El Gobierno español vende estos días como un paso histórico en el camino de las conquistas sociales la sustitución del término "disminuido" por la expresión "personas con discapacidad" en el texto de la Constitución. No voy a objetar nada sobre ese cambio léxico. Si hay, entre los aludidos por ese vocablo, quien se siente humillado u ofendido, doy por bueno su reemplazo. Lo que sí voy a lamentar, en cambio, es que esa esmerada preocupación gubernamental por el lenguaje, tan característica del progresismo populista, no vaya acompañada por los hechos en lo que a discapacidades se refiere. Pienso en la sombría amenaza que el Ejecutivo de Sánchez está haciendo planear sobre los "centros de educación especial" con su anunciado plan y su equivocado criterio de suprimirlos e integrar a su alumnado en institutos y colegios públicos. Se plantea tal disparate en nombre de una igualdad que no sería tal, dado que el alumnado que hoy acude a esos centros lo hace porque necesita una atención docente más específica, adecuada y personalizada que de ningún modo tendría en la escuela en la que se imparte una educación generalista por más que esta vaya acompañada de un apoyo profesoral y terapéutico que sería siempre insuficiente, dadas las diferencias de nivel educativo que demanda este colectivo. A ese aspecto didáctico se añade la amenaza real del bullying que se cierne sobre el diferente y que entra en el plano social y humano.

Sí. Llevar a un niño que padece una parálisis cerebral a un instituto público o a un colegio privado donde sus compañeros de clase no sufren las limitaciones de dicho trastorno no es favorecer la igualdad y la integración de ese escolar en la sociedad sino, al contrario, condenarlo a la falta de autoestima más antipedagógica y a un lacerante contraste con la salud de los otros. Dicho de otra forma, es conseguir que ese niño, pese a poseer muchas veces un coeficiente intelectual superior a la media, se sienta menos inteligente al compararse con los otros y se pase los recreos sentado en una escalera mientras todos los demás se divierten. Es conseguir que ese muchacho viva su escolarización como un dramático agravio y acabe diariamente regresando al hogar con su estado anímico por los suelos.

La igualdad no se logra negando una desigualdad real de partida como es la de una perturbación neurológica que puede afectar al movimiento físico, al aprendizaje, a la audición, a la visión, a la comprensión cognitiva y demás funciones del sistema nervioso. La igualdad para quienes sufren afecciones de esa naturaleza, se conseguirá, lógicamente, facilitando su acceso a unos centros de educación especializada (los mismos que el Gobierno pretende cargarse) donde ese educando no se vea distinto y en desventaja frente a los otros. La igualdad tampoco se alcanza regalándole la ESO a ese estudiante que no la ha superado. Ese es un obsequio envenenado, un falso atajo, una mentira lesiva del orgullo propio y un destrozo.

Padecemos un populismo gobernante que anda entre la desfachatez y el pensamiento mágico. Cree que los males se curan negándolos o limitándose a cambiar las palabras cuando no creando chiringuitos con nombres rimbombantes y orwellianos: Ministerio de Igualdad, Ministerio de Juventud e Infancia… No, la solución no es crear un Ministerio de la Discapacidad para los amigos, cónyuges, hermanos y cuñados.