El chavismo retiene a una abogada hispano-venezolana y la acusa de intentar matar a Nicolás Maduro

Rocío San Miguel, en una foto de Instagram
Rocío San Miguel, en una foto de Instagram
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Rocío San Miguel, en una foto de Instagram

La Embajada de España en Caracas está siguiendo el caso de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, detenida en Venezuela, según han informado fuentes diplomáticas, que no han entrado a valorar el arresto.

Las fuentes han explicado que la embajada "está siguiendo el caso" desde que tuvo conocimiento de la detención, que se produjo el viernes pasado.

Asimismo, desde la legación diplomática se están haciendo "gestiones con las autoridades venezolanas para determinar su paradero, prestar asistencia consular, y garantizar que se respeten sus derechos", han precisado las fuentes.

Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano,  fue detenida el pasado viernes 9 de febrero cuando intentaba salir del país con su familia. 

Según publicó la prensa venezolana, la defensora de derechos humanos está "presuntamente involucrada" en una trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro, confirmó uno de sus abogados.

En este contexto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado que solicitará medidas de privación judicial preventivas de libertad contra Rocío San Miguel por los delitos de traición, conspiración y terrorismo.

El Gobierno venezolano expulsó a más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana implicados en estas conspiraciones.

La familia de la activista ya ha sido liberada

La Justicia de Venezuela ha liberado este martes a la hija y otros tres familiares de la activista Rocío San Miguel, privados de libertad luego de la detención. En un mensaje en X, el abogado José González Taguaruco, parte del equipo de defensa de San Miguel, ha confirmado que Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos, y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, fueron excarcelados con "prohibición de salida del país" y "de declarar a los medios".

Precisamente este martes la Organización de Estados Americanos (OEA) ha dicho que el caso de la activista hispanovenezolana es un "atropello injustificable" y se trata de otro episodio de "criminalización" de los defensores de los Derechos Humanos.

Desde Estados Unidos, la Casa Blanca también ha expresado su "malestar" por la detención y reclamó a Nicolás Maduro que cumpla "con los compromisos que asumió el otoño pasado sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos y a los partidos de la oposición".

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