El informe anual del Defensor del Pueblo, presentado este viernes, vuelve a poner el foco en la saturación de los servicios de atención al ciudadano de las administraciones públicas, la imposibilidad de conseguir una cita previa y los años de espera para realizar trámites que pueden marcar la vida de las personas.
Son miles las quejas gestionadas por la institución por los problemas para presentar una solicitud de asilo o refugio, para lograr una valoración del grado de discapacidad, conseguir cita en el registro civil, homologar un título universitario extranjero o contar con atención personal para realizar gestiones tributarias o en los servicios de empleo.
Según se reseña en el informe, en 2023 se han tramitado 2.500 quejas por problemas para obtener citas de protección internacional o para renovar la documentación, lo que lleva a muchas personas a perder el empleo, ver bloqueadas sus cuentas bancarias o no poder alquilar una vivienda.
El Defensor califica también de "fallido" el sistema para reconocer el grado de discapacidad, con retrasos muy acentuados para la primera valoración o revisión de grado en varias provincias o comunidades autónomas.
Las quejas se han triplicado desde 2019 y, afirma la institución, "con el paso del tiempo resulta más difícil comprender el hecho de que las administraciones competentes se vean incapaces de solucionar este problema, dotando adecuadamente de personal los equipos de valoración y orientación correspondientes".
También la demanda para obtener la nacionalidad española por residencia desborda la capacidad del sistema, incapaz de dar respuesta en un año, como marca la ley.
Necesidad de aumentar el personal
El Defensor insiste en la necesidad de reforzar el personal de los registros civiles y acelerar su completa digitalización con un sistema informático único. La transición iniciada hacia un nuevo modelo está generando "retrasos y disfunciones" en un servicio público esencial, alerta.
Especialmente grave es la situación que afrontan las personas que quieren homologar títulos universitarios extranjeros: en septiembre de 2023 había más de 70.000 expedientes pendientes de resolución, las solicitudes siguen creciendo y desciende el número de funcionarios dedicados a su tramitación.
"Resulta inaceptable el mantenimiento de esta situación", afirma el Defensor, que subraya que decenas de miles de personas residentes en España deben esperar varios años para trabajar de acuerdo con su cualificación profesional, muchas de ámbito sanitario.
Por otra parte, el informe vuelve a alertar del impacto de la brecha digital, denuncia la ausencia de atención presencial para realizar trámites tributarios y advierte de que se mantienen las deficiencias en el funcionamiento de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del servicio de concesión de cita previa.
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