Incrementar los recursos financieros para atender a los menores migrantes, planificación y coordinación. Estos son los puntos que la Comunidad de Madrid y Canarias consideran esenciales para poder hacer frente a la actual crisis migratoria y, concretamente, a los niños y niñas que llegan a las costas de España. Además, ambos Gobiernos regionales solicitan que se actualice el protocolo de determinación de la edad para garantizar la atención de estos jóvenes y poder destinar los medios necesarios para su proceso de integración.

"Tenemos una extrema necesidad de que el Gobierno actúe de forma proactiva en garantizar esa comunicación, información, planificación y financiación [para atender a la llegada de menores migrantes] que las comunidades asumimos en solitario", ha expresado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, este martes tras la reunión con su homóloga de Canarias, María Candelaria Delgado. 

En lo que va de año han llegado a la Comunidad de Madrid unos 400 menores extranjeros, frente a los 77 que llegaban de media por mes el año pasado. Del total, 293 lo hicieron a través del aeropuerto de Barajas durante enero. Esta situación ha generado que la red regional de centros de atención se encuentre tensionada. Por el momento, el servicio de atención está garantizado y, según ha detallado la consejera madrileña, trabajan para "incrementar todos los recursos". Desde Canarias reflejan que asumir los costes de estas llegadas es "insostenible para cualquier comunidad autónoma". Delgado ha expuesto que el Gobierno insular tutela ya 5.150 menores y ha alertado que durante 2024 se podría superar el gasto del año pasado, que ascendió a los 104 millones de euros.

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Unido a la falta de recursos, está la problemática de identificar a estos menores, ya que muchos vienen "camuflados" entre los adultos o manifiestan tener la minoría de edad. Esto genera que se dilate la atención que reciben los niños y niñas. Cuando una persona migrante declara ser menor de 18 años o se sospecha de que pudieran serlo, pasan a disposición del Ministerio Fiscal, quien realiza las pruebas pertinentes para verificar su edad. En Madrid, aproximadamente, unas 300 inmigrantes están en este proceso.

"Si tenemos un protocolo claro de pruebas de determinación de la edad en todo el territorio, esos traslados camuflados entre mayores no se produciría y podrías trabajar entre las comunidades autónomas de manera eficiente", ha añadido la consejera canaria. Desde ambas administraciones solicitan al Ejecutivo nacional que se actualice el sistema y estos exámenes se realicen en los Centros de Acogida Temporal de Inmigrantes en las regiones donde desembarcan.

Por su parte, Dávila ha destacado que esta situación dificulta la gestión y la puesta en marcha de los sistemas de integración social y escolarización. "Se pone en riesgo el propio sistema de protección de los menores. Es necesario actualizar este protocolo para que se haga una adecuada identificación de la situación de minoría de edad para que los centros se encuentren protegidos".

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Ambas consejeras estiman necesario que el Gobierno de España se involucre más, proporcione información sobre los criterios de reparto e incremente los recursos en las zonas donde es necesario: "Que no se quede solo en buenas intenciones porque esto ya no nos sirve", ha apuntado la consejera madrileña.