El día de su tercera investidura como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció que levantaría un "muro" contra la extrema derecha. Fue ese día en el que echó a andar el tren de la coalición PSOE-Sumar, que subió a sus vagones a un nuevo pasajero: Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado en Bélgica desde 2017. Han pasado menos de 80 días desde aquel 16 de noviembre y el Ejecutivo ha vivido una semana en la que su motor ha estado a punto de griparse por la decisión de Junts de no aprobar definitivamente y devolver al taller parlamentario la amnistía, la catenaria que alimenta a Sánchez. Todo ello, entre negociaciones de alta tensión, señalamiento a jueces por parte de Junts y declaraciones cruzadas entre los hacedores de la ley.
Después de meses de trabajo entre PSOE y Junts, la ley de amnistía se enfrentaba esta semana a un momento decisivo: su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados. Esto no suponía su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero sí era un paso clave -después, iría al Senado, donde el PP tiene mayoría y podrá retrasar su aprobación-. A esta votación llegaba un texto con cambios respecto al que registraron los socialistas en noviembre, poco antes de la investidura de Sánchez. Dijeron entonces que solo habría modificaciones técnicas, aunque finalmente incluyeron el terrorismo dentro de la amnistía siempre y cuando no supusiera una violación "grave" de los Derechos Humanos. El PSOE se resistió en un principio, pero los posconvergentes lo pusieron como condición y así se terminó incluyendo la semana pasada en la comisión de Justicia. Fue un cambio que los independentistas solicitaron tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pretendía investigar a Puigdemont de terrorismo por estar al frente, según el magistrado, de la organización catalana Tsunami Democràtic.
Así las cosas, este lunes y a un día de la votación clave, se dieron a conocer otros dos autos judiciales. Uno del propio Castellón para prorrogar seis meses la investigación del caso Tsunami. Otro, de Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona que realizó el mismo movimiento para seguir investigando el llamado caso Voloh. Esto añadió nuevas dudas sobre el blindaje de la amnistía: las presuntas "estrechas relaciones personales" entre el círculo de Carles Puigdemont y algunos miembros de la inteligencia rusa podrían llegar a considerarse un "delito contra la paz y la independencia del Estado" -es decir, de traición-, dejando al expresident y a los demás investigados al margen del olvido jurídico.
Junts reaccionó elevando la presión. "Siempre hemos que la amnistía debería incluir a todos y que debería aplicarse de forma inmediata", apuntaron en un comunicado a horas del Pleno definitivo, argumentando que el texto no garantizaba "estos dos objetivos, sobre todo teniendo en cuenta la tendencia de varias instituciones judiciales a boicotear la ley y dejar fuera a muchos independentistas". En la sesión parlamentaria, los posconvergentes subieron aún más el tono y llegaron a señalar a jueces desde la tribuna del Congreso, llamándoles "prevaricadores". "Esta ley tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado", apuntó la diputada Míriam Nogueras. Como respuesta, el CGPJ ha convocado un Pleno para censurar dichas críticas.
El lunes, desde el PSOE habían denunciado injerencias judiciales en el transcurso de la ley asegurando que "cada vez que el Legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha". Sin embargo, el martes el ala socialista del Gobierno optó por plantarse ante Junts: el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, condenó los señalamientos de Nogueras y el Grupo Socialista decidió no aceptar las enmiendas de Junts que seguían vivas. Esta vez no hubo sorpresas de última hora y la amnistía no se aprobó, sino que deberá renegociarse en la Comisión de Justicia. Para ello, socialistas y posconvergentes tendrán 15 días a partir del próximo martes.
Las siguientes horas al varapalo fueron de cierta confusión. Si bien la misma tarde de la votación desde el PSOE aseguraban que no querían más cambios en la ley ante la amenaza de que se la pueda recortar el Tribunal Constitucional, al día siguiente se sucedieron entrevistas de varios ministros en los que no cerraban la puerta a alguna modificación de carácter técnico -sin especificar más-. "Nunca se deja de negociar" o "Siempre hemos dicho que el texto puede incorporar enmiendas que mejoren su calidad", dijo la vicepresidenta María Jesús Montero. Ni siquiera el propio Sánchez fue del todo claro cuando dos días después rompió su silencio, pero sí insinuó que no aceptaría más cambios: "Con este proyecto de ley, y así lo concluirán los tribunales, todos los independentistas catalanes van a estar amnistiados porque no son terroristas", dijo. Los plazos, además, coinciden con la campaña electoral de las elecciones gallegas, que se celebrarán el 18 de febrero.
Con todo, este revés parlamentario no es el primero que vive el Gobierno en los apenas 80 días desde que comenzó a rodar. El 10 de enero, el Congreso tumbó -por el voto contrario de Podemos, ya fuera de Sumar y con independencia en la Cámara Baja- la reforma del subsidio de desempleo impulsada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz en una jornada en la que los de Puigdemont también hicieron sufrir al Ejecutivo al decidir abstenerse en el último momento tras lograr un acuerdo con el PSOE para la transferencia de competencias en migración a la Generalitat, lo que provocó otra gran polémica y que deberá concretarse en una ley orgánica a lo largo de la legislatura.
Porque el Gobierno, pese a la debilidad parlamentaria que transmite, sigue convencido de que agotarán los más de tres años y medio que tienen por delante. "La legislatura no la decide ningún grupo político, la duración la decide el presidente y por eso vamos a estar tres años y medio gobernando", apuntó Bolaños esta semana. Para ello serán claves los Presupuestos de este año, que el Ejecutivo tiene pendiente aprobar en marzo. Eso sí, ya se comienza a explorar la vía de mantener los del año pasado prorrogados, para lo que ven margen. La orden, pues, es resistir. Y Sánchez es el primero que pretende hacerlo. "Nunca he escondido la complejidad de la legislatura", señaló el jueves antes de preguntar si esta es "más difícil" que la anterior, en la que se vivió "una pandemia, una guerra, un shock inflacionista y hasta un volcán". "Y ahí están los resultados", dijo el presidente mencionando el crecimiento del PIB o la creación de empleo y antes de concluir que él y el PSOE son los únicos "capaces de gobernar y gestionar esa complejidad".
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