El Gobierno de Pedro Sánchez ha ordenado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la compra de un 10% del capital de Telefónica, una operación que se produce dos meses y medio después de que Saudí Telecom anunciara su entrada en el accionariado de la tecnológica española. El movimiento saudí puso en guardia al Ejecutivo, que ha movido ficha para salvaguardar los intereses de una empresa estratégica para España. Estas son las claves de la lucha por el control de uno de los gigantes del IBEX-35:
Una compra que alertó al Gobierno
El pasado 5 de septiembre, la operadora de telecomunicaciones Saudí Telecom (STC) anunció su intención de hacerse con el 9,9% de las acciones de Telefónica por 2.100 millones de euros, con lo que la empresa gestionada por el Estado de Arabia Saudí se convertiría en el primer accionista de la teleco, muy por encima de BBVA (4,87%), BlackRock (4,48%) o CaixaBank (3,5%).
La operación, no obstante, requería del visto bueno del Gobierno al tratarse de una adquisición superior al 5% de una empresa considerada estratégica para la defensa nacional o los intereses de España. Así, el grupo saudí solo pudo comprar el 4,9% de Telefónica en acciones de la compañía, mientras que el 5% restante quedó a la espera de la autorización del Ejecutivo.
El Ejecutivo analiza detenidamente la operación
El entonces ministro en funciones de Industria, Héctor Gómez, ya dejó claro que el Gobierno iba a analizar detenidamente "el alcance y las características" de la operación saudí. "Estamos hablando de un operador estratégicamente relevante porque está jugando un papel crucial dentro de la transformación digital en nuestro país. Estamos estudiando la operación con mucho detenimiento y vamos a hacerle un seguimiento", declaró.
El pasado 31 de octubre, la SEPI ya adelantó que el Gobierno planeaba entrar en el accionariado de Telefónica al comunicar a la CNMV que estaba "llevando a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial" de la compañía.
Movimientos en Telefónica
Nada más hacerse públicos los planes de Saudi Telecom, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, viajó a Arabia Saudí, junto al consejero delegado de la compañía, Angel Vilá, para conocer de primera mano el proyecto de inversión.
Aunque de puertas hacia fuera Telefónica ha adoptado un perfil bajo ante la operación anunciada por los saudís, internamente ha habido mucho movimiento desde entonces y la semana pasada hubo cambios en el Consejo de Administración, con la entrada de dos consejeros independientes, Alejandro Reynal Ample y Solange Sobral Targa.
Asimismo, el presidente Pallete, que mantiene buena sintonía con el Gobierno de Sánchez, ha dado más poder a Javier de Paz, amigo íntimo de José Luis Rodríguez Zapatero y una figura muy vinculada al PSOE, quien ha sido designado presidente de una nueva Comisión de Sostenibilidad y Regulación de la compañía.
El Gobierno mueve ficha
Este martes, el Consejo de Ministros aprobó la adquisición del 10% de Telefónica y la SEPI lo notificó a la CNMV. La operación tendrá un coste de en torno a los 2.500 millones de euros y convertirá al Estado en el primer accionista de la compañía.
Con este movimiento, el Gobierno pretende mantener el control de Telefónica para "dar estabilidad" a la compañía y para que pueda "lograr sus objetivos estratégicos", según ha declarado la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, quien calificó a Telefónica como "la empresa más estratégica" de España.
Los planes del Gobierno también pasan por un entendimiento con BBVA y CaixaBank, los otros dos grandes accionistas españoles, para asegurarse ese control de la tecnológica frente a hipotéticos pactos entre inversores extranjeros, ya que una alianza entre STC y el fondo de inversión americano BlackRock superaría la participación del Gobierno en Telefónica.
¿Por qué la oposición critica la compra del Gobierno?
Aunque la compra del 10% de Telefónica se enmarca dentro del interés del Gobierno por mantener el control de una empresa estratégica para España, los partidos de la oposición han sido críticos con ese movimiento. Desde el PP han subrayado que existían mecanismos suficientes como para blindar el control de la tecnológica sin la necesidad de entrar en el accionariado.
En ese sentido, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha acusado al Gobierno de "intervencionismo" por querer "ocupar" el sector privado y ha recordado que mediante la golden share (acción de oro), el Gobierno puede bloquear las operaciones extranjeras en empresas estratégicas. "Hay una norma que ya existe en este país, que es la acción de oro, que permite que esa situación no se produzca y que permite protegernos, incluso con la intervención del Ministerio de Defensa", ha declarado.
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