La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha suspendido las dos solicitudes que recibió el 21 de noviembre por parte del juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Por un lado, rechaza ayudar a localizar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, investigada en la causa de la organización Tsunami Democràtic. Y también niega al instructor (por segunda vez) la información bancaria de la plataforma.
El escrito fue remitido al Ministerio de Justicia el 22 de diciembre para que este lo trasladara a la Audiencia Nacional. Sin embargo, el documento no ha llegado al tribunal hasta las 10.30 horas de este martes, cuando su contenido ya había aparecido en algunos medios. Pese a que fuentes de Justicia aseguran que el escrito llegó a la sede de la calle San Bernardo "la semana pasada", el sello impreso en el mismo señala que la entrada en el ministerio tuvo lugar el pasado 29 de diciembre a las 10.37 horas.
En su respuesta a García Castellón, las autoridades suizas señalan que la relación de Rovira con Tsunami "no está clara", dejan caer la posible intencionalidad política del instructor y preguntan por las implicaciones de la ley de amnistía. Señalan además que las solicitudes del juez quedan en suspenso hasta que García Castellón responda una serie de cuestiones que permitan corroborar la ausencia de este posible "carácter político" que impediría la colaboración de Suiza.
En primer lugar, la Oficina Federal de Justicia de Suiza dice no entender porqué se pide asistencia judicial para localizar a Rovira, "cuando esta medida puede llevarse a cabo mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial". "No entendemos que finalidad se persigue con esta localización", apunta el escrito consultado por 20minutos.
Sobre la información bancaria solicitada, las autoridades Suizas preguntan por el plazo establecido en la reclamación de García Castellón. Cuestionan en este sentido que se soliciten movimientos bancarios hasta junio de 2020. "Los eventos organizados en los respectivos aeropuertos de Barcelona y Madrid que supuestamente debían haber recibido apoyo financiero a través de la citada cuenta habían tenido lugar el 14 de octubre de 2019", apunta el documento en relación a las protestas e Tsunami que García Castellón investiga por presunto terrorismo.
Ya en 2020, las autoridades judiciales de Suiza se negaron a prestar asistencia jurídica a España en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional sobre Tsunami Democràtic al entender que el procedimiento tiene "un carácter político preponderante".
En la respuesta que dio el país helvético, a la que tuvo acceso Europa Press, se indicaba que el convenio europeo por el que se rigen las relaciones entre ambos países dispone que la asistencia jurídica podrá denegarse "si la solicitud se refiere a infracciones consideradas por la parte requerida como infracciones políticas o como infracciones relacionadas con infracciones políticas".
Ahora, las autoridades suizas ponen en duda tanto la intencionalidad de García Castellón como "la relación exacta" de Marta Rovira con las protestas que investiga el juez. Así, la Oficina de Justicia del país helvético insta al instructor a precisar la implicación de la secretaria general de ERC en las manifestaciones, "y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto".
El documento remitido a España aborda también algunas cuestiones sobre la ley de amnistía, que las autoridades de Suiza dicen conocer gracias a la prensa. El escrito reclama tanto al Ministerio de Justicia como al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular García Castellón, explicaciones sobre "las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic, así como contra Marta Rovira, cuya pertenencia a dicha plataforma no está clara".
De esta forma, Suiza suspende el auxilio solicitado por el magistrado hasta que España, y en concreto la Audiencia Nacional, responda a sus preguntas porque entienden, tras "examinar con la máxima atención" la comisión rogatoria, que el contenido es muy similar a la de 3 de diciembre de 2019 que ya dio lugar a una denegación de asistencia.
Comentarios