La irrupción del Estado en Telefónica con el anuncio de la compra de hasta un 10% de la compañía por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), recibido con subidas en bolsa, permitirá crear un núcleo duro español en la operadora tras la entrada en su accionariado de la saudí STC.
El Ejecutivo lo tenía claro. Desde que la compañía de telecomunicaciones Saudi Telecom (STC) Group anunció que había adquirido una participación del 9,9% de Telefónica por 2.100 millones de euros, el Gobierno había reiterado que aplicaría todos los mecanismos necesarios para defender los intereses de la compañía. Y ha cumplido.
Con un movimiento que se venía analizando desde octubre, el Consejo de Ministros autorizaba este martes a la SEPI a comprar hasta un 10% del capital de la firma, lo que podría convertir al Estado en su máximo accionista y supone su vuelta al accionariado 26 años después.
Una noticia que los mercados han recibido al alza. Los títulos de Telefónica, que han llegado a aumentar casi un 7 % en los primeros minutos de la sesión, se han moderado a lo largo de la jornada y han cerrado en 3,679 euros (un alza del 3,2 %), la mayor subida del IBEX 35, principal índice de la Bolsa española.
Esta subida podría encarecer el coste de la operación para la Sepi ya que, mientras que este martes comprar una participación del 10% de la compañía suponía un desembolso de unos 2.050 millones a precios de mercado, este miércoles la cifra aumentaba hasta 2.116 millones. Se trata, en cualquier caso, de "una subida relevante tras los mínimos" en los que se movía, en palabras del analista sénior de IG Sergio Ávila.
El analista de XTB Manuel Pinto cree que es una "magnífica noticia para los inversores" a corto plazo, cuando, en opinión de IG y Renta 4, lo más normal es que las acciones avancen debido a la presión compradora, aunque la SEPI aseguró que intentaría minimizar el impacto en la cotización.
A medio y largo plazo, los analistas consideran que todo dependerá de los planes del Gobierno, con dos escenarios posibles: que el equipo directivo y el Consejo se mantengan o que el Ejecutivo quiera ejercer una mayor cuota de poder en la operadora y los inversores puedan interpretarlo como una interferencia política en la marcha de compañía.
"Lo mejor para la compañía es que el actual equipo directivo y el consejo mantengan la independencia actual", aseguran desde Renta 4, ya que a su juicio "cualquier percepción de interferencia 'política' será mal interpretada por los inversores".
Por su parte, XTB ha mostrado sus dudas sobre las consecuencias del movimiento a medio plazo, al considerar que, con la entrada de capital público, la empresa puede tener objetivos diferentes a los inversores privados, por lo que será "clave" la gestión diaria de la compañía y los posibles conflictos de interés.
En su comunicado, la SEPI señaló que su participación, que tiene "vocación de permanencia", permitirá a Telefónica "una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas".
Fuentes del organismo público no han dado pistas sobre cómo será la financiación de esta operación, aunque han confirmado que, como es habitual en estos casos, se contratará a un asesor financiero y un intermediario en bolsa y que se definirán los pasos a seguir.
Si Telefónica mantiene su política de dividendos (0,3 euros por acción anual), el Estado recuperaría en 12 años su inversión vía retribución al accionista, ya que ingresará unos 172,5 millones anuales.
Posibles cambios en el Consejo
Hasta la entrada de STC, el BBVA era el primer accionista de Telefónica, con un 4,87 %; seguido del fondo estadounidense BlackRock, con un 4,48%, y la entidad financiera CaixaBank, con un 3,5% directo, aunque Criteria -grupo que gestiona las participaciones de la Fundación La Caixa- cuenta con otro 2,53%.
Por su parte, STC Group anunció su entrada mediante la adquisición del 4,9% de las acciones y un 5% adicional en productos financieros derivados, que convertirá en acciones en caso de obtener las autorizaciones gubernamentales.
Si la SEPI alcanza el 10% de Telefónica, el núcleo duro español en la operadora controlaría el 20,9% del capital, más del doble que STC en caso de que el Gobierno le autorice a ejecutar su opción sobre los derivados.
En este escenario, fuentes del mercado han confirmado a EFE que sería lógico pensar que en este grupo de accionistas relevantes haya intereses compartidos y eso pueda dar estabilidad a la compañía.
Otras fuentes se han mostrado sorprendidas por lo abultado del paquete accionarial que está dispuesta a comprar la SEPI, ya que se rumoreaba que el Estado entraría con un 5%. Criteria y BBVA no han querido hacer declaraciones sobre este movimiento.
El consejo de administración de Telefónica está formado actualmente por 15 consejeros, más un secretario y un vicesecretario.
CaixaBank y BBVA -los dos accionistas de referencia históricos de la compañía- cuentan con un vicepresidente cada uno, pero esto podría cambiar, ya que tanto la SEPI como STC podrían reclamar un vocal en el Consejo al contar con una participación superior al 6,67 %.
"Berrinche"
La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles la operación y ha calificado de "berrinche" las críticas del PP, que la consideró el martes "populista e intervencionista".
Por su parte, el sindicato UGT ha valorado este movimiento, un paso que refuerza el posicionamiento en bolsa de la compañía y que esperan que repercuta en una "mejora de las condiciones laborales".
En este sentido, la operación llega en un contexto marcado por las negociaciones de un expediente de regulación de empleo (ERE) para casi 4.000 trabajadores en España, y después de que la compañía, que el próximo año celebrará su centenario, presentara el pasado noviembre su nuevo plan estratégico.
Un plan al que precisamente se refirieron tras conocerse la noticia, al asegurar que continúan enfocados en su ejecución. Desde entonces, la compañía no ha querido realizar declaraciones.
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