En diciembre de 2022, la fecha en la que están datados los últimos datos sobre carga de trabajo en los juzgados de violencia sobre la mujer, España tenía 121 de estos tribunales distribuidos por 77 partidos judiciales. Y en más de un tercio de esas demarcaciones, estos juzgados se encontraban sobrepasados de trabajo: algunos, ligeramente, y otros, como los de Palma (Mallorca), en más de un 60%.

Así lo reconoce el Ministerio de Justicia en una respuesta parlamentaria a una pregunta de la diputada Engracia Rivera, de IU e integrada en el grupo de Sumar. Según los datos proporcionados por el propio ministerio, de los 77 partidos judiciales con juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, nada menos que 27 tienen cargas de trabajo que exceden su capacidad. Además del juzgado de Palma, que asume ahora mismo un 62% más de casos de los que puede gestionar, otros seis partidos judiciales tienen tribunales que están muy sobrepasados y que asumen una carga de trabajo al menos un 30% superior a la que les correspondería.

Ese es el caso de los juzgados de violencia sobre la mujer ubicados en la localidad de Vila-Real (Castellón), con una carga de trabajo que excede en un 58,3% el máximo previsto. En Almería y Málaga capital ocurre lo mismo: hay un exceso de trabajo de poco más del 50%. Y cifras similares se encuentran en la madrileña Alcalá de Henares (trabajando al 145,2% de su capacidad) y en dos capitales de provincia más: Murcia (en un 143%) y Córdoba (130,4%).

Además de esos siete juzgados, Justicia admite que los ubicados en otros 20 partidos judiciales se encuentran sobrepasados, aunque no de manera tan grave. Los casos más serios son los de Algeciras (Cádiz), L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Alicante, Valencia, Pamplona (Navarra) y Madrid: en todos ellos, la carga de trabajo que asumen estos tribunales especiales de violencia sobre la mujer supera el 20% el máximo previsto. Otras seis demarcaciones asumen al menos un 10% más de casos de los que tienen medios para atender: es el caso de los juzgados ubicados en A Coruña, Castellón, Sevilla, Zaragoza, Cartagena (Región de Murcia) y Móstoles (Madrid).

En su pregunta parlamentaria, Sumar cuestionaba a Justicia si "ha estudiado el Gobierno cuál es la carga de trabajo que hay en los juzgados de violencia sobre la mujer" y "qué criterios tiene para crear" nuevos tribunales. Y, en respuesta, el ministerio asegura que "se realiza un seguimiento detallado de la evolución real de la carga de trabajo en todos los partidos judiciales y, en el momento en que se aprecia un incremento significativo de la carga de trabajo, se procede dentro de la programación anual correspondiente a la creación de nuevos juzgados de violencia sobre la mujer, siempre y cuando lo permitan las disponibilidades presupuestarias, no existan otras necesidades judiciales más urgentes que atender y esté recogido" en la planificación anual.

Pese a ello, Sumar considera que la "distribución desigual de los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer comporta una desigualdad en la atención integral de la víctima". La coalición que lidera Yolanda Díaz critica que existan "provincias donde no hay ni un sólo juzgado exclusivo de violencia contra la mujer, siendo éste el caso de Huesca, Teruel, Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lugo, Ourense y las ciudades de Ceuta y Melilla".