Después de brindar por el año nuevo y enfrentarse la cuesta de enero, los hogares españoles se encontrarán con una desagradable sorpresa en el arranque de 2024. Salvo que el Gobierno lo remedie in extremis, la factura de la luz y el gas registrará una importante subida al decaer la rebaja fiscal que ha permitido abaratar estas dos fuentes de energía durante los momentos más agudos de la crisis surgida por la guerra en Ucrania. En un contexto de ralentización económica y con la amenaza de un repunte en la inflación que conllevaría el fin de la rebaja fiscal, la tentación por mantener parte de ese apoyo puede ser grande. Sobre todo si se tienen en cuenta los efectos favorables que traería a corto plazo.
En este sentido, el Banco de España estima que extender la rebaja del IVA a la electricidad y el gas a todo 2024 (actualmente está en el 5%) reduciría un punto porcentual la inflación y elevaría dos décimas el crecimiento económico previsto para el año próximo. Por contra, mantener el alivio implicaría un impacto de 3.000 millones de euros sobre las cuentas públicas en un año en el que volverá el rigor fiscal de la Unión Europea. Traducido en cifras más concretas, mantener la rebaja del IVA energético el año que viene provocaría que la inflación en 2024 se reduciría del 3,3% que espera la institución en 2024 a un 2,3%, mientras que la economía crecería un 1,8% y no un 1,6% como espera el supervisor bancario.
El Banco de España da por hecho que el fin del apoyo energético provocará un ligero repunte de la inflación en la primera parte del año, que después irá cediendo a partir del verano. Además, de la rebaja del IVA energético, también está previsto que decaiga la bajada del impuesto especial eléctrico (actualmente reducido al mínimo legal del 0,5%) y el impuesto a la generación eléctrica que abonan las compañías, actualmente suspendidas. Otra de las medidas que dejará de estar vigente es el mecanismo ibérico para abaratar el precio de la luz mayorista, que el Gobierno ha descartado prorrogar.
Mantener las rebajas fiscales por la energía ayudaría a reforzar la recuperación de poder adquisitivo que se ha producido tras las subidas salariales y la bajada de la inflación a lo largo de este año. Un movimiento que podría impulsar el crecimiento en un año que se antoja incierto con una economía del euro estancada desde hace doce meses.
Oposición en Bruselas y efecto rebote
Sin embargo, extender la rebaja fiscal al IVA tiene importantes inconvenientes y varios de ellos pasan por Bruselas. En primer lugar, porque la Comisión Europea ha pedido explícitamente a todos los Estados miembros que retiren las medidas de apoyo energético que tienen en vigor. Un llamamiento que no han atendido países como Francia o Alemania, que ya han anunciado que mantendrán subvenciones a la energía también en 2024, lo que ha causado que la Comisión cuestione sus planes presupuestarios. Además, resulta difícil de justificar que se mantengan estas rebajas fiscales con unos precios en los mercados mayoristas de la energía cada vez más alejados de los salvajes picos que se alcanzaron durante 2021 y 2022.
Y, en segundo lugar, porque el margen fiscal que tiene España para adoptar nuevas medidas de apoyo -sean de la naturaleza que sean- es muy limitado. El plan presupuestario que el Ejecutivo presentó a Bruselas en noviembre reflejaba que la única vía para que España lograse cumplir con el objetivo de déficit del 3% fijado para 2024 era retirar todas las medidas de apoyo que vencen el 31 de diciembre.
Además, hay que tener en cuenta que mantener la rebaja fiscal a la luz y el gas es pan para hoy y hambre para mañana. Los efectos favorables que tiene sobre la inflación a corto plazo se revierten a medio plazo. Si la retirada del alivio energético se retrasara a 2025, se produciría un efecto rebote sobre los precios que se notaría en ese ejercicio. Por tanto, el balance final sobre los precios es neutro.
El Gobierno tiene apenas diez días por delante para decidir qué hacer con el grueso del paquete de medidas anticrisis que ha estado en vigor durante este año. El Ejecutivo ya ha confirmado que mantendrá la rebaja del IVA a ciertos alimentos básicos y la gratuidad del transporte público también en 2024, pero, si nada lo remedia, el resto de medidas decaerán el 31 de diciembre. Sin embargo, se reserva un as bajo la manga. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado claro que todavía ven margen presupuestario para incorporar o prorrogar alguna medida más de las que ya se conocen. Diversos ministros que la decisión sobre una eventual prórroga se adoptará la semana que viene, aunque no han revelado el contenido de las medidas que se está estudiando extender.
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