El lenguaje lo es todo. Las palabras construyen la realidad. Y si la sociedad española ya ha iniciado el camino para que el lenguaje de los poderes públicos y de los medios de comunicación sea inclusivo, no puede dejar a nadie fuera; tampoco a las personas con algún tipo de discapacidad. No, no son disminuidos... como aún se lee en la Constitución Española.

En el Título I de los derechos y deberes fundamentales, en su capítulo tercero, de los principios rectores de la política social y económica, está el artículo 49. Dice así: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos". Sí, dice "disminuidos".

Ese texto se escribió en 1978. Han pasado 44 años. El 7 de diciembre de 2018, el día siguiente del 40 aniversario de la Constitución Española, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuidos". Sin embargo, su tramitación parlamentaria decayó.

Se recuperó el propósito y el 11 de mayo de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el otra vez el anteproyecto de reforma del artículo 49 para eliminar el término "disminuidos". El nuevo artículo lo sustituiría por el de "personas con discapacidad" para reflejar el enfoque de derechos y de inclusión al que España se comprometió cuando ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El artículo 49 quedaría así, según la propuesta del Ejecutivo:

Las entidades sociales, que venían demandando esta reforma desde hacía lustros, hablaron de "día histórico" para los derechos de las personas con discapacidad. En ese punto se inició la tramitación parlamentaria de la primera reforma social de la Constitución.

La reforma se enreda en el Parlamento

Pero con la política habíamos topado. Toda reforma de la Carta Magna requiere ser aprobada por tres quintas partes de las Cortes. En septiembre del pasado año, el proyecto de Ley para modificar dicho artículo fue admitido a trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Vox, que suman más de un tercio de los escaños.

"No es el momento oportuno, políticamente hablando", dijo en septiembre de 2021 la portavoz del PP, Cuca Gamarra

"No es el momento oportuno políticamente hablando", justificó en una rueda de prensa la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra. Explicó que no se oponían a la modificación del texto sino a la oportunidad política en estos momentos para abrir una reforma constitucional. Desde Vox, su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, dijo que su grupo plantearía una enmienda de devolución al texto.

Hoy, un año después, el PP se está reuniendo con representantes de distintas entidades que trabajan en favor de las personas con discapacidad para -dicen- "obligar al Gobierno a sentarse de una vez" para modificar el artículo 49 de la Constitución española.

En junio, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, propuso constituir una mesa de trabajo de su partido, con el PSOE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para "avanzar en el texto definitivo" de la reforma.

La reforma de la Constitución para eliminar el término "disminuidos" lleva atascada en la Comisión Constitucional del Congreso desde diciembre de 2021

El caso es que la reforma de la Constitución para eliminar el término "disminuidos" ha quedado atascada en la Comisión Constitucional del Congreso desde que en diciembre pasado el texto del Gobierno superara sendas enmiendas a la totalidad del PP y Vox.

El proyecto de reforma se ha llegado a prorrogar hasta en 55 ocasiones (ampliaciones del plazo de enmiendas) desde junio de 2021 en la Mesa del Congreso y por ahora no parece que vaya a avanzar mucho más. En principio, PSOE y PP no tienen previsto algún tipo de negociación al respecto.

Ocurre que "detrás de una aparente sencillez se esconde un asunto mucho más espinoso. Y es que reformar la Carta Magna puede, según temen algunos, abrir la veda a futuros cambios de mayor calado", escribía en julio nuestra compañera Elena Omedes. El PP quiere evitar que con esta reforma se siente un precedente y que, así, otros grupos parlamentarios -ellos miran a los independentistas y a Unidas Podemos- aprovechen para intentar que se toquen otros artículos.

El PP quiere evitar que con esta reforma se siente un precedente y otros grupos parlamentarios aprovechen para intentar que se toquen otros artículos

Para entenderlo hay que tener en cuenta el artículo 167-3 de la Constitución. Éste dice que, una vez aprobada una reforma del texto, 35 diputados pueden solicitar que se someta a referéndum. Precisamente, en octubre, Podemos presentó una proposición no de ley en el Congreso para tramitar la reforma, comprometiéndose a no aprovechar el momento para otros cambios de la Carta Magna.

La reforma es "imperativa"

Y mientras una sencilla reforma se enreda en las agendas de los partidos políticos, las entidades sociales intentan relanzarla a toda costa. Es de justicia. Por ejemplo, CERMI advertía hace sólo unos días que la modificación del artículo 49 de la Constitución es imperativa.

'Disminuidos' es un término hiriente que, además, no encaja con el modelo social de discapacidad"

Esta organización destacaba la importancia de suprimir "disminuidos", un término "hiriente y que no encaja con el modelo social de la discapacidad". CERMI defiende que el nuevo artículo "mucho más amplio e integral, cristaliza la visión de derechos humanos de acuerdo con el marco internacional y europeo".

También aplaude el texto del Gobierno la Confederación Española de Personas con Discapacidad (COCEMFE). Consideran que la reforma "incorpora el enfoque de derechos humanos, la defensa de la inclusión y vida independiente, la perspectiva de género, la interlocución con las organizaciones y el lenguaje inclusivo".

En cambio, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) rechaza que se proclame la titularidad de los derechos y deberes constitucionales de las personas con discapacidad. Consideran que "este enunciado parece sugerir que sin este reconocimiento expreso no tendría lugar esa titularidad; cuando es evidente que cualquier persona, por el mero hecho de serlo, es titular de los derechos y deberes constitucionalmente reconocidos".