Un mes y un millón de firmas: es lo que necesita una nueva Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para blindar el derecho al aborto ante la previsión de posibles retrocesos con las próximas elecciones europeas. Bautizada como 'Mi voz, mi decisión', el movimiento ha sido respaldado por organizaciones de ocho países —España, Polonia, Francia, Austria, Eslovenia, Croacia, Irlanda y Finlandia— y demandará ante la Comisión Europea el apoyo financiero de los Estados miembros para garantizar el acceso a un aborto "seguro y legal" para todas las mujeres europeas, independientemente de dónde vivan o de la situación en la que se encuentren.

La iniciativa lleva meses gestándose, pero este miércoles ha arrancado la recogida de firmas, que antes del próximo 5 de junio tendrá que acumular, por lo menos, un millón, para que Europa tome en consideración la propuesta, que destaca cuatro tipo de situaciones en las que un apoyo como el planteado podría "marcar la diferencia". 

Y es que la situación en la Unión Europea en lo que respecto al derecho a una interrupción voluntaria del embarazo segura, gratuita y accesible, es muy dispar según el territorio. La organización calcula que en total, en toda la UE, más de 20 millones de mujeres no tienen garantizado el acceso al aborto. Hay países, como Polonia o Malta, en los que directamente está prohibido; hay otros, como Austria y Alemania, en el que es legal, pero no libre; y también está el caso de Estados en los que, pese a ser legal, no acaba siendo del todo accesible, como en Croacia o Italia. 

La iniciativa contempla también el caso de mujeres en "especial vulnerabilidad", como las migrantes en situación administrativa irregular; o pertenecientes a comunidades en las que el acceso al aborto está obstaculizado, por ejemplo, por no haber médicos que no sean objetores de conciencia. 

Así, la demanda exige que se cubra el coste del aborto ante todas estas situaciones, y que se garantice el apoyo para aquellas mujeres que necesiten desplazarse a otros países para acceder a estos servicios. En esa línea piden también que la UE costee el desplazamiento de las mujeres que necesiten una interrupción legal del embarazo por razones de salud física o mental, y que no puedan realizarla debido a los plazos de sus normativas locales, que pueden ir de las 10 semanas de Portugal, Croacia y Eslovenia, a las 24 que mantiene ahora Países Bajos. 

Una de las coordinadoras del movimiento, la periodista y activista Cristina Fallarás, ha asegurado este miércoles que la iniciativa constituye "una forma de adelantarnos a lo que va a venir: un movimiento de derechas y ultraderechas que atentará contra los derechos de las mujeres". "Ya lo estamos viendo en Argentina, pero llegará también a Estados Unidos y a Europa. Y los primeros derechos contra los que atentan son los que tienen que ver con nuestros cuerpos y, particularmente, el aborto", ha añadido durante la presentación de la campaña. 

Para dar difusión al movimiento, 'Mi voz, mi decisión' irá realizando actos y encuentros sobre la iniciativa en distintas ciudades, empezando el próximo 29 de abril en Bilbao y el 30 en Pamplona.