Ampliar la supervisión de las personas mayores con la presencia de varios trabajadores mientras les asisten para vestirse, ducharse o levantarse de la cama. El nuevo protocolo para la prevención, detección y actuación frente a posibles delitos de carácter sexual incorpora medidas como esta en las residencias de la Comunidad de Madrid. Entre los puntos se mencionan recomendaciones y los signos de alarma que se deben tomar en consideración para valorar este tipo de situaciones.
"Reducir la vulnerabilidad de las personas mayores usuarias de estos centros frente a los diferentes tipos de abuso", este es uno de los principales objetivos que persigue la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales con las medidas que se implementarán a lo largo de abril en los centros de la red pública de atención a personas mayores con la finalidad de reforzar los controles y unificar los criterios de actuación ante la sospecha de este tipo de casos.
Las personas mayores presentan una especial vulnerabilidad ante los casos de agresión. Para evitar que se cometan delitos contra la integridad física o mental, el protocolo indica que, siempre que sea posible, las personas dependientes o con deterioro cognitivo reciban asistencia de dos trabajadores de su mismo sexo para levantarse de la cama, acostarse, ducharse o vestirse. Asimismo, se recomienda reforzar la supervisión durante las intervenciones de carácter más íntimo, donde la situación puede facilitar que se den situaciones de abuso.
También se menciona la necesidad de considerar las preferencias de los usuarios a la hora de asignar a los profesionales que les van a asistir. En muchas ocasiones las dimensiones de las residencias complican que varias personas realicen estas actuaciones, por ello, en estos casos se estipula que el servicio tendrá que prestarlo alguien del mismo sexo. Junto a todo esto, se contempla la opción de utilizar medios tecnológicos que actúen como medida disuasoria y de detección.
La implementación de estas medidas y recomendaciones vienen motivadas tras la detención de un auxiliar de enfermería detenido por la acusación de haber agredido a dos ancianas en San Sebastián de los Reyes. Según las averiguaciones de la Policía Nacional, el cuidador aprovechaba la vulnerabilidad de estas personas y los momentos a solas en la habitación para atacarlas sexualmente cuando las cambiaba de ropa. Aunque estos delitos fueron continuados en el tiempo, no fue hasta febrero cuando una de las víctimas se lo notificó a otra empleada. Sin embargo, no se dio mucha credibilidad a sus palabras y únicamente se optó por cambiar de planta al presunto agresor.
Para evitar que este tipo de casos se produzcan, la Consejería ha introducido como principios básicos "dar credibilidad a las manifestaciones, empatizar con las personas y no prejuzgar ningún comentario o situación", individualizar la atención y valorar las "circunstancias personales y sociales de la persona", realizar un seguimiento continuado de los casos denunciados y "garantizar la integridad física y psicológica de la víctima".
En el documento, que aún se está terminando de perfilar, se detallan los signos de alarma, físicos, psicológicos, emocionales, conductuales o sociales, que pueden ser indicativo de una posible situación de violencia sexual. La presencia reiterada de uno de ellos o varios, o la aparición de determinadas lesiones deberán tenerse en especial consideración y analizados de forma exhaustiva para determinar si se ha producido una agresión, para dar una respuesta rápida y ofrecer atención.
Las residencias deberán formar a sus equipos de trabajo y sensibilizarlos en estos temas. Entre las novedades se incluye la creación de la figura del profesional de referencia, un empleado con la suficiente instrucción en el tema para desarrollar acciones encaminadas a prevenir que se den situaciones de abuso, trabajando directamente con sus compañeros. Este profesional se encargará de abordar desde un primer momento un posible caso, ya que será el primero que ayude a la víctima y a sus familiares y el que activará y coordinará todos los servicios públicos que tendrán que participar a continuación en su atención y recuperación. Junto a él, habrá un equipo de agentes claves que velaran por los derechos de los mayores.
El protocolo irá acompañado de documentación técnica que recogerá todas las posibles situaciones que se pueden dar ante un caso de este tipo y las acciones detalladas que llevar a aplicar, como una valoración inicial del riesgo, la intervención ante un peligro potencial o realizar los seguimientos y controles oportunos. Además, se precisan los indicadores de alerta, informes y comunicaciones oficiales que hay que realizar para casos de este tipo, con modelos comunes para toda la red que faciliten la actuación por parte de los equipos profesionales.
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