Junts y ERC han presentado este martes por separado sus enmiendas a la proposición de ley de amnistía y coinciden en pedir que se incluyan los delitos de terrorismo entre los actos que se beneficien de la medida de gracia. Los exconvergentes, además, quieren ampliar el periodo que abarque la amnistía, desde el 1 de noviembre de 2011 -dos meses más-, y añadir una disposición adicional para garantizar que la ley se aplique de forma "inmediata" una vez aprobada por las Cortes Generales.
Además, los de Carles Puigdemont buscan ampliar los actos englobados en la norma, incluyendo los "atribuidos" en base a "operaciones policiales artificiosas orientadas a la criminalización de cargos públicos". Acotan que se han de amnistiar actos de "colaboradores" aunque no estén directamente "vinculados" al procés, un planteamiento que podría ir dirigido a personas como la presidenta de Junts, Laura Borrás -condenada por corrupción-, o Gonzalo Boye, el abogado del expresident.
Los independentistas buscan también protegerse ante posibles recursos de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales, por lo que reclaman que en ambos casos se alcen de inmediato las medidas cautelares. Pretenden incluir otra enmienda para que se extingan las responsabilidades civiles y contables, "incluidas las que estén siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas". Y quieren retirar de la proposición de ley el punto por el cual la amnistía no da derecho a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multas.
El 'procés' arrancó en 2011
Uno de los muchos cambios que propone Junts en su docena de enmiendas a la proposición de ley de amnistía es el horizonte temporal de la medida de gracia. Así, si el texto actual amnistía los acontecimientos sucedidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, Junts quiere ampliar este espacio temporal para protegerse desde el 1 de noviembre de 2011.
Esta modificación podría estar vinculada a unos documentos que la Policía intervino a los Mossos d'Esquadra. Entre aquella ingente cantidad de papeles había una nota informativa en la que se sitúa el inicio del plan independentista en una reunión que mantuvieron el 25 de noviembre de 2011 "máximos dirigentes" de Convergencia Democrática de Catalunya.
Junts busca blindar la aplicación inmediata de la ley
La mayoría de las enmiendas que presenta Junts están enfocadas a la aplicación total e inmediata de la ley de amnistía, son propuestas construidas sobre la desconfianza en el Poder Judicial, tal como dejan ver muchas de las justificaciones. Así, uno de los planteamientos de los exconvergentes es añadir dos nuevas disposiciones adicionales que garantizan "la aplicación inmediata de la ley de amnistía", y por tanto impedir que se "desvirtúe el interés general que persigue, mediante el alzamiento de todas las medidas que impidan su eficacia".
La primera disposición establece que el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad ante el órgano de garantías "no tendrá en ningún caso efectos suspensivos, en particular sobre la vigencia y la aplicación de la presente Ley Orgánica". La segunda señala que cuando un juez dude del encaje de la norma en la legislación europea y presente una cuestión prejudicial, pese a suspenderse el procedimiento, esto no afectará "a la vigencia y aplicabilidad general de la presente ley orgánica".
El grupo parlamentario detalla, para no dejar un cabo suelto, que se alzarán las medidas cautelares "cuando se suspenda el procedimiento en virtud del planteamiento de cualquier cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
Otra maniobra de los independentistas para asegurarse de la efectividad de la ley es dejar claro que quien alce medidas cautelares sea "el órgano judicial que estuviese conociendo la causa". Así, en el artículo cuarto de la norma pretenden cambiar un "quedarán sin efecto" por un "En el momento de la entrada en vigor de esta ley, por el órgano judicial que venga conociendo de la causa procederá desde luego a dejar sin efecto" las posibles medidas cautelares, órdenes de busca y captura y euroórdenes. Esta última modificación la añaden también en el artículo 11.
Incluir los delitos de terrorismo
El partido de Carles Puigdemont, a quien el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sitúa como posible implicado en los supuestos delitos de terrorismo de Tsunami Democràtic, quiere blindarse también ante esta investigación. Así, propone cambiar el artículo 2 de la proposición de ley, por el que se excluyen de la amnistía "los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017".
Junts pretende retirar este párrafo de la norma y excluir de la amnistía, en vez del terrorismo, "los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea". Este cambio afectaría también a los doce integrantes de los CDR procesados en la Audiencia Nacional y que están pendientes de juicio por presuntos delitos de terrorismo.
Respecto a la eliminación de los delitos de terrorismo, Junts señala en la justificación de la enmienda que no existe "ninguna obligación conventual ni jurisprudencial" que obligue a excluir estos actos de la medida de gracia. Por tanto, razonan, "es evidente que no existe razón alguna para mantener tal exclusión".
Igualmente, pretende excluir de la medida de gracia "los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal" e incluir "los delitos contra la Comunidad Internacional comprendidos en el Título XXIV del Código Penal".
Incluir actos no vinculados al 'procés'
La enmienda número 26 presentada por Junts plantea modificar el ambito de aplicación de la medida de gracia para incluir los actos "atribuidos a quienes" hayan asistido, asesorado o colaborado con el independentismo, aunque estos actos no estén relacionados con el independentismo. "Se entenderán por comprendidos aquellos actos [...] atribuidos en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno", apunta la enmienda.
Excluye, eso sí, los actos que "efectivamente" hayan conllevado un incremento patrimonial de origen ilícito. En la justificación de esta enmienda, Junts sostiene que la amnistía no cumpliría su finalidad si no se beneficiaran de ella quienes han colaborado con el independentismo y han sido juzgados (o son investigados) por actos que según el juez no están vinculados al procés.
Esta enmienda podría estar vinculada con las situaciones de Laura Borrás o Gonzalo Boye, imputados en causas que nada tienen que ver con el independentismo catalán, pero que según Junts estarían siendo víctimas de una persecución judicial por sus vínculos con el independentismo.
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