La UE lleva décadas endureciendo los requisitos para trabajar el campo. Cada vez hay más controles, más burocracia y menos margen de actuación para los agricultores. A golpe de boletín, las administraciones se han querido asegurar de que los alimentos que se producen dentro de la UE superan todos los controles imaginables. Eso está bien, en la parte que da seguridad al consumidor, pero el problema es que la imaginación del legislador parece no tener límites y ya está creando desigualdades. El cinturón regulatorio ahoga a un sector que ve –sin embargo– cómo los productos de fuera de la UE llegan a nuestras estanterías exentos de muchas de estas normas que encarecen su producto. Se merecen, como mínimo, el mismo trato que los productores extranjeros.