El PP de Alberto Núñez Feijóo continúa su estrategia de sentar las bases con las que recurrir la ley de amnistía en cuanto la apruebe el Congreso. Así, tras pedir recibir los informes de los letrados de la Cámara, del CGPJ y las consideraciones de la Comisión de Venecia, los populares han solicitado a sus servicios jurídicos un informe que aprobará la próxima semana la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado y en el que se advierte de que la amnistía puede alentar "todo tipo de actos insurreccionales" contra los principios constitucionales del Estado autonómico. 

De este modo, el documento que firma el Grupo Parlamentario Popular del Senado sostiene que la ley que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez exclusivamente para Cataluña puede perjudicar al resto de territorios de España. "Nos encontramos ante el mayor atentado contra el principio de seguridad jurídica que se ha producido en España desde la aprobación de la Constitución de 1978", sostiene el informe. También se advierte de que la ley es inconstitucional, que atenta contra la separación de poderes, el principio de igualdad de todos los españoles, que podría perjudicar económicamente al resto de comunidades y que, además, no evita que pueda volver a producirse un 1-O.

Y es que los populares insisten en que los beneficiarios de la amnistía han manifestado que lo volverían a hacer, por lo que la ley "incide de forma negativa" sobre el principio de solidaridad en la medida en que lo "desprotege". "Si hoy se amnistía a quienes en 2017 pretendieron destruir el Estado Constitucional y Autonómico, nada impediría en el futuro volver a recurrir a este tipo de medidas frente a situaciones similares. Se sienta así un precedente muy peligroso para la subsistencia del Estado Autonómico. Puede alentar todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurreccionales contra los principios constitucionales del Estado Autonómico". 

En otras palabras, el PP cree que la amnistía puede sentar "un precedente peligroso" puesto que ofrece una "expectativa de impunidad a todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurreccionales que, en el futuro, puedan volver a desafiar los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad sobre los que se asienta nuestro modelo de organización territorial". "Si el Tribunal Constitucional no la anula, nada impedirá a otra mayoría coyuntural en el futuro aprobar otras amnistías".

Asimismo, el borrador del informe, al que ha tenido acceso 20minutos, sugiere que la ley "quebranta" el principio de igualdad y que podría perjudicar económicamente al resto de las comunidades. Tal y como recuerdan la amnistía incluye la malversación como uno de los delitos a amnistiar. Es decir, que "si la malversación de caudales públicos se lleva a cabo con la intención de favorecer la independencia de Cataluña será amnistiado, pero si se ha cometido con otra finalidad distinta y que guarde relación con alguna otra comunidad, no lo será". Los senadores ven "una vulneración de la igualdad" que se lleva a cabo "sin un fundamento constitucional, en contra de una prohibición expresa y sin una finalidad legítima".

Para explicarlo, acuden a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala que "no existe la malversación sin propósito de enriquecimiento, puesto que este se produce en el momento mismo en que se disponen de unos fondos como si fueran propios para destinarlos a un fin diferente del legalmente previsto, toda malversación, en cuanto implica detraer fondos públicos de forma ilícita, afecta a la Hacienda única del Estado de la que se financian todas las comunidades de régimen común". De este modo, la comisión cree que "la lesión de los intereses financieros de la Hacienda común supone una lesión de los intereses financieros de todas las comunidades autónomas y que la amnistía de los delitos de malversación reviste, por tanto, también un interés o dimensión autonómica".

Otro de los principios contra el que atentaría la futura ley es con la separación de poderes porque rompe el monopolio jurisdiccional del Poder Judicial. "La función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado es exclusiva del Poder Judicial, y este no puede ser privado de ella por un acto del Poder Legislativo. Al quebrantar esos principios básicos de la estructura institucional del Estado de Derecho, la amnistía lesiona también gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva de todos aquellos que la solicitaron o tenían la expectativa de hacerlo", dice el texto. En este punto, los populares subrayan la diferencia entre el indulto  y la amnistía. El primero "no impide al juez cumplir con su función de juzgar, sino que únicamente le priva de la facultad de hacer cumplir la sentencia. En cambio, la amnistía "cierra el proceso penal antes del enjuiciamiento de los hechos, e incide por ello de lleno en la función jurisdiccional de los jueces que la tienen atribuida con carácter exclusivo".

Asimismo, los de Fiejóo ponen en cuestión la finalidad con la que Pedro Sánchez concede la amnistía: niegan que vaya a conseguir la reconciliación en Cataluña: "Alienta a los amnistiados a volver a incurrir en comportamientos antijurídicos por los que no han mostrado arrepentimiento alguno y provoca la división de los españoles". Así, para los populares, el objetivo de Sánchez es obtener el apoyo de los diputados de Junts a su investidura.

Los senadores del PP ponen en valor el "protagonismo indiscutible" que tuvo la Cámara Alta en la respuesta "a la insurreción" de los independentistas catalanes en octubre de 2017. "El Senado ejerció su competencia y autorizó al Gobierno a intervenir en la Comunidad Autónoma [en Cataluña se aplicó el artículo 155 de la Constitución]. Lo hizo en defensa de la propia autonomía de Cataluña secuestrada por los separatistas y para garantizar la subsistencia del Estado Autonómico". 

Por este motivo, los firmantes ven que la amnistía, además de ser "inconstitucional y arbitraria" supone una deslegitimación del Estado en su conjunto, también como Estado Autonómico, y singularmente del Senado como Cámara de representación territorial, de las provincias y de las Comunidades Autónomas". Aún van más allá en la interpretación de la ley que busca perdonar los delitos a quienes participaron del 1-O. Los populares creen que al amnistiar los delitos -esto es que el Estado es el que pide perdón- se estará admitiendo que "fue justo el proceso de secesión". Desde esta óptica, "la amnistía supondría un golpe mortal para nuestro Estado Constitucional y Autonómico".