La Oficina de Conflicto de Intereses a la que acude el PP para denunciar a Sánchez: qué es y qué dice sobre la destitución de altos cargos

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, acompañado por su mujer Begoña Gómez.
La OFI 
EFE/Ballesteros POOL
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, acompañado por su mujer Begoña Gómez.

El PP denunciará a Pedro Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses. Así lo han confirmado fuentes de la dirección nacional, que exigirán al organismo público que "determine la responsabilidad del presidente por no ausentarse" de las reuniones del Consejo de Ministros que decidieron el rescate público de la compañía Air Europa mientras la aerolínea tenía "vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez".

Los populares consideran que Sánchez incurrió en un conflicto de intereses al no ausentarse de las votaciones y deliberaciones del Consejo de Ministros que "comprometieron 795 millones de euros de dinero público, pese a que debió abstenerse por la relación económica y profesional de la compañía con su mujer". Por ello pedirán que la Oficina estudie y determine si el presidente incumplió la Ley 3/2015, de 30 de marzo, al no ausentarse de dichas reuniones.

¿Qué se considera conflicto de interés en un alto cargo y que dice la ley al respecto? ¿Qué labor desempeña la Oficina de Conflictos de Interés? ¿Sánchez podría ser inhabilitado?

La ley define en qué casos un alto cargo incurre en conflicto de interés

Según la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, se entiende por conflicto de interés cuando la decisión que deba tomar un alto cargo "pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos". En ese sentido, se entienden por intereses personales los propios, pero también los familiares, "incluyendo los de su cónyuge".

En ese argumento centra el PP su denuncia, considerando "acreditado" que Air Europa "financió la cátedra universitaria de la pareja del presidente del Gobierno" apenas un mes después de la llegada de Sánchez a Moncloa, por lo que, cuando se decidió sobre el rescate de la aerolínea, el presidente debió ausentarse del Consejo de Ministros. 

Desde el PSOE consideran infundada la denuncia de los populares, ya que Begoña Gómez, según explican fuentes socialistas, no ha sido directiva, asesora ni ha ejercido funciones de administración ni ha sido empleada de la aerolínea, por lo que no cabría aplicar la Ley 3/2015.

¿Qué es la Oficina de Conflictos de Interés y cuáles son sus funciones?

Será la Oficina de Conflictos de Interés (OCI) quien deba dirimir si el presidente incurrió en un conflicto de interés. La OCI es el organismo encargado de aplicar la Ley 3/2015 en el caso de los altos cargos del Estado. Sus funciones son:

  • Elaborar los informes previstos en la ley.
  • ​La gestión del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los altos cargos del Estado.
  • Requerir a quienes sean nombrados o cesen en el ejercicio de un alto cargo de la Administración General del Estado el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley. 
  • Llevanza y gestión de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos de la Administración.
  • Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.

La OFI deberá decidir sobre si admite la denuncia del PP y, en su caso, elaborar informe que decida sobre la compatibilidad de su actividad pública con su ejercicio del cargo y la existencia de un posible conflicto de interés en su actuación en aquel momento.

Puede conllevar la destitución y la inhabilitación

La OFI deberá estudiar en su informe las responsabilidades, si las hubiera, y decidir sobre las posibles infracciones. En ese sentido, la Ley 3/2015 contempla un régimen sancionador que considera infracciones muy graves el incumplimiento de las normas de incompatibilidades recogidos en la norma.

Las infracciones consideradas por la OFI como muy graves serán sancionadas, según la norma, con "la destitución en los cargos públicos que ocupen" los investigados, así como una inhabilitación para ocupar un alto cargo público de entre 5 y 10 años.

Para probar estas infracciones, el PP solicitará, además, información a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria para determinar la naturaleza de la relación jurídica entre Begoña Gómez y Globalia, como declaraciones tributarias, régimen de cotizaciones sociales, contratos de trabajo o retribuciones.

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