El debate sobre la reforma de la Constitución que se celebrará este jueves, con el que quedará prácticamente cerrada la supresión del término 'disminuidos' para referirse a las personas con discapacidad, no servirá para discutir ningún otro cambio. PP y PSOE han sumado sus fuerzas para bloquear todas las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la reforma, por lo que el Congreso no podrá debatir —ni tampoco votar— modificaciones como la supresión del artículo 155, la acotación de la inviolabilidad legal del rey o el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del País Vasco.
Todas estas enmiendas tenían imposible salir adelante porque PP y PSOE rechazan cualquier cambio en la Constitución que no sea el del artículo 49, con el que se dejará de considerar 'disminuidos' a las personas con discapacidad. Pero lo que han hecho los dos partidos mayoritarios no es votar en contra de estas modificaciones, sino aliarse antes del debate para impedir siquiera que el Congreso las discuta. La argumentación de ambas formaciones es que estas enmiendas, presentadas por grupos como Sumar o el PNV, no tienen que ver con la proposición de ley de reforma que se aprobará este jueves y, por tanto, no podían ser admitidas.
PP y PSOE han podido bloquear el debate de estas enmiendas gracias a la mayoría que suman en la Mesa del Congreso, en la que los populares cuentan con cuatro representantes y los socialistas, con tres, frente a los dos que tiene Sumar. Ante su decisión, el PNV, que había registrado 11 enmiendas, denunció el "veto" que, dijo, ha sufrido, y criticó que los dos partidos mayoritarios tienen una "nula intención" de debatir cambios en la Constitución. "El PNV considera que con sus correcciones no vulnera el principio de congruencia porque trata de modificar otros artículos de la misma disposición que se reforma, tal y como hacen todos los grupos parlamentarios, incluidos PP y PSOE, en las iniciativas legislativas", espetaron a través de un comunicado los nacionalistas.
Con su decisión, PSOE y PP blindan una reforma de la Constitución que se ha diseñado y ejecutado de manera exprés desde que fue pactada a finales de diciembre. De hecho, el debate de la modificación en el Congreso se va a solventar en apenas un par de días y el debate público en torno a la Carta Magna ha sido prácticamente inexistente, también a raíz de que prácticamente todos los grupos se han mostrado a favor de la modificación del artículo 49 con la notable excepción de Vox, que se abstuvo en la toma en consideración de la propuesta de reforma el pasado martes.
Las enmiendas del PNV
La decisión de los dos partidos mayoritarios bloqueará el debate de modificaciones constitucionales que piden algunos de los socios del Gobierno desde hace años. Es el caso, por ejemplo, de la que atañe al artículo 56, que establece que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". El PNV propuso modificar este texto para limitar esa inviolabilidad a los actos que "tengan relación con las funciones institucionales de la Jefatura del Estado", puesto que este precepto, en su actual formulación, se ha utilizado por parte de PP y PSOE para impedir, por ejemplo, que el Congreso investigue los escándalos económicos que presuntamente afectarían al rey emérito Juan Carlos I.
El PNV planteaba en sus enmiendas, además, modificar el artículo 8, el relativo a las Fuerzas Armadas, para eliminar de sus deberes la defensa de la "integridad territorial" de España y su "ordenamiento constitucional". La argumentación de los nacionalistas vascos es que "no corresponde a las Fuerzas Armadas garantizar el ordenamiento constitucional ni la integridad territorial en una democracia donde ambas cosas se tutelan por los tribunales de justicia". Y, de la misma forma, se proponía la supresión del artículo 155, a través del cual se intervino la Generalitat de Cataluña en 2017: el PNV asegura que, para casos como ese, "son suficientes los mecanismos ordinarios de respuesta contemplados en la Constitución Española".
Otra de las enmiendas del PNV bloqueadas se refería a la concesión del derecho de autodeterminación al País Vasco. Los nacionalistas planteaban introducir una disposición adicional en la Constitución que consagrara "la plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco" a través del reconocimiento "del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado". Este derecho, según la enmienda, no se reconocería a comunidades distintas al País Vasco.
Sumar, por su parte, registró dos enmiendas que también han sido vetadas: una por parte de Compromís y otra de los nacionalistas baleares de Més. La primera de ellas buscaba dar encaje constitucional a "la reintegración efectiva del Derecho Civil valenciano", mientras la segunda planteaba la posibilidad de que Formentera eligiera a su propio representante en el Senado. Una vez consumado el veto, Compromís amenazó este miércoles con llevar a la Mesa del Congreso al Tribunal Constitucional por una posible vulneración de los derechos de los diputados.
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