El juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia sitúa al exministro de Transportes José Luis Ábalos como "intermediario" del caso Koldo. De hecho, el instructor Ismael Moreno ubica al exdirigente socialista en una comida con su exasesor Koldo García el pasado 10 de enero, apenas mes y medio antes de las detenciones por la trama corrupta.
"La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo", apunta el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 en un auto del pasado 7 de febrero en el que autorizaba una serie de intervenciones telefónicas a los investigados.
De momento, ni Ábalos ni el empresario cántabro Jacobo Pombo figuran como investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas, una de ellas Koldo García, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.
Según el relato del juez Moreno, que se basa en los informes policiales entregados en su juzgado, Ábalos, su exasesor y otras personas se reunieron el pasado 10 de enero en una zona reservada de la marisquería 'La Chalana', en Madrid, entre las 21.15 y las 22.20 horas, aproximadamente. La reunión, apunta el magistrado, "tiene una especial interés" para la investigación debido a la conversación telefónica que un día antes habían mantenido Koldo García y el empresario Juan Carlos Cueto -el considerado 'cerebro' de la trama-.
En esa conversación telefónica, Cueto le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú, el día 11 de enero, "le dijese algo a un tercero" con el que se iba a reunir el día 10, día en que tuvo lugar el encuentro en 'La Chalana'. "De hecho, Koldo García informaba a Cueto de que una de las cosas a tratar con una de las personas con las que se reuniría al día siguiente se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a la empresa Soluciones de Gestión", añade el auto, consultado por 20minutos.
El instructor de la Audiencia Nacional destaca las conversaciones intervenidas del 29 y 30 de noviembre de 2023 en las que "se infiere que Koldo había tenido acceso a las alegaciones formuladas por Soluciones de Gestión al expediente administrativo iniciado por la Administración balear de las que habría dado traslado a terceras personas para que las revisaran". Entonces, el Gobierno de las islas ya había cambiado de manos había pasado a presidirlo la popular Marga Prohens.
"Se han observado numerosas conversaciones telefónicas a través de las que se aprecia un cambio de enfoque en Soluciones, en el caso de que por parte de la Administración balear se produjese un silencio administrativo a su recurso planteado en el seno de la reclamación efectuada", añade.
Al hilo, el juez subraya una serie de llamadas previas que tuvieron lugar en diciembre. Según detalla en su auto, el día 2 "Cueto consiguió contactar con Koldo, el cual le informó que le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y 'Alberto' al día siguiente. En esa conversación, Koldo afirmó que había comentado este asunto al 'ex ministerio donde yo trabajaba antes', habiendo obtenido como respuesta que este asunto no tiene recorrido jurídico ninguno". Este mismo jueves, el diputado del PP Miguel Tellado ha negado públicamente haberse reunido con los investigados del caso.
A la llamada del día 2 se suman una del 7 y otra del 14 de diciembre. En la primera conversación Koldo le decía a Cueto que todo iba "por buen camino". En la segunda, le informaba de que "el asunto del expediente de Baleares estaba 'más que hecho'", según recoge el juez en su auto.
Ofrecieron un pedido por teléfono
La reclamación deriva de un contrato de 3,7 millones de euros entre la empresa y el IbSalut de abril de 2020. Como expuso este miércoles el actual director general de esta compañía, Javier Ureña, un representante de la empresa ofreció al Govern por teléfono el envío del cargamento de mascarillas, un pedido que al parecer iba destinado a otra administración que por circunstancias que se desconocen no se las quedó.
El primer documento en el expediente es el correo electrónico que el 25 de abril de 2020, el titular de la empresa, Íñigo Rotaeche -uno de los investigados- dirigió al que entonces era director de Gestión y Presupuestos del IbSalut, Manuel Palomino. Ese correo, con el asunto 'Contenido avión 26/04/2020 KN95', fue enviado tanto a la dirección corporativa de Palomino como a una de dominio particular.
Con todo, según se desprende de las alegaciones de la empresa el pasado noviembre, antes de aquel correo electrónico hubo una conversación telefónica, aunque los actuales responsables del servicio desconocen entre quiénes y en qué circunstancias.
En el mensaje, Rotaeche remitía documentación sobre la calidad de las mascarillas que transportaba un avión que llegaría a Barajas al día siguiente, un material que, se indicaba, podría llegar a Baleares.
No obstante, según Ureña, parece ser que el pedido iba originalmente destinado a otra administración, aunque desconocen por qué no se las quedó y se ofrecieron en su lugar a Baleares. De hecho, el director del IbSalut lanzaba que "cuando ofrecen el cargamento del avión, o está saliendo o está ya en el aire, porque llega en horas a Baleares vía Madrid".
El cargamento, 1,4 millones de mascarillas en 1.329 cajas, se recibió el 27 de abril. Fue en junio que se recibieron los resultados de los análisis al material recibido comprobando que no cumplía los requisitos de una mascarilla FFP2.
A pesar de ello, el 12 de agosto de 2020 a solicitud de la empresa, el IbSalut emitió un certificado de conformidad constatando que el contrato se había ejecutado "correcta y satisfactoriamente" sin que se hubiera producido "ninguna incidencia".
Este documento es el principal escollo que ven los actuales responsables del Ibsalut para que la reclamación pueda prosperar, sumado al hecho de que el Ejecutivo anterior tardara tres años en iniciar las primeras gestiones para exigir una compensación.
De hecho, Ureña llamó la atención sobre la ausencia de movimientos pese a que en 2022 la Guardia Civil y la Fiscalía ya requirieron el expediente dentro de una investigación. Meses después, en marzo de 2023, Manuel Palomino -como director general del IbSalut tras la salida de Juli Fuster- dirigió un apercibimiento a la empresa anunciando medidas, aunque el documento tiene un valor meramente comunicativo sin efectos jurídicos como reclamación.
La empresa respondió al escrito manifestando su oposición. Aquel contacto fue el único hasta la propuesta de inicio de resolución parcial, un informe del subdirector de compras del 6 de julio donde ya se cifra en 2,6 millones de euros la compensación.
Con todo, según el Govern ahí tampoco comienza formalmente la reclamación, sino que se materializa el 24 de agosto de 2023 con una resolución parcial de contrato. Actualmente el expediente está en fase de resolución de alegaciones, según el IbSalut.
En este sentido, desde el IbSalut han asegurado que la reclamación sigue plenamente vigente, a pesar de que en un auto recogiendo las tesis de Fiscalía Anticorrupción se especulaba con la posibilidad de que hubiera caducado en enero. Aquella conclusión se basa en conversaciones entre los imputados, que para los investigadores sugieren que García pudo maniobrar para intentar frenar la reclamación.
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