Eliminar el término ‘disminuidos’ de la Constitución y cambiarlo por ‘personas con discapacidad’ es algo que parecía bastante obvio. Una obligación como país y sociedad. Un simple acto de justicia. Sin embargo, por muy evidente que parezca, la votación que protagonizó este martes el Congreso ha tardado casi 20 años en producirse, desde que lo solicitaron formalmente las organizaciones sociales. Demasiado tiempo. Al menos, quedémonos con el justo paso dado, el único brote verde que se ha visto hasta ahora en la legislatura de la polarización.