La visita en diciembre pasado de una delegación del Parlamento Europeo para evaluar el polémico modelo de inmersión lingüística escolar en Cataluña sentó a cuerno quemado entre las fuerzas nacionalistas y el Govern. Es cierto que las competencias en política educativa son de los Estados miembros, que en España recaen en gran medida en las comunidades autónomas. No obstante, eso no impide que la Eurocámara pueda estudiar un asunto donde se pueden estar vulnerando derechos fundamentales a través de la comisión de peticiones, que es el organismo que recoge las solicitudes de la ciudadanía. 

Eso es lo que ha ocurrido por iniciativa de la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que lleva años exigiendo el fin de la exclusión del castellano como lengua vehicular y pidiendo que se utilice con normalidad junto al catalán. Del monolingüismo al bilingüismo. Es algo muy razonable, que la justicia cifró en un mínimo del 25%, pero que, sin embargo, suscita una enorme animadversión, por no decir un odio, que solo se entiende desde la hispanofobia.

El modelo de escuela catalana, con la inmersión como elemento idiosincrásico, lleva años demostrando ser un fracaso. En 2023, el informe PIRLS situó a Cataluña en el último lugar, solo por delante de Ceuta y Melilla, en comprensión lectora, confirmando un descenso continuado desde hace un lustro. A finales de año, llegó el descalabro del informe PISA, con los peores datos de la historia en todas las materias evaluadas. Evidentemente, no es solo culpa de la inmersión lingüística. El agujero educativo en Cataluña es enorme, y evidencia la pésima gestión de los sucesivos gobiernos de la Generalitat. 

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El problema de fondo radica en una pedagogía falsamente progresista, que es común en toda España, que no forma suficientemente en contenidos, si no que entretiene a los alumnos con proyectos dispersos. Estamos ante un debate enorme, solo que en Cataluña el desastre educativo se ha agudizado más por la inmersión, que vulnera derechos básicos, perjudica el aprendizaje en las primeras etapas de los niños de familias castellanohablantes, y no garantiza el completo dominio del castellano para los catalanohablantes. Es el reflejo el dogmatismo ideológico de los responsables educativos y de muchos equipos docentes.

Este miércoles, en el Parlamento Europeo ha empezado a discutirse el demoledor informe elaborado por los eurodiputados que visitaron Cataluña, con la estonia Yana Toom al frente de la delegación. Sus conclusiones escuecen muchísimo, pues pide “igualdad de trato” para ambas lenguas, al ser un derecho constitucional, y denuncia “intimidación” y “discurso del odio” contra las familias que habían pedido la aplicación del 25% en castellano. 

La reacción de los grupos contrarios, los nacionalistas en alianza con socialistas y verdes, ha sido intentar boicotear el inicio de la sesión con filibusterismo a fin de que el informe no pueda llegar a votarse en marzo y, con el final de la legislatura europea, el asunto decaiga. Que los nacionalistas se atrincheren con la inmersión, se entiende por su hispanofobia, pero las izquierdas no deberían apoyar políticas antigualitarias y discriminatorias, ni plantearlo en clave española de lucha entre PP y PSOE.