Los ministros de Trabajo de la Unión Europea (UE) han dado este lunes su visto bueno a la conocida como 'ley rider' europea, la directiva que pretende mejorar las condiciones laborales en plataformas digitales como Uber y reducir el número de falsos autónomos en esas empresas.

La aprobación ha tenido lugar en la reunión de titulares de Empleo de los Veintisiete que se ha celebrado en Bruselas. Hasta ahora, Francia, Alemania, Grecia y Estonia se habían opuesto a la norma y habían posibilitado su bloqueo; sin embargo, los dos últimos países, que hasta ahora se habían abstenido, han anunciado finalmente su apoyo a la ley.

Tras los cambios de las posturas estonia y griega, el texto legislativo ha conseguido los suficientes apoyos entre los Estados miembros para salir adelante, mientras que el país galo conserva su voto en contra al posicionarse del lado de la autorregulación de las plataformas y los alemanes se mantienen en la abstención por la influencia del sector liberal del Gobierno del canciller Olaf Scholz.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, ha celebrado la aprobación de esta nueva directiva, que ha calificado de "pionera" y que, según dice, permitirá que "quienes trabajan en plataformas digitales tengan protección y transparencia en sus condiciones laborales", asegurando que "ganan las personas trabajadoras y pierden las multinacionales".

"Nos jugamos el futuro de Europa. Hoy el debate está en si ganan los que bloquean la Europa social, si ganan los que se colocan del lado de las multinacionales y, por tanto, del lado de la vulneración de los derechos laborales y de la pobreza salarial, o si gana la Europa que más queremos, que es la Europa social y en la que, en definitiva, nos jugamos, sin lugar a dudas, el futuro", ha declarado Díaz. 

Primer intento de aprobación fallido

Los embajadores de los Estados miembros ante la UE no habían logrado en dos ocasiones previas una mayoría suficiente a favor del texto sobre las plataformas pactado con la Eurocámara. Para aprobar la mayoría de leyes de la UE, los países y el Parlamento Europeo, colegisladores del club comunitario, negocian hasta lograr un acuerdo provisional sobre las normas. 

El primer acuerdo, cerrado durante la presidencia española, fijaba una lista para toda la UE con cinco criterios y, si se cumplían al menos dos de ellos, se consideraba que el trabajador de una plataforma lo era por cuenta ajena y no un autónomo. Sin embargo, en una reunión de los embajadores de los Veintisiete a finales de diciembre, la presidencia española constató que el expediente no contaba con la mayoría necesaria para salir adelante.

El segundo intento

En consecuencia, la presidencia belga del Consejo, que sucedió en enero a la española, y el Parlamento Europeo volvieron a negociar la directiva y lograron un segundo acuerdo en febrero. Según esa nueva versión de la ley, se determinaría a nivel nacional, en cada Estado miembro, si los empleados de plataformas lo son por cuenta ajena o por cuenta propia.

Sin embargo, el 16 de febrero, Alemania, Grecia y Estonia se abstuvieron en el encuentro de los embajadores para confirmar el pacto, mientras que Francia votó en contra. Las posiciones de esos cuatro países fueron suficientes para bloquear el texto.

Tercer intento conseguido y nuevos cambios

Tras nuevas negociaciones, finalmente la ley sale adelante gracias al "esfuerzo" de Estonia y Grecia, en palabras de la presidencia belga del Consejo, que puso sobre la mesa una nueva propuesta de compromiso que rebajaba la ambición del acuerdo inicial para atender a las preocupaciones de los Estados miembro, un documento que el ministro belga responsable del ámbito empresarial, David Clarinval, describió como "el texto de la última oportunidad".

Los principales elementos del compromiso giran en torno a una presunción legal que ayudará a determinar la correcta situación laboral de las personas que trabajan en plataformas digitales.

Según el acuerdo, los Estados miembro establecerán una presunción legal de empleo en sus sistemas legales, que se activará cuando se encuentren hechos que indiquen control y dirección y que se determinarán de conformidad con la legislación nacional y los convenios colectivos, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la UE.

Además, los trabajadores de plataformas digitales, sus representantes o las autoridades nacionales podrán invocar esta presunción legal y alegar que están mal clasificados, mientras que corresponderá a la plataforma digital acreditar que no existe relación laboral.

El acuerdo alcanzado con el Parlamento garantiza que los trabajadores estén debidamente informados sobre el uso de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones sobre su contratación, sus condiciones de trabajo y sus ingresos, entre otras cosas.

También prohíbe el uso de sistemas automatizados de seguimiento o toma de decisiones para el tratamiento de determinado tipo de datos personales de las personas que realizan trabajos en plataformas, como datos biométricos o su estado emocional o psicológico.

Asimismo, se garantiza la supervisión y evaluación humana de las decisiones automatizadas, incluido el derecho a que dichas decisiones sean explicadas y revisadas.

Just Eat celebra la validación de la norma

El presidente de la empresa de reparto a domicilio Just Eat España, Íñigo Barea, ha celebrado la aprobación de la norma y ha aplaudido que se ponga "fin al modelo de falsos autónomos y que cree igualdad de condiciones" para su sector, en unas declaraciones a Europa Press.

"En Just Eat España, como plataforma de 'delivery' de referencia en España, siempre hemos cumplido con la ley, y nos alegra la votación mayoritaria de los países de la UE a favor de la Directiva Europea de Trabajo en Plataformas", ha asegurado Barea en declaraciones facilitadas a Europa Press.

La plataforma de reparto a domicilio ya celebró en 2021 cuando el Gobierno de España aprobó la 'Ley Rider' que llegaba para generar seguridad y protección jurídica a los trabajadores, garantizando los derechos de los repartidores dándoles un contrato de trabajo, algo que la compañía aplica en todos los países en los que está presente en Europa.