Asegurar unos adecuados estándares de calidad en las comidas. Las residencias de la Comunidad de Madrid se someterán a más controles específicos para reforzar la seguridad alimentaria y comprobar si se cumplen los parámetros nutricionales. Con ello, el Gobierno regional pretende evitar que se sirvan platos en mal estado o que se abuse de productos procesados para mejorar la estancia de las personas mayores en todos los centros de la región.
Estos controles se realizarán en las casi 500 residencias de mayores de la región, tanto públicas como privadas. De manera anual se harán dos auditorias en cada centro. Durante las inspecciones, los técnicos comprobarán si los alimentos que se sirven cumplen con las nuevas exigencias alimentarias que introdujo la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para que en los menús se incluyeran más productos frescos, dietas variadas y se redujeran la cantidad de productos procesados.
Para poner en marcha estos nuevos controles específicos, el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una inversión de 10,1 millones de euros para realizar estas 1.000 auditorias. La Comunidad de Madrid adjudicará un contrato durante este verano que se extenderá hasta 2027 con una empresa externa para que realice estas comprobaciones.
Durante las visitas a los centros se realizarán análisis higiénico-sanitarios de las instalaciones y de la manera en la que los cocineros preparan la comida. También se medirá la calidad nutricional y el equilibrio dietético de la alimentación semanal en relación con las necesidades de las personas residentes. Además, los usuarios rellenarán encuestas de satisfacción anónimas para reflejar su percepción sobre el servicio que reciben.
Este seguimiento periódico permitirá "tener un trazado de todos los menús que se dan en las residencias, para mejorar y dar pautas a estos centros para que los mayores estén perfectamente atendidos", según ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García. Los datos que se vayan recolectando permitirán tener datos para que las entidades gestoras tengan la suficiente información para adoptar modificaciones. En el contrato se establece la implantación de un sistema de alertas en los casos graves que se detecten.
La Consejería lleva tiempo aplicando medidas para mejorar la alimentación en las residencias públicas. Por ello, los centros introdujeron las comisiones de menús donde la dirección, el personal de cocina y los representantes de los residentes se reúnen de manera mensual para manifestar sugerencias y quejas. También se incluyeron encuestas periódicas para que los residentes puedan valorar su grado de satisfacción con los servicios recibidos. Sin embargo, desde plataformas como Pladigmare consideran que muchos de estos sistemas son insuficientes, ya que las inspecciones no son sorpresa y se realizan con base en los informes que presentan las empresas, sin entrevistar a los residentes y personal, sin la presencia de los dirigentes del centro.
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