su cese en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Y es que, cabe recordar, antes de convertirse en viceconsejero, Guzmán fue desde noviembre de 2019 hasta el 29 de julio de 2022 gerente del SAS, cargo que sería en este caso el que haría incompatible su puesto en Asisa, toda vez que, según el referido informe, la incompatibilidad estaría motivada por los 14 contratos que desde el SAS se firmaron con las entidades vinculadas al grupo de la aseguradora privada entre noviembre de 2019 y junio de 2022. En esta etapa, "aunque los contratos no fueron firmados directamente por Guzmán", sino por el Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados por delegación de firma, "esto no altera la competencia".
En cambio, continúa el informe, "los datos de que se dispone no indican que pueda existir incumplimiento de la norma en la etapa de Miguel Ángel Guzmán Ruiz como viceconsejero", cargo del que dimitió en diciembre de 2023 alegando "motivos personales". Las conclusiones de la Junta se sustentan en la Ley 2/2021, de 18 de junio, de Lucha Contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía y Protección de la Persona Denunciante, que modificó en su disposición final segunda la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y que limita por incompatibilidad las actividades que pueden desarrollar dichos altos cargos durante los dos años posteriores a su cese, que, en este caso, se cumplen el próximo 29 de julio.
En concreto, en su artículo 6 apartado b, la ley marca que los altos cargos son incompatibles "con el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas, con la excepción prevista en el artículo 5.1.
El informe de incompatibilidad se ha conocido justo unas horas después de que el propio Guzmán, en la noche de este jueves, lanzara un comunicado en el que anunciaba que aplazaba su decisión de incorporarse a cualquier actividad laboral hasta que la Junta emitiera su informe.
"Ante la información de los últimos días, estando convencido de haber cumplido en todo momento con la ley, he sabido por los medios de comunicación que la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía está elaborando un informe dada la notoriedad del caso", comenzaba el mensaje difundido por Guzmán. El también exgerente del SAS añadía que cree que "lo más prudente es aplazar la decisión de incorporarme a cualquier actividad laboral hasta que se emita dicho informe que, como no puede ser de otra manera, acataré en los términos que se pronuncie".
Desde que se conoció la noticia del fichaje de Guzmán en el sector privado, la oposición de izquierdas ha cargado duramente contra el Gobierno de Moreno, al que acusa de "corrupción política" y al que ha exigido explicaciones de este caso. Los socialistas auguran que la gestión, del Ejecutivo del PP-A, marcada por las "ilegalidades e irregularidades", derivará en una "macrocausa de Moreno Bonilla", al tiempo que han pedido una comisión de investigación en el Parlamento sobre las contrataciones de emergencia realizadas desde el SAS.
Mientras, Por Andalucía ha pedido la dimisión de la consejera de Salud, Catalina García, que este miércoles aseguraba desconocer la contratación de Guzmán y admitía que "hubiera sido mejor" que este hubiese consultado previamente antes de que la información saltara a los medios. Adelante Andalucía, por su parte, ha presentado ya una denuncia en la Oficina Antifraude y barajaba acudir a los tribunales por un presunto delito de cohecho. Vox, más prudente, aludía a la "presunción de inocencia" e instaba a la Junta a aclarar si había o no incompatibilidad.
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