El Gobierno ha renunciado a presentar Presupuestos en 2024 por el contexto político actual ¿Cree que se podría haber luchado más por sacar los presupuestos? 
Con elecciones convocadas en el País Vasco y en Cataluña, cuando además las fuerzas que han permitido que tengamos el Gobierno actual son de esas comunidades, me parece que el resultado iba a ser el mismo. Más allá de los inconvenientes que tiene no tener presupuestos —que los tiene, no hay ninguna duda— creo que es la resolución correcta para no tener un elemento más de debate que nos permita no ir al fondo de las cuestiones.

¿Qué cosas le preocupa que se pierdan por la prórroga presupuestaria?
Bueno, haríamos una lista francamente larga. Hay que ver cómo piensa acometer la prórroga el Gobierno y cuánto va a conseguir poder introducir. En todo caso, a mí me parece que no tener presupuestos no es un elemento que puedas ver ni con tranquilidad, ni pensando que no pasa nada. Es verdad que no hay más remedio que ir a esa prórroga. No es ningún drama, porque no es la primera vez que ocurre.

La legislatura pasada fue la de las grandes reformas (laboral, pensiones…) y en esta no estamos viendo tanta actividad ¿Cree que se ha perdido ambición?
Tenemos que consolidar lo que ya hemos conseguido, porque grandes reformas ya no se van a hacer. Creo que hay que consolidar las reformas que hemos hecho, estudiarlas, ver si hay algún elemento que tengamos que introducir y seguramente situar otras reformas que quedaron pendientes, pero que, con toda seguridad, van a tener que ser menos generales que las que hemos hecho. Todas estas cuestiones las vamos a tener que abordar después de las elecciones europeas. 

¿Ve apoyo parlamentario suficiente?Esta es la primera cuestión que habrá que ver. Qué pasa con el PNV después de las elecciones vascas, qué pasa con Junts, después de las catalanas, qué van a decir, por ejemplo, sobre la reducción del tiempo de trabajo... Una vez solventado esto y puesta en marcha la legislatura, a mí me da la sensación de que hay cuestiones que puede parecer que no son tan trascendentes como las de la legislatura pasada, pero que tienen un gran valor.

PSOE y Sumar acordaron reducir la semana laboral máxima de 40 a 38 horas y media en 2024 y después a 37 y media en 2025 sin perder salario. Estamos ya en marzo y todavía no hay acuerdo ¿Vamos a llegar a tiempo para ver una reducción de jornada este año?
Deberíamos de llegar a tiempo. Hay margen suficiente como para poder llegar a un acuerdo con la CEOE, que tiene muchísimo que ganar con esta negociación. Estamos dispuestos a hablar del tiempo de aplicación de la jornada de 37 horas y media y de qué otros elementos de flexibilidad tenemos que introducir. De la misma manera, creo que hay que poner otros elementos sobre la mesa, como la regularización de los horarios de los servicios, por mucho que alguien clame. No hay ningún país europeo que tenga el despiporre de horarios que tenemos en algunas ciudades o en algunas comunidades en España.

Uno de los sectores más escépticos con este tema es la hostelería, ¿Esta reducción de jornada es viable para todos los sectores?
Claro, por supuesto, es viable para cualquier sector. Llevamos 40 años en los que no se ha tocado la jornada máxima legal. En 40 años, cualquier sector, la hostelería, el comercio… ha tenido una reducción del tiempo para dar un servicio o hacer un trabajo de mano de las nuevas tecnologías. Ese tiempo que se ha ganado hay que repartirlo. Ahora se trata justamente de incorporar a los que algunos quieren sacar de la reducción del tiempo de trabajo, que son las pequeñas empresas. No tendría ningún sentido llegar a ninguna conclusión que no sea que el día X a la hora H entre en vigor una reforma que baje de 40 a 37 horas y media. Todo en un camino hacia las 32 horas. Porque también quiero decirlo claramente: vamos de camino a las 32.

Otro de los asuntos que los sindicatos están negociando ahora con el Gobierno es la reforma de los subsidios al desempleo. Bruselas ha puesto como fecha tope el 20 de mayo ¿Cómo van las negociaciones? ¿Se llegará a tiempo?
Estamos en plena negociación, también hablando con los grupos parlamentarios. Espero que en no muchos días podamos tener un acuerdo que nos permita cerrar ese paquete de medidas que tiene el Real Decreto, que es muy amplio. Sería muy importante que mucho antes del 20 de mayo pudiéramos tener este tema no solo acordado, sino pasado por las Cortes Generales.

¿Hablamos entonces más de días que de semanas?
No es posible que haya acuerdo en el diálogo social si no tenemos la constancia de que va a haber acuerdo político. El anterior decreto en realidad no había sido acordado con los sindicatos. Fue presentado y debatido, pero no hubo un acuerdo porque nosotros pensábamos que había cosas que podían mejorarse. Le hemos dicho al Gobierno que el día que haya acuerdo necesitamos la seguridad de que va a pasar con esa mayoría parlamentaria, que es lo que es necesario para que se apruebe. 

También negocian con la ministra de Seguridad Social una reforma de la jubilación anticipada ¿Qué colectivos creen que deberían tenerlo más fácil para jubilarse antes sin penalización?  
Las camareras de piso es uno de los sectores que están ahí. Nosotros le estamos planteando a la Seguridad Social que es bueno que no se analice solo desde la perspectiva de cuánto me cuesta, sino también cuánto me ahorro. Pero no está avanzado como para poder decir qué sectores van a ser los primeros ni si ya tenemos alguno. Desde el Gobierno, se sitúa que adelantar la jubilación no tiene por qué ser el elemento. Es un tema que todavía dará para la negociación.

UGT ha denunciado a España ante el Consejo de Europa para que las horas extra se paguen más que las ordinarias ¿qué esperan de la resolución?
Si mantenemos el proceso, la resolución va a ser favorable. Para nosotros la presentación de la demanda es más un intento de sentar en una mesa a negociar al Gobierno, pero sobre todo a las patronales. La directiva europea habla de que las horas extraordinarias se tienen que retribuir más que las ordinarias, pero no dice cuánto más, y la legislación española dice que por lo menos tiene que tener el precio de las horas ordinarias. Ese "más o por lo menos" es el punto que hay que situar. La situación será favorable porque en casi todos los países de la UE está por encima del 25% y en muchos de ellos llegan al 50% y en algunos sitios doblan el precio de la hora ordinaria. También queremos aprovechar este debate para situar el control horario, que se ha quedado en papel mojado. Hoy en día más del 50% de las horas extra que se realizan no se cobran.

¿Les preocupa que pueda haber injerencias del Gobierno como las que ustedes denuncian que se han producido en la reclamación sobre el coste del despido improcedente?
Yo espero que no. Las injerencias han venido del Gobierno anterior, aunque sea el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Nos consta que el Ministerio de Justicia ha ido bombardeando nuestra posición. Hemos aceptado todos los informes que ha ido haciendo. Todos han sido negativos, creo que inspirados por el Ministerio de Economía de la señora Calviño. En la nueva demanda que hemos puesto le pedimos al Gobierno que explique lo que quiera, pero por favor que no ponga palos en las ruedas.

Uno de los temas en los que UGT ha marcado un perfil propio más definido es en el salario mínimo. El SMI está ya en 1.134 euros, pero a diferencia del Gobierno y de CCOO, ustedes no creen que se haya alcanzado el compromiso de elevarlo hasta el 60% del salario medio. ¿Por qué?
Yo no he oído a nadie oponerse al criterio del UGT. Si alguien lo hace, que lo haga y diga por qué. Si la carta social europea sitúa el 60% del salario medio como el mínimo para el salario mínimo internacional de los países, tenemos que ir a buscar cuál es el salario medio, no nos lo podemos inventar. La Seguridad Social, Hacienda y Eurostat coinciden en que el salario medio en España en 2022 estaba por encima de los 30.000 euros. El 60% es lo que es.

Los empresarios advierten de que si se sigue subiendo el SMI puede llegar un momento en el que se destruya empleo o se deje de crear, ¿ve ese riesgo?
A mí me parece que estamos muy lejos de esa situación, si es que llega algún día. La subida del SMI es un instrumento inmejorable para elevar la productividad y a mí me parece que esto no se puede obviar. Cuando subes el salario mínimo es posible que se destruya empleo en algún sector porque el empleo que hay es muy precario. Bueno, no pasa nada, se va a crear en otro sector. Esto es como si negáramos la evolución. Todavía hay un margen para que pueda subir el salario mínimo y, a la vez que suban también los salarios de los convenios de los sectores más rácanos. 

¿Cómo están las relaciones con la patronal?
Las relaciones con la patronal están bien, siempre son complejas. Cada vez que discutimos y acordamos algo con ellos, estamos repartiendo beneficios, estamos trasladando parte de lo que se lleva el accionista o el propietario a los trabajadores que hacen el producto. Hay patronales dentro de la CEOE que te hacen pensar que en temas como la reducción de jornada es posible llegar a un acuerdo. Hay un margen de negociación y yo soy de los que creen que este 'parón' de concertación que vamos a tener con el Gobierno deberíamos de aprovecharlo para ver si podemos llegar a acuerdos con la CEOE. Sería muy importante para el país.

Han pasado ya casi tres años de crisis inflacionaria y las cosas parece que van volviendo a su cauce. ¿Qué balance hacen de la respuesta del Gobierno? ¿Y de los sindicatos?
Nunca se pueden valorar positivamente, pero también tenemos que ser justos. Creo que este Gobierno lo ha abordado como no ha hecho ningún otro de la Unión Europea desde el punto de vista de las personas más vulnerables. Nosotros siempre queremos más, pero en todo caso, hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo y que la reacción en España, que siempre hemos sido un país muy inflacionista, es muy es positiva.

¿Se puede leer esta crisis en clave de ganadores y perdedores?
Yo no conozco ninguna crisis en la que los trabajadores y las trabajadoras hayamos ganado. Cuando miro atrás tengo la absoluta convicción de que nosotros pagamos siempre. Ahora, ¿podríamos decir que es la crisis en la que menos hemos pagado? pues creo que sí. Se han desplegado subsidios, se desplegaron los ERTE... Pero todavía las organizaciones sindicales no tenemos la fortaleza necesaria como para que cuando llegue una crisis podamos decir: “por lo menos la empatamos”. 

La respuesta Europea a esta crisis ha sido muy distinta a la de 2008. Se han movilizado fondos y se han suspendido las reglas fiscales. Sin embargo, este año vuelve el rigor fiscal y el Gobierno ya empieza a hablar de planes de ajuste. ¿Cree que volverán los recortes?
Me gustaría que en las elecciones europeas, por una vez, le digamos a la gente que no son unas elecciones de segunda vuelta nacional. Que las generales ya se han celebrado. Los recortes presupuestarios, de la manera en que se hicieron en la crisis anterior, arruinan a las personas en la Unión Europea. 

Castilla y León ha sentado un precedente al recortar las subvenciones a sindicatos y patronal. ¿Teme que otras comunidades puedan seguir sus pasos?
A mí, lo de quitar o no quitar subvenciones me preocupa relativamente. Porque es que a veces parece que la subvención que ponía el Gobierno de Castilla y León es la vida y la estructura del sindicato y no es así. En realidad, cuando una administración le quita una subvención a un sindicato, le está quitando un derecho a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras. No se trata de subvenciones, se trata de que nos paguen el coste de las acciones que nosotros desarrollamos para cumplir con las leyes de nuestro país. No es una subvención que se dé para ver quién se va a tomar un café más o un café menos. La broma está muy bien, pero, en realidad, el Estado nos obliga con sus leyes a las organizaciones sindicales más representativas a desarrollar un trabajo que es para todos los trabajadores y todas las trabajadoras y que va a cargo de nuestros afiliados y nuestras afiliadas. Por poner un ejemplo, los planes de igualdad tienen un coste solo para la UGT de en torno a los 15 millones de euros. Eso yo no quiero que me lo subvencionen, quiero que me lo paguen. O podríamos hablar de los convenios colectivos. No es normal que en un país en el que hay unas obligaciones constitucionales que tenemos que desarrollar los sindicatos por el hecho de ser mayoritarios, esas cuestiones no se financien. Y eso sirve para Castilla y León, sirve para España, sirve para Andalucía y sirve para todas las comunidades autónomas.

En noviembre UGT celebra su 44º congreso en Barcelona ¿se presentará a la reelección? 
Todavía falta mucho. Hacia el mes de septiembre será un buen momento para ver cómo configuramos el equipo del sindicato y si mi presencia es necesaria o no.