El recién renovado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha informado al Senado a través de una misiva de que el Consejo Fiscal no se pronunciará sobre la proposición de ley de amnistía, como solicitó formalmente el la Cámara Alta el pasado 7 de diciembre. El jefe del Ministerio Público señala en la carta enviada al presidente del Senado, Pedro Rollán, que no podrá elaborar el informe reclamado porque encuentra un "obstáculo legal" en el artículo 14 de su Estatuto Orgánico.
El mencionado precepto indica que "corresponde al Consejo Fiscal", órgano formado en parte por votación de los fiscales, "informar los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal". Con lo cual, García Ortiz considera que no compete a este Consejo que él preside redactar un informe sobre la amnistía, que no se tramita como proyecto de ley sino como proposición de ley. Así lo ha adelantado a primera hora de este jueves durante una entrevista en TVE y lo ha trasladado posteriormente al Senado.
"No está legalmente prevista" la labor consultiva del Consejo Fiscal en proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento, reza la misiva. El argumento viene respaldado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según ejemplifica el fiscal general. Por otro lado, sostiene, "la materia objeto de la proposición de ley no afecta a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal". Por tanto, y en virtud de lo que establece el artículo 14 del Estatuto, Ortiz indica que es inviable atender la solicitud de la Mesa del Senado.
Fuentes del Ministerio Público consultadas por este periódico aseguran que "no existen precedentes" de una solicitud de informe sobre una proposición de ley por parte del Parlamento. Quien sí está elaborando el informe consultivo solicitado por la Cámara Alta es el Consejo General del Poder Judicial.
Durante la entrevista en TVE, García Ortiz se ha referido a los comentarios que puedan hacer sobre la amnistía otras instituciones: "Yo creo en las instituciones que funcionan dentro de las competencias que asumen. No ejercer una competencia o ejercerla en exceso es no cumplir el mandato legal o constitucional".
La negativa del fiscal general a pronunciarse llega un día después de su toma de posesión oficial en la sede del Tribunal Supremo. Precisamente la semana pasada, Pedro Rollán reiteró la petición que había trasladado hacía más de un mes y pidió a García Ortiz que la tuviera en cuenta "lo antes posible".
No obstante, el fiscal ha razonado que no era oportuno responder a la Cámara Alta antes de ser oficialmente renovado en el cargo. "La demora en la contestación a su primera comunicación ha venido motivada por la responsabilidad de no comprometer la posición institucional de un órgano de relevancia constitucional como es el Ministerio Fiscal hasta que mi mandato no hubiera sido definitiva y formalmente renovado", ha trasladado en este sentido García Ortiz.
Ortiz tiene competencia pero no debe "unificar" criterio
En la última parte del escrito, una vez argumentada la falta de competencia del Consejo Fiscal para pronunciarse, Álvaro García Ortiz explica que él, fiscal general, es el único competente en la institución para informar sobre la proposición de ley. Aún así, se ve impedido por la necesidad de evitar "alterar el normal funcionamiento" de la institución e "invadir espacios y competencias de la estructura organizativa de la Fiscalía".
Citando al Tribunal Supremo, García Ortiz recuerda que el fiscal general es "el único órgano constitucional del Ministerio Fiscal" y el Consejo Fiscal (actualmente liderado por una mayoría conservadora) "se configura como órgano de asistencia y asesoramiento del Fiscal General del Estado". Por tanto, la cooperación consultiva que el fiscal facilitaría "gratamente" se ve impedida por que conllevaría "la fijación de criterios unitarios de actuación". "La función de este fiscal general es la de no extralimitar sus funciones legales", zanja el escrito
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