La UE trabaja en nuevas normas para reforzar la obligación de reducir los residuos alimentarios y del sector textil, con nuevas obligaciones en términos de objetivos para disminuir la generación de desechos e incrementar la reutilización de las prendas que este lunes ha tenido un debate entre los ministros europeos de Medio Ambiente. Por lo general, los Veintisiete han apoyado los objetivos de la futura norma aunque todavía con distintos matices. En el sector textil, y en vista a unas nuevas reglas que afectarán a las empresas europeas de moda pero también a las que importan a la UE y a las empresas de economía social como Humana, todavía no hay una postura clara sobre si las obligaciones tienen que aplicarse también a pymes y autónomos, mientras que en el ámbito alimentario España ha sido uno de los países que ha mostrado sus dudas sobre el objetivo de reducir al menos un 30% de residuos alimentarios en los hogares para 2030.

A pesar de que las elecciones al Parlamento Europeo acortarán el semestre, la presidencia belga del Consejo de la UE se ha tomado como una prioridad avanzar en la actualización de la directiva de 1998 sobre residuos, mediante la fijación de objetivos obligatorios de reducción de  desperdicios en el ámbito de la alimentación y crear una serie de obligaciones también para los residuos en el ámbito textil, así como fomentar la reutilización de prendas. Este lunes, el Consejo de Medio Ambiente ha celebrado un debate de orientación en que que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y el resto de ministros del ramo han respondido a dos cuestiones, sobre la responsabilidad de las empresas productoras de ropa y calzado en el reciclaje de estos artículos y sobre la reducción de los desechos del sector de la alimentación, desde su producción hasta su consumidor final, incluido los hogares.

Selección, reciclaje y reutilización de ropa

Por lo que respecta al sector textil, la propuesta de la Comisión para reducir los residuos pasa por crear un sistema de "responsabilidad extendida" para los productores y comercializadores de ropa, accesorios y calzado, que se verían obligados a partir de 2025 a cubrir los costes de recolectar y separar las prendas que vayan destinadas al reciclaje y seleccionar y preparar aquellas que vayan a ser reutilizadas, así como su transporte hacia lugares, bien para su reciclado, bien para su reutilización. 

Esta disposición se aplicaría de una forma más directa a los productores que operan dentro de la UE, incluidos el gigante español Inditex, y que también se aplicaría a fabricantes no comunitarios, incluidas las plataformas que venden ropa a través de internet, tales como la china AliExpress o Amazon. Esto es así porque en su propuesta la Comisión Europea plantea que los países de la UE "asegurarán" que los proveedores de plataformas online a través de las que los consumidores europeos compran a distancia ropa y calzado deben acreditar también que esos productores cumplen los requisitos que se exigirá al sector europeo en término de separación, reciclaje y preparación para la reutilización de las prendas, según el caso.

Durante el debate de este lunes y como el resto de países, Ribera se ha "respaldado" la propuesta y especialmente una de las cuestiones que planteaba la Presidencia belga del Consejo de la UE, relativa a reforzar el papel de las empresas de la economía social, en relación a compañías como Humana o ModaRe, llamadas a 'certificar' que la UE no solo reduce los desechos textiles en su territorio sino que no contribuye a contaminar otros países con ella. Para ello y para terminar con la "práctica ilegal" de hacer llevar a otros países cargamentos de ropa que en teoría son para la reutilización pero que en realidad son solo deshechos, la nueva directiva dará un "papel clave" a estas empresas de economía social, como responsables de hacer la "selección profesional" entre cargamentos de prendas destinadas a la reutilización en otros países y el resto que, en ausencia de esta etiqueta, serán considerados desechos, destinados al reciclaje, a los que se aplicará  la regulación europea que prohíbe trasladar basura a países terceros.

De momento, el debate entre los gobiernos de la UE figura la importancia generalizada que, como España, los ministros han dado a estas empresas de economía social para promover la reutilización de ropa y calzado pero también sobre si es conveniente o no incluir a las pymes y microempresas en el esquema de responsabilidad ampliada. La Comisión las dejó fuera por considerar que sería una carga excesiva pero la Presidencia belga plantea incluirlas también, algo que han apoyado países como Países Bajos, que ha apelado al "principio de igualdad" para pedir que también las microempresas estén obligadas a reducir y gestionar los residuo.

Además de Ribera, en el Consejo de Medio Ambiente de este lunes ha intervenido la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, que en nombre de todas las comunidades ha considerado que el sistema de responsabilidad ampliada para los productores de ropa es una medida "muy eficaz y conveniente", pero también ha pedido que la obligación de separar y reciclar respete la "jerarquía de residuos", el "principio de proximidad", no descuide la "prevención de su generación" y que las empresas corran con "todos y cada uno de los costes" de la gestión de los textiles que van para su tratamiento a la fracción 'resto' del sistema de recogida de basuras.

En el otro polo, Francia ha pedido más contundencia para obligar a las empresas del sector textil no solo a reciclar y reutilizar, sino a no producir tanto. "Queremos luchar contra el exceso de consumo de moda modular las contribuciones en base al principio de que quien contamina paga, la frecuencia de la rotación de las colecciones textiles", ha dicho su representante en la reunión, el diplomático Cyril Piquemal, sin citar algo que en buena medida está en la base del éxito de empresas como Zara, la constante novedad de sus productos.

Desperdicio alimentario

De momento, la UE no está pensando en fijar unos objetivos de reducción de residuos textiles, como sí prepara en el caso del sector de la alimentación. Teniendo en cuenta que cada año se desperdician 59 millones de toneladas de alimentos en la UE, el equivalente a 131 kilos de residuos por personal y año, tanto la Comisión como los gobiernos europeos debaten ya en fijar objetivos obligatorios para todos ellos de reducción de desperdicios.

En este caso, la Comisión planteó pasar del marco voluntario actual a la fijación de objetivos de reducción de residuos alimentarios obligatorios para todos los países de cara a 2030. Según su propuesta, sería un 10% con respecto a 2020 -que países como Italia o España cuestionan al haber sido el atípico año de la pandemia- para las fases de producción y procesamiento de alimentos y del 30% en su distribución y venta, en restaurantes y también en los hogares. Este lunes, la Presidencia belga ha planteado a los ministros elevar este objetivo para hacer obligatoria una reducción de la mitad -del 50%- de los residuos alimentarios en tiendas, restaurantes y en los hogares.

La delegación española ha calificado de "muy ambicioso" este objetivo y, después de las protestas del campo y del resto del sector primario, Ribera ha advertido de que se trata de un "análisis sensible" cuando solo hace dos años desde la actual regulación que ahora se busca reforzar. Por el contrario, Países Bajos ha pedido elevar hasta igualar el objetivo obligatorio para el sector primario -el que lleva meses levantado contra los gobiernos europeos y la excesiva burocracia de la PAC- para evitar que, al haber una obligación menor, haya una "transferencia" de la cantidad de desechos desde otras fases de la cadena de consumo. 

"Pedimos mayor flexibilidad para adoptar medidas de prevención [de generación de residuos alimentarios] adaptadas a las realidades regionales. Los objetivos vinculantes propuestos son muy ambiciosos y considero que, particularmente en los hogares, será complicado reducir un 30% la generación de residuos alimentarios en 2030", ha explicado la consejera de Castilla-La Mancha en nombre de las autonomías españolas.

Por eso, España ha pedido hacer un estudio sobre "la parte comestible y no comestible" de un alimento, para diferenciar el tipo de residuo de que se trata y "llegar a definición europea de 'desperdicio alimentario'".