Los ministros de Economía y Finanzas de la UE han llegado a un acuerdo este miércoles para cerrar un acuerdo político que alumbre unas nuevas reglas fiscales europeas. Un pacto clave para los Veintisiete dado que establece el nuevo marco legal con el que los Estados con más deuda y déficit deberán ajustar sus presupuestos tras cuatro años sin disciplina fiscal comunitaria. El acuerdo incluye obligaciones de ajuste exigentes para los países que, como es el caso de España, superen los límites máximos de deuda y déficit.

Así lo han anunciado esta tarde la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Economía, Nadia Calviño, y el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrosvkis, tras una reunión informal del Ecofin para terminar de pulir los últimos detalles técnicos.

Calviño se ha congratulado de un acuerdo "unánime" que "garantiza" una reducción sostenida y gradual de la deuda y el déficit, y a la vez deja margen para proteger la inversión pública en cuestiones prioritarias para la UE como son la transición verde y digital, la defensa o el gasto social. La vicepresidenta ha añadido que el nuevo marco es más "realista" y responde "a la realidad pospandémica", en la que los países de la UE han acumulado una deuda que superaba el 83,5% del PIB el año pasado y un déficit del 3,2%.

El nuevo marco fiscal europeo se ha diseñado con la idea de hacerlo más sencillo y personalizado, pero manteniendo los límites máximos permitidos de deuda (60% sobre el PIB) y de déficit (3% sobre PIB). Dos referencias que a menudo han sido criticadas por su arbitrariedad. Los Estados miembros que superen esos niveles deberán acometer ajustes para cuadrar las cuentas. Sin embargo, a diferencia de la legislación anterior, en esta ocasión se tendrá en cuenta la situación específica de cada país para diseñar la senda de ajuste. 

Los gobiernos tendrán la iniciativa y presentarán planes personalizados a varios años, que deberán negociar con la Comisión Europea y recibir el visto bueno del Consejo. Antes, era Bruselas quien imponía la agenda de ajuste. Los planes estructurales para reducir la deuda tendrán un plazo de cuatro años, ampliable a siete si los países miembros incorporan reformas e inversiones. 

Sin embargo, la velocidad del ajuste presupuestario -que se pueden realizar por la vía del recorte de gasto o del aumento de los ingresos- será bastante exigente para los países con más deuda y déficit. Quienes tengan un pasivo de más del 90% del PIB estarán obligados a reducirlo a un ritmo del 1% anual, una velocidad que se relaja al 0,5% para los países con una deuda entre el 60 y el 90%. 

Pero las exigencias más duras se aplicarán en la reducción del déficit. Los países que incumplan los dos umbrales máximos deberán presentar un plan con un ajuste equivalente al 0,4% del PIB al año (unos 5.400 millones en euros de 2022), que se podrá reducir al 0,25% en caso de que se amplíe el plan de cuatro a siete años. Quienes superen el 3% del déficit y entren en el brazo corrector, deberán aplicar un ajuste del 0,5% (equivalente a unos 6.700 millones). 

Pero es que, además, los países que tengan un déficit por debajo del 3% del PIB tendrán que mantener un déficit estructural -el que queda descontando los efectos del ciclo económico- del 1,5%. Una exigencia que antes no existía y que está pensada para que los países  generen un colchón en tiempos de bonanza para emplear en momentos de crisis. 

Para que el impacto de estos ajustes no sea inmediato y golpee justo en un momento en el que los tipos de interés van a elevar considerablemente los costes de la deuda, los Veintisiete han pactado un régimen transitorio hasta 2027. Entre 2025 y 2027, los Estados que se vean en esta situación, podrán descontarse del ajuste el coste de los intereses de la deuda, lo que en la práctica limitará el tamaño del ajuste.

Expediente clave en la presidencia española

La reforma de las reglas fiscales es probablemente el expediente más importante que se ha negociado durante la presidencia española del Consejo de la UE, que concluirá el próximo 31 de diciembre. Tras recibir la aprobación de los Veintisiete, el texto deberá recibir el visto bueno del Parlamento Europeo de cara a entrar en vigor el primer trimestre de 2024.

La actualización del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el nombre de la legislación sobre las reglas fiscales, lleva discutiéndose desde 2021. La primera comunicación sobre su reforma salió de la Comisión Europea en diciembre del año pasado. Después, pasaría por el Consejo Europeo, que planteó sus recomendaciones el pasado marzo. Las negociaciones se dilataron por el desacuerdo entre los países partidarios de objetivos fiscales más estrictos -encabezados por Alemania- y los Estados con una situación fiscal más delicada -liderados por Francia- que pedían compaginar la disciplina fiscal con margen para la inversión pública. En diciembre se intensificaron las conversaciones y finalmente se ha alcanzado un acuerdo que han firmado por unanimidad todas las partes.