Carles Puigdemont no tiene dudas: está seguro de que la amnistía se aprobará en cosa de dos meses y que él saldrá beneficiado. Así lo dio a entender este jueves en la comparecencia que ofreció desde el municipio francés de Elna para anunciar su candidatura a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Sigue siendo eurodiputado y lo seguirá siendo aunque vaya en las listas de Junts al Parlamento catalán. Y, de hecho, su condición de aforado ante la Eurocámara permanecerá hasta mediados de julio, cuando los nuevos europarlamentarios toman posesión de sus escaños tras la cita con las urnas del 9 de junio.
En el supuesto de que el expresidente catalán, fugado de la Justicia española desde 2017, reúna los votos necesarios para volver a presidir la Generalitat de Cataluña, su investidura dependerá de múltiples factores: la orden nacional de detención que tiene activa por la causa del procés, de los plazos de tramitación de la ley de amnistía que ahora está en manos del Senado y de la posterior aplicación de la norma por parte de los jueces. La amnistía no se aplica automáticamente una vez aprobada por las Cortes Generales, sino que son los tribunales los que tienen la última palabra.
Por tanto, todos estos escenarios acarrean un embrollo jurídico que se irá aclarando a medida que los actores implicados tomen sus decisiones. En concreto, porque Puigdemont tiene pendiente comparecer ante la Justicia española desde 2017 -cuando el Tribunal Supremo le procesó en rebeldía en el procedimiento relativo al procés- y aún no se ha aprobado la ley que pretende perdonar más de una década del proceso independentista catalán. Se prevé que la amnistía entre en vigor a finales de mayo.
Puigdemont se puede presentar a las elecciones catalanas toda vez que no cumple con los requisitos de inelegibilidad que recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Ni se encuentra cumpliendo pena de prisión o de inhabilitación por condena alguna, ni ha sido condenado nunca por delitos de terrorismo o rebelión. De hecho, ya se presentó sin inconvenientes a los comicios de 2017 y de 2021, cuando también estaba procesado en rebeldía por la causa del procés.
También puede ser candidato a las elecciones de Cataluña mientras sigue teniendo asiento en el Parlamento Europeo. Eso sí, en caso de reunir los apoyos suficientes en las urnas, una vez que acepte el acta de diputado en el Parlament, pierde automáticamente su condición de eurodiputado. La pregunta es si podrá obtener su acta de diputado catalán si sigue fuera de España, en caso de que la amnistía no le haya beneficiado. En ese caso, seguirá estando aforado en la Eurocámara hasta la conformación del nuevo Parlamento europeo a mediados de julio, según han confirmado a este periódico varias fuentes comunitarias.
Solo entonces dejaría de tener inmunidad como europarlamentario y de estar aforado ante el Tribunal Supremo. Y si consigue recoger el acta en el Parlament, pasaría a estar aforado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña. Con todo, el Estatut precisa en su artículo 57.2 que en las causas contra los diputados es competente el TSJC, pero "fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".
¿Puede ser investido sin venir a España?
El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre este asunto en 2018 a petición del Ejecutivo central. Aquella vez, suspendió la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno de Cataluña que hubiese permitido la investidura de Puigdemont por vía telemática. En 2019, la corte de garantías resolvió sobre el fondo de la cuestión y anuló la norma al entender que "una investidura en la que el candidato no compareciera presencialmente ante la Cámara para solicitar su confianza sería contraria (a la Ley Fundamental)".
Fuentes de la defensa de Puigdemont consultadas por Europa Press, sin embargo, inciden en que el mundo ha cambiado desde entonces y hasta el Constitucional celebra Plenos telemáticos.
¿Y la orden de detención que está en vigor en España? Podría ser detenido al pisar suelo español si en ese momento no ha entrado en vigor la ley de amnistía y los jueces no le han eximido de su imputación por el procés. La norma aún en tramitación parlamentaria fija que los jueces y magistrados que conozcan de las causas afectadas por la medida de gracia tienen que levantar las medidas cautelares, como es el caso de las órdenes de detención.
Fuentes de la defensa del expresidente confían en que los jueces levantarán dichas órdenes mientras tramiten sus dudas ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), porque, aunque asumen que tendrán dudas "legítimas" sobre la aplicación de la ley, sostienen que ello no debería afectar al levantamiento de las cautelares. Aún así, reconocen que no existen garantías a pesar de la confianza mostrada por el propio Puigdemont este jueves.
Sin embargo, Puigdemont acumula un nuevo frente judicial aparte del procés, ya que el Supremo le abrió causa penal por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic. De momento, la instructora Susana Polo no ha ordenado diligencias en este procedimiento, tampoco órdenes de detención.
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