Ribera pide "máxima cautela" ante el riesgo de incendios por las altas temperaturas y tres años de sequía continuada

Un agente forestal coloca una trampa de tierra para las orugas en un pinar de la Comunidad de Madrid.
Un agente forestal coloca una trampa de tierra para las orugas en un pinar de la Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid
Un agente forestal coloca una trampa de tierra para las orugas en un pinar de la Comunidad de Madrid.

El invierno entra en su recta final, se acerca la primavera y, aunque los incendios forestales cada vez se limitan menos a la temporada de calor, España entra en un momento de especial riesgo ante el que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido "máxima cautela" por el peligro que agudizan las altas temperaturas que ya se han dejado notar incluso en los meses de enero y febrero y la aridez de los suelos después de tres años de sequía continuada en algunas partes del país.

Ribera ha lanzado este llamamiento en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que este martes ha vuelto a aprobar sendos proyectos de ley que recogen los estatutos básicos de la profesión de bomberos forestales y de agentes medioambientales, con pautas comunes en materia laboral y de reconocimiento de derechos para plantillas que en su mayoría están adscritas a las comunidades autónomas.

Preguntada por cómo se presenta las expectativas de incendios de cara al verano, Ribera ha pedido "máxima cautela siempre", pero también ha esperado que "podamos gestionar el verano con máximas garantías y equipos bien pertrechados". Sin embargo, ha admitido que "la combinación de temperaturas récord y sequía " y con un suelo especialmente seco en el tercer año consecutivo de sequía en buena parte del país "no son buenas condiciones físicas, hay que extremar la cautela".

La vicepresidenta espera que España esté mejor preparada este año, con normas como la que se han aprobado este martes y con otros avances en años anteriores en la coordinación entre el Gobierno central y autonómicos y con el refuerzo de los planes de evaluación de riesgo o la dotación de personal, de medios aéreos o de sistemas de alerta común a través de Protección Civil y la AEMET. Ribera también es ha referido al papel de prevención y alerta que supone la lucha contra la despoblación y la reactivación económica de las zonas rurales.

Todo esto, sin embargo, no evitó que solo hasta el mes de septiembre España el año pasado se registraran 87 incendios forestales repartidos por todo el territorio nacional y que arrasaron 66.064 hectáreas, según un informe del Ministerio. El primer gran fuego de los 14 que se contabilizaron hasta junio se declaró en el mes de marzo entre Teruel y Castellón en unos fenómenos para los que ya no existe un momento concreto y para los que la "temporada" de incendios cada vez comienza antes, como afirman asociaciones ecologistas como WWW Adena, que calificó 2023 como el tercer peor año de la última década, con menos incendios que en 2022 pero más devastadores. Si en 2023 no hubo que lamentar fallecidos y los 70 heridos que se registraron en los distintos incendios fueron de consideración leve, en 2022 se registraron 57 grandes incendios forestales, casi tres veces más que la media de los últimos 10 años, que dejaron cuatro víctimas mortales, además de 90 heridos y más de 300.000 personas que tuvieron que ser evacuadas de forma preventiva.

En este contexto, el Gobierno ha vuelto a aprobar dos proyectos de ley que decayeron el año pasado por la convocatoria de las elecciones generales del 23-J para establecer estatutos básicos de la profesión de bomberos forestales y de agentes medioambientales. Según ha dicho Ribera, se calcula que el primer colectivo lo forman unas 20.000 personas y el segundo, alrededor de 6.000, y en su mayor parte es personal de las comunidades autónomas y menos los de que dependen de la Administración General del Estado y en concreto del Ministerio para la Transición Ecológica.

Jubilación anticipada y prioridad para los agentes

Ribera espera que estas dos leyes puedan tramitarse por el procedimiento de urgencia para estar aprobadas "antes del verano o, a más tardar, a la vuelta del verano", establece unas pautas comunes sobre estas dos categorías laborales, la formación requerida o sus funciones. Aunque no entra en determinar si deben ser personal funcionario de las administraciones en las que prestan servicio, personal laboral o trabajar para empresas externas pero sí establece una jornada máxima que no debería superar las 12 horas "cuando las circunstancias estacionales determinen la necesidad de intensificar el trabajo" y el derecho ha percibir el pago de las horas extra realizadas. El periodo de descanso en estos casos será de "un mínimo de 10 horas", dice el proyecto de ley sobre los bomberos forestales.

Según ha explicado Ribera, para estos profesionales también incluyen en le futuro estatuto básico dos demandas de hace tiempo, asimilar su régimen de jubilación al de los bomberos que prestan servicios en zonas urbanas, con la posibilidad de acogerse también a la jubilación anticipada, y poder tener a una segunda actividad cuando, sin estar en situación de incapacidad, exista un dictamen médico que les exima de prestar el servicio básico.

Además, la vicepresidenta ha prometido que se aprobará un reglamento específico para tener en cuenta la exposición de los bomberos forestales a "riesgo especial" y accidentes laborales específicos por el desempeño de sus funciones.

Los agentes forestales y medioambientales, el proyecto de ley que hoy sale de nuevo del Consejo de Ministros hacia el Congreso regulará sus capacidades profesionales, las condiciones de acceso y su papel como vigilantes ambientales y espacios protegidos, inspectores de dominio hidráulico, costas y como colaboradores en emergencias de protección civil.

"Los agentes son considerados policía administrativa especial, judicial en el sentido genérico", ha dicho Ribera, para explicar una regulación que les otorgará la "consideración de vehículo prioritario, de podía judicial y de emergencia".

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