Tres meses después del vertido de pellets de plástico frente a las costas de Galicia que a medida que se extendía por aguas de otras comunidades del Cantábrico pusieron en solfa la precampaña electoral gallega, el Consejo de Medio Ambiente de la UE ha debatido por primera vez la propuesta de reglamento que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, pidió a la Comisión para reducir la contaminación por estos microplásticos y que, sin embargo, no han satisfecho para nada sus expectativas. "Pedimos un poco más", ha dicho después de escuchar al comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, desgranar una propuesta que no se centra específicamente en el transporte marítimo de microplásticos, deja fuera a las pymes y microempresas para no cargarlas con demasiados costes por garantizar la seguridad ni tampoco contempla sanciones para las que contaminen. En esos casos, Ribera ha pedido que pueda suspenderse su actividad hasta que no adopten medidas preventivas.

El de este lunes ha sido un primer intercambio de opiniones en torno a un reglamento que la propia Ribera reclamó por carta al comisario después del vertido que llevó los pellets a las aguas gallegas que ha servido para constatar cómo España se ha quedado prácticamente sola en pedir mucha más ambición planteada por Bruselas. Si bien otros países se ha alineado con algunos aspectos que no están y que Ribera querría ver incluidos en el reglamento, la vicepresidenta española ha sido la más beligerante y ha ido más allá que el resto al pedir que la UE actúe por su cuenta y sin esperar a la negociación actual en la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre medidas contra la contaminación por pellets del transporte marítimo. "Es cierto que estamos en negociaciones en el contexto de la OMI. Estamos hablando de productos destinados a nuestros costas, a nuestro territorio y que pasan por las aguas jurisdiccionales de nuestros países. La UE no debe tener ningún tipo de impedimento para introducir medidas", ha dicho Ribera.

Ir más allá

La Comisión Europea calcula que los pellets -granzas de plástico- son el tercer mayor contaminante por microplásticos de la UE y que los vertidos liberan cada año entre 52.000 y 184.000 toneladas al medio ambiente. La estrategia de la Comisión prevé reducir entre un 60 y un 83% los vertidos de pellets, algo que contribuirá a cumplir en un 25% el objetivo general para reducir en un 30% los microplásticos en 2030. Lo hace mediante un enfoque que a Ribera y a países como Portugal -frente a cuya costa empezó realmente el vertido de pellets de principios de año-, Francia o Suecia les ha parecido insuficiente y se centra en fijar requisitos obligatorios e iguales en todos países para que empresas de "todas las etapas de la cadena de suministro", no solo el transporte marítimo tomen medidas para prevenir y reducción la pérdida de pellets, aunque con "requisitos menos estrictos para las microempresas y las pequeñas empresas". 

Tras afirmar que España tiene "mucho interés" en este reglamento, Ribera ha dejado también claro que "nos gustaría un poco más de lo que contiene" antes de subrayar, en primer lugar, el daño de los pellets en el mar, un ámbito por el que la propuesta de la Comisión pasa de puntillas. "La pérdida de varios contenedores frente a las costas de Portugal y España pone de manifiesto cómo sabemos lo suficiente para adoptar medidas", ha dicho, sobre los pellets que aparecieron en la costa y también sobre "un alto porcentaje desconocido que estará en el fondo del mar o a merced de las corrientes".

Por eso y para empezar, Ribera ha pedido centrar el reglamento no solo en pellets de forma genérica, "también en escamas o polvo" y también ha rechazado el trato diferenciado -y más laxo- que la comisión quiere dar a las pymes en sus obligaciones para prevenir los vertidos. "La referencia no debe ser el tamaño de la empresa o su número de trabajadores, sino la cantidad anual manejada [de pellets], transportada, porque esa es la referencia del riesgo".

Por otra parte, también ha querido ir más allá que la Comisión si ocurre un vertido. "Lo mejor serían medidas de suspensión de la actividad" hasta que se garantice la corrección de medidas preventivas y se pasa una revisión periódica. Aunque ha considerado que las revisiones por parte de las autoridades "pueden ayudar", Ribera ha pedido que la mayor parte de la responsabilidad recaiga "sobre "los agentes privados, los operadores".

Ribera ha sido una de las primeras ministras en intervenir -y la que se ha manifestado en términos más contundentes- y ha comprobado que países como Croacia, Suecia, Portugal o Francia también han pedido ir más lejos en el reglamento contra la contaminación por pellets. Así, Portugal ha pedido centrarse en el transporte marítimo y, como España y también Francia y Croacia, ampliar el reglamento "polvo y otras partículas". El ministro croata también ha defendido "incluir a todos los operadores, independientemente de su tamaño" y Suecia ha pedido "ser más ambiciosos" para fijar obligaciones que, como España, también cree que deberían cumplir las pymes.

Por el contrario, otros Estados miembros lo consideran suficiente, apelando en muchos casos al riesgo de pérdida de competitividad de empresas o puertos europeos si se introducen demasiados requisitos.  "Hay que evitar lo que sucedió en Galicia pero también la reducción de la  competitividad de los puertos y de estas empresas de transporte, teniendo en cuenta la situación internacional", ha dicho el representante de Eslovaquia. "Hay que evitar un cargo excesivo para los operadores", ha señalado el de Hungría. Ambos son países sin salida al mar, aunque Alemania también se ha mostrado satisfecha con la propuesta sobre la mesa y tampoco Grecia ha ido tan lejos como Ribera y ha considerado mejor que haya una "actuación global" sobre el transporte marítimo de pellets.

La Comisión calcula que adaptarse a las nuevas normas de prevención  y reducción de vertidos de pellets podría costar entre 376 y 491 millones adicionales al año a las empresas y costes "poco significativos" de 313.000 euros el primer año a las administraciones por los controles que será necesario hacer. Calcula que su propuesta no "constituye una amenaza significativa a la competitividad" del sector del plástico porque el coste estimado solo es el 0,13% de su volumen de negocio.