La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo tiene desde hace seis meses la querella del empresario Paco Medina contra los diputados Gerardo Pisarello, Eloi Badia y el expresidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos Jaume Asens por coacciones, extorsión, falsedad, fraude, prevaricación, cohecho y financiación ilegal de partido político. Habitualmente las querellas en el Supremo se archivan rápido si no se ven indicios criminales suficientes. Transcurrido medio año, hay elementos para pensar que el presidente de la sala, Manuel Marchena, está preparando el suplicatorio a la Mesa del Congreso para los citados diputados, lo que tendría un impacto mediático y político de enorme trascendencia. Pisarello y Badia, si son fieles al código ético de su formación, tendrían que dimitir, aunque seguramente no lo harían aludiendo como excusa a la politización de la justicia y la venganza de las togas.
Los tiempos judiciales son lentos y la culpabilidad solo se establece mediante pruebas. El suplicatorio no prejuzgaría nada, evidentemente. Ahora bien, lo que sucedió en Barcelona entre 2014 y 2017 con el parque deportivo Open Camp es un caso paradigmático de cómo desde la propia administración se actuó para hundir un proyecto de colaboración público-privada que no cuadraba con la ideología de los que llegaron en 2015 al poder del Ayuntamiento, los Comunes.
El empresario Medina quiso reposicionar los infrautilizados equipamientos olímpicos de Montjuïc con experiencias tecnológicas para todos los públicos. Encontró financiación privada, obtuvo el sello a la excelencia empresarial de la Comisión Europea y el premio a la mejor iniciativa para el desarrollo comunitario de los estadios olímpicos. Sin embargo, el gobierno municipal de Ada Colau denostaba "el lucro privado" y, en lugar de rescindir el contrato municipal con la empresa, indemnizándola por la inversión realizada, se dedicó al hostigamiento y a la persecución para impedir su viabilidad económica, tal como documenta la querella.
En 2018, el Juzgado Mercantil eximió de cualquier responsabilidad a los administradores de Open Camp, y señaló que su quiebra se debía a "causas exógenas en las que han intervenidos distintas personas físicas y jurídicas". La querella pone nombres y apellidos a los responsables de que 287 personas perdiesen su empleo y los inversores más de 42 millones. Pisarello, Asens y Badia ocupaban entonces cargos políticos de primer nivel en el gobierno municipal. Los indicios delictivos en su contra son muy consistentes, aunque solo la justicia podrá determinar su responsabilidad. La querella relata un caso paradigmático de cómo el sectarismo ideológico destruyó un proyecto social y económico que era bueno para la ciudad.
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