El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este miércoles que "el Gobierno cree que los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía", y sin embargo, la proposición de ley que ha impulsado el Ejecutivo protege los delitos de terrorismo cuando no haya recaído sentencia firme.
Lo que en realidad rechaza el Gobierno es decretar el olvido jurídico del terrorismo cuando esté condenado en firme, como propusieron este martes Junts y ERC en sus enmiendas a la proposición de ley de amnistía. El Ejecutivo pretende ceñirse a aprobar las "enmiendas pactadas" con Sumar, ERC y Bildu.
"Las enmiendas pactadas, que son todas técnicas, refuerzan una proposición de ley que ya de por sí es sólida, impecable y absolutamente conforme con la Constitución", ha apuntado en este sentido Bolaños. Y aunque se ha mostrado "dispuesto al diálogo", ha reconocido que las conversaciones se darán "sobre los principios de esas enmiendas".
La actual proposición de ley de amnistía excluye de la medida de gracia "Los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017".
Es decir, que el texto protege los delitos de terrorismo, pero solo cuando no haya una condena firme. Esto no es casual, sino que está diseñado para incluir en la amnistía a los encausados en las investigaciones de Tsunami Democràtic (entre ellos el propio Carles Puigdemont) y a los integrantes de los CDR procesados en la Audiencia Nacional.
Sin embargo, y aquí es donde el Gobierno discrepa, Junts y ERC quieren retirar este punto por completo y recoger bajo el paraguas de la amnistía todos los delitos de terrorismo relacionados con el procés, ya sean los que están siendo investigados, como los que están pendientes de juicio o los que hayan sido sentenciados.
Pese a esta desavenencia, el ministro Bolaños ha señalado este miércoles que las relaciones con Junts son "de total normalidad", precisamente este miércoles cuando se produce la reunión del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. "Las relaciones están totalmente normalizadas como debió ser siempre", ha presumido Bolaños para recordar acto seguido que "hace años Junts actuaba fuera de la legalidad".
En otro orden de asuntos, el ministro ha restado importancia al informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso que se ha conocido este miércoles y muestra dudas sobre la constitucionalidad de la amnistía. "Hay tres informes de letrados del Congreso, todos respetables", ha indicado, "en marzo de 2018 se publicó uno que decía que la amnistía era totalmente constitucional".
Se ha referido así a el informe de calificación de una proposición de ley presentada por Unidas Podemos para "la rehabilitación de diversas penas y sanciones disciplinarias que sufrieron guardias civiles por el hecho de reivindicar el derecho fundamental de asociación profesional". En la cuarta y última conclusión del documento se recoge el "ejemplo" de la amnistía para hablar de "figuras dentro de la Constitución".
A esta frase se ha atado el ministro para resistir la sacudida que esta mañana ha llegado desde la Cámara Baja, dado que el nuevo informe jurídico no solo duda de la legalidad de la amnistía, sino que defiende que la medida de gracia requeriría una "reforma constitucional". Y apunta además que "la extinción de responsabilidad en relación con el delito de malversación" podría ser "contraria a Derecho europeo", como también podría serlo "la inclusión de los delitos de terrorismo en los cuáles no haya aún sentencia firme".
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