La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un mando de la Policía Local de Siero por un delito contra la integridad moral entre 2018 y 2022. El inicio de la vista oral está señalado este lunes 11 de marzo en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo a las 9.30 horas.
El Ministerio Fiscal sostiene que, en los años 2018 a 2022, un agente desempeñaba sus funciones en las dependencias policiales en Pola de Siero, siendo su superior jerárquico el acusado, subinspector de la Policía Local de Siero y que, en ausencia del comisario, desempeñaba labores de jefe accidental, siendo además delegado sindical del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios).
Añade el fiscal que durante el periodo en que ejerció su cargo el acusado sometió al policía, que pertenecía al Sipla (Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias), a constantes humillaciones y vejaciones.
Relata el fiscal que la víctim y el acusado formaban parte de un grupo de WhatsApp y, el día 31 de diciembre del 2018, el acusado llamó a su subordinado "payaso", "subnormal", y dijo que que le iba a dar "dos hostias", con un trato degradante hacia el mismo, siendo expulsado del grupo por el administrador.
Se inició un expediente disciplinario, comenzando el agente un primer periodo de baja laboral de aproximadamente un año, desde principios del año 2019.
Añade el fiscal que con fecha 10 de febrero del 2020 el Ayuntamiento dictó una resolución denegando al policía la petición del disfrute de los días de vacaciones correspondientes al año 2019 y disponiendo su inmediata incorporación a su puesto de trabajo y el descuento en la nómina de los días no trabajados desde que se produjo el alta laboral hasta su efectiva incorporación, después de que el acusado se presentara en el Negociado de Personal para que se le denegaran al agente los días por razones de servicio.
Una vez que se incorporó de su baja laboral, en el mes de enero del 2020, el policía tenía derecho a disfrutar de las vacaciones anuales porque así lo establecía el convenio colectivo, derecho que le denegó el acusado, que en esas fechas ejercía el cargo de jefe accidental -los turnos de trabajo se realizaban con el visto del acusado- y lo hizo sin motivo justificado, aludiendo a razones de servicio, cuando el servicio estaba cubierto y se estaban concediendo permisos para asuntos particulares a otros agentes, explica el fiscal.
Se le llegó a detraer de su sueldo la cantidad equivalente a 20 días por no haberse incorporado a su puesto de manera inmediata, una vez finalizada su periodo de baja laboral.
Por sentencia de fecha 6 de mayo del 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Oviedo, se estimó la demanda formulada por el policía y se dejó sin efecto la detracción de los haberes acordada.
En las oficinas, una vez incorporado, aparecieron carteles ofensivos concernientes al olor corporal de una persona, atribuyendo tal hecho al acusado. Con fecha 10 de marzo del 2020, el Ayuntamiento de Siero dictó una resolución acordando la retirada del arma reglamentaria asignada al agente, previo informe del acusado de fecha 9 de marzo del 2020, por una supuesta agresión a otro agente de la Policía Local.
Estos hechos no motivaron en esa fecha la apertura de una información previa anterior al inicio del expediente disciplinario, siendo una decisión sin fundamento en disposición normativa, haciéndolo saber a toda la plantilla, haciéndolo público en redes sociales y en periódicos, señala el fiscal.
"Lo sometió a una exposición pública el primer día del trabajo sin habérselo notificado, lo que hizo posteriormente, y en vez de ser requerido para la entrega, procedió a llamar a un cerrajero para taladrar la caja de seguridad, con carácter humillante", dice. El arma le fue restituida por resolución de la Alcaldía de fecha 28 de abril del 2020, previo informe de 20 de abril del 2020 del comisario jefe de la Policía Local en esa fecha.
Por todos estos hechos, se inició en el Ayuntamiento de Pola de Siero un protocolo anti-acoso y el técnico superior de prevención de riesgos laborales elaboró un informe de 23 de julio del 2020, en el que se hacía constar indicadores de riesgo psicosocial que puede estar produciendo consecuencias desfavorables para la salud y se daban conductas compatibles con las que se incluyen en las clasificaciones técnicas y científicas como generadoras de acoso en el trabajo de la persona denunciada hacia el agente.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la integridad moral y solicita que se condene al acusado a un año de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
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