Junts intenta aprovechar la aritmética parlamentaria y la fortaleza de sus siete votos en el Congreso para reparar los daños causados por el procés en el tejido empresarial catalán. En ese objetivo se enmarca el órdago lanzado por el partido de Carles Puigdemont, que a cambio de apoyar el decreto 'ómnibus' del Gobierno, ha exigido a Pedro Sánchez incentivar a las empresas que se marcharon de Cataluña huyendo de la deriva independentista para que vuelvan o, incluso, multar a las que no quieran volver a territorio catalán.
Fueron más de 3.000 las empresas que trasladaron su sede social de Cataluña a otras comunidades autónomas durante los nueve meses posteriores a la fracasada declaración unilateral de independencia (DUI) proclamada por Puigdemont en octubre de 2017 y la gran mayoría de ellas nunca regresaron. Así lo revela un estudio de la consultora Informa, en el que se puede observar cómo el procés disparó en más de un 700% la fuga de empresas de Cataluña hacia otras regiones españolas.
Analizando los cambios de domicilio social de una comunidad a otra por trimestres desde el año 2015, se aprecia perfectamente que la deriva independentista fue el catalizador que disparó el éxodo empresarial en Cataluña: en el tercer trimestre de 2017 se fueron 167 empresas y en el trimestre inmediatamente posterior, justo después de la DUI, la cifra se catapultó hasta las 1.298 empresas, un incremento del 777%.
Pero la sangría no se detuvo en ese último trimestre de 2017, sino que se intensificó en los primeros tres meses de 2018, con un récord de 1.527 traslados de empresas allende las fronteras catalanas. Incluso en el segundo trimestre de 2018 se mantuvo un número de traslados anormalmente alto (485) para la serie histórica.
Entre esa ingente cantidad de empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña se encuentran grandes compañías, incluso algunas cotizadas del Ibex. Es el caso, por ejemplo, de Caixabank, Banco Sabadell o Endesa. Otras empresas de renombre que se fueron son Donuts, Allianz, Zúrich, Pastas Gallo, Idilia, Codorníu, AXA, Bimbo, Planeta... y muchas otras.
La fuga de empresas en 2017 fue facilitada, en parte, por el llamado 'decreto De Guindos', impulsado por el entonces ministro de Economía de Mariano Rajoy, Luis de Guindos, que permitió a las compañías aprobar cambios de sede social de forma exprés sin someterlo al voto de los accionistas. Fue una medida demandada por grandes empresas catalanas, que entraron en pánico ante la deriva independentista y quisieron trasladar rápidamente su domicilio social en busca de seguridad jurídica. Ese decreto ha estado siempre en el punto de mira de los partidos independentistas catalanes y Junts exige ahora a Sánchez su derogación.
Cataluña, con el mayor saldo negativo
A pesar de la catarsis de octubre de 2017, lo cierto es que Cataluña ya arrastraba desde 2015 un saldo negativo entre salidas y llegadas de empresas, es decir, se iban más de las que llegaban. Y esa tendencia se ha mantenido en el tiempo hasta la actualidad. De hecho, en el tercer trimestre de 2023, el último analizado por Informa, se aprecia que Cataluña tuvo el saldo más negativo de entre todas las autonomías, con la pérdida de 31 empresas. En el lado opuesto se situó Madrid, que ganó 25 compañías.
Desde el primer trimestre de 2015, Madrid ha sido la comunidad que ha registrado el mayor número de saldos positivos, con 29 trimestres en verde y solo 2 negativos. Le siguen Baleares (28 trimestres positivos) y la Comunidad Valenciana (19), mientras que Cataluña nunca ha registrado un saldo positivo en los 35 trimestres analizados (hasta el tercero de 2023).
Pero aunque la serie histórica ha sido negativa para Cataluña desde 2015, fue a raíz del referéndum de independencia de 2017 cuando el saldo negativo se disparó a consecuencia de la fuga de empresas, ya que la llegada de nuevas sociedades se mantuvo más o menos constante. Así, vemos cómo Cataluña pasó de perder 63 empresas en el tercer trimestre de 2017, a perder 1.189 en el cuarto y 1.435 durante el primero de 2018.
No obstante, los cambios de domicilio empresarial no siempre tienen el mismo impacto económico porque incluyen tanto a pequeñas como grandes empresas. De hecho, contabilizando los cambios de residencia por volumen de facturación, los datos cambian sustancialmente y vemos que en ese tercer trimestre de 2023, Cataluña fue la segunda comunidad con mayor saldo positivo (268 millones de euros), solo por detrás de Madrid (460 millones), a pesar de perder 31 empresas.
¿Dónde se van las empresas catalanas?
La Comunidad de Madrid fue la gran beneficiada del éxodo empresarial de Cataluña de 2017 y 2018 al registrar la mayoría de cambios de domicilio social procedentes de ese territorio, aunque también se beneficiaron sus regiones fronterizas, Comunidad Valenciana y Aragón, y en menor medida Andalucía.
Ese flujo se ha mantenido más o menos constante porque en el tercer trimestre de 2023, Madrid volvió a ser la comunidad que más empresas catalanas recibió, al dar de alta a 91 de las 195 que se marcharon de Cataluña (46,6% del total). Le siguieron la Comunidad Valenciana y Andalucía, con 23 registros cada una (11,7%).
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