El empresario Javier López Madrid y el excomisario José Manuel Villarejo serán juzgados el próximo 3 de junio por la Audiencia Nacional. Ambos se sentarán ante el juez por la supuesta contratación del excomisario por parte del empresario para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto, con quien el exconsejero de OHL mantenía un conflicto privado.
Según consta en un decreto, el juicio se celebrará ante la Audiencia Nacional y se desarrollará a lo largo de esa semana en cinco sesiones, del lunes 3 al viernes 7. En la vista, el abogado Rafael Redondo, considerado el socio de Villarejo en sus empresas, también será juzgado por un delito de cohecho, al igual que los otros dos implicados.
Este será el primer juicio que López Madrid y Villarejo van a encarar por el caso Pinto. Este se suma a la vista oral que se celebrará a partir del 30 de septiembre ante el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid por amenazar y hostigar a la doctora para lograr que retirara una denuncia por acoso, un proceso en el que la Fiscalía pide 7 años y 10 meses de prisión para cada uno.
Este procedimiento, sin embargo, no tiene nada que ver con el que la Fiscalía Anticorrupción llegó a solicitar el archivo al considerar que no se había constatado que López Madrid diese dádiva alguna a Villarejo por este supuesto encargo y que no queda "debidamente justificada" la perpetración de un delito de cohecho.
Según la Fiscalía, pese a que existe una anotación en la agenda de Villarejo de septiembre de 2013 con el textual "entrega 10 a cuenta" y una grabación en la que el excomisario refleja la "intención" de pedir dinero a López Madrid, no consta que se haya efectuado pago alguno.
Si hubo pago o no es objeto de la investigación que dirigió el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid en el procedimiento que nació de la denuncia de Elisa Pinto, cuya vista oral arranca el próximo 30 de septiembre, por amenazas, lesiones y acoso.
No comparte este criterio, sin embargo, el juez García Castellón, que sí ve "indicios racionales de criminalidad" contra los tres investigados, para quienes Pinto pide entre dos y seis años de prisión. Según su escrito de acusación, en septiembre de 2013, López Madrid, por intermediación del presidente de Societé Generale, Donato Sánchez, "contrató a Villarejo a sabiendas de que era comisario en activo" para que "le ayudase a finalizar un asunto personal" en relación con Elisa Pinto.
Este aceptó el encargo y llevó a cabo seguimientos telefónicos y a partir de 2014 se dedicó a hostigar a Pinto para evitar que denunciase al empresario por acoso. El escrito también relata que el empresario fue al despacho de la doctora junto al abogado Redondo "con intención de hostigarla"; la dijo que "le dejase en paz, que llevaba mucho tiempo con la policía, que parase, y que la policía iría a verla", que "tenía que poner de su parte para que retirara unas denuncias".
En el marco del conflicto entre López Madrid y Elisa Pinto, el primero también presentó denuncia contra la doctora por acoso, si bien la jueza lo archivó en noviembre del 2022.
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