El 'no' de Junts a la ley de amnistía devuelve la norma, uno de los requisitos de los partidos independentistas para apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez, a la casilla de salida. La norma vuelve a la comisión de Justicia debido a las discrepancias de Junts sobre el alcance de la norma: las exigencias del partido de Carles Puigdemont pasan por hacer extensiva la medida de gracia a todos los presuntos delitos de terrorismo y también a los de alta traición cometidos durante el procés y en los años posteriores.
Esta nueva exigencia se produce después de que el juez Joaquín Aguirre, instructor del 'caso Volhov', que investiga las conexiones de Puigdemont con Rusia, haya abierto la puerta a imputar al expresidente catalán de este delito. ¿En qué consiste el delito de alta traición por el que podría ser imputado Puigdemont?
¿En qué consiste el delito de alta traición?
El Código Penal recoge en su Título XXIII del Libro II los delitos reconocidos como "de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional".
Concretamente, castiga al español que "con el propósito de favorecer a una potencia extranjera se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional" (art. 584). También a quien "publicare o ejecutare en España cualquier orden, disposición o documento de un Gobierno extranjero que atente contra la independencia o seguridad del Estado, se oponga a la observancia de sus leyes o provoque su incumplimiento" (art. 589).
La ley contempla penas de prisión de seis a doce años y de uno a tres años respectivamente por estos delitos, a los que se adhieren otros artículos del mismo título, como el artículo 592 (mantener relaciones con otros Gobiernos con el el fin de perjudicar la autoridad del Estado) o el artículo 585 (provocar o conspirar para la comisión de estos delitos de traición).
El juez habla de la conexión entre Puigdemont y Rusia
Estos delitos de alta traición se han dejado entre ver en el auto del juez instructor del 'caso Voloh', Joaquín Aguirre. Según el documento del magistrado, Rusia ofreció "soporte económico y militar" al entorno de Carles Puigdemont para apoyar la causa independentista en un intento de desestabilizar la "democracia y la Unión Europea".
El documento habla de "estrechas relaciones personales" entre el círculo próximo del expresidente catalán y miembros de los servicios secretos rusos, e incluye como implicados al propio Puigdemont, el exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el informático Jaume Cabaní. El juez llega incluso a hablar de indicios de que los investigados preveían el inicio de una guerra entre la UE y Rusia y podrían haber previsto el comienzo de la invasión rusa de Ucrania.
El auto decreta la prórroga de la investigación que dirige el instructor Joaquín Aguirre por plazo de seis meses a contar desde el próximo 27 de febrero. El auto no recoge ningún indicio de estos delitos, pero deja entrever una posible imputación de los mismos a Puigdemont y a su círculo próximo, por lo que desde Junts instan a ampliar el alcance de la amnistía también a estos delitos por si finalmente se da esa imputación.
En ese sentido, juristas consultados por 20minutos consideran que "formalmente", los actos podrían encajar en alguno de estos tipos, pero la mayoría advierte de que "es prematuro considerarlo".
Junts exige blindar a Puigdemont en la amnistía
El auto del juez Aguirre ha terminado por decantar el 'no' de Junts a la ley de amnistía: tal y como está redactada, la norma excluye los delitos de "traición y contra la paz o independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional".
El texto deberá ahora regresar a la Comisión de Justicia del Congreso. En ese sentido, el PSOE seguirá negociando el texto final de la norma con Junts, aunque los cambios que exigen los independentistas parecen poco probables: el Constitucional podría tumbar nuevas reformas de la ley y el encaje de la norma en el derecho comunitario aún está en entredicho.
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