Naciones Unidas examinará a España este verano. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes que, a mediados de julio, su departamento será sometido a un examen voluntario sobre los avances de España en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que, junto a otros 192 países, España se comprometió a cumplir en 2015. 

Será el tercer examen al que se somete España para evaluar y hacer un seguimiento de las políticas definidas en la Agenda 2030, y servirá también, en palabras de Bustinduy, para "identificar lagunas" y las "prioridades de actuación" para los próximos años. 

El control, ha insistido el ministro en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los ODS en el Congreso de los Diputados, "no solo representa una responsabilidad para rendir cuentas", sino que se trata también de una "oportunidad" para "identificar cuáles son los desafíos más acuciantes de nuestro país" y ver a qué áreas hay que dedicar "mayores esfuerzos".

Concretamente, Bustinduy defenderá el llamado Examen Nacional Voluntario ante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Lo hará tras aprobar el Consejo de Ministros un informe con el análisis del cumplimiento de los ODS y el cual deberá ser ratificado antes del 14 de junio de 2024.

Vinculado a ese examen, España también empezará la "revisión intermedia" de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que empezará en la segunda mitad del año y concluirá en 2024. Además, Bustinduy ha anunciado su voluntad de empezar a involucrarse en las negociaciones del Pacto del Futuro y la Declaración de Generaciones Futuras, en la cumbre que se celebrará en septiembre y que reunirá a líderes de todo el mundo para elaborar un nuevo acuerdo global. "Es una excelente oportunidad que debemos aprovechar", ha aseverado. 

Críticas del mundo rural a la Agenda 2030

El ministro también se ha referido a las críticas que ha ido recibiendo la Agenda 2030 por parte de agricultores y ganaderos en el marco de las protestas que se vienen sucediendo en las últimas semanas. Críticas que, ha recriminado, "nada tienen que ver con su contenido". Bustinduy reconoce que las reivindicaciones del sector primario "son del todo legítimas", pues muchos agricultores no pueden asumir el coste de producción ni las familias el coste de compra en los supermercados.

 "Pero es esencial que comprendamos de qué crisis estamos hablando", ha instado, antes de asegurar que esta crisis "no es la crisis de las multinacionales que controlan el negocio de las semillas, fertilizantes o la distribución a supermercados" y recordar que el 80% de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) se destinan solo a un 20% de las grandes empresas. Por esta razón, ha pedido "actuar con responsabilidad" para ofrecer una solución sostenible al mundo rural. "La Agenda 2030 traza una hoja de ruta para incrementar las rentas agrícolas, especialmente las de la agricultura extensiva, de pequeña escala y rica en biodiversidad; y, de esta manera, apoya una transición justa hacia modelos agrícolas y ganaderos sostenibles", ha asegurado el ministro.

La Agenda 2030, ha defendido Bustinduy, promueve una "gestión sostenible" de los productos y habla de incrementar las rentas agrícolas. Metas que, según ha recordado, forman parte del segundo ODS, contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. "No sorprende que para quienes de forma sistemática rechazan los consensos más básicos de nuestra democracia, la Agenda 2030 se haya convertido en un chivo expiatorio perfecto", ha reprochado.