¿Y qué se hace en España con toda la droga incautada? Esto es lo que dice el protocolo de custodia y destrucción de los alijos

La Policía Nacional ha incautado en tan solo una semana 11 toneladas de cocaína en Galicia y Valencia ocultas en contenedores marítimos procedentes de Latinoamérica, en lo que supone la mayor aprehensión de esta droga en España y un duro golpe a las organizaciones albanesas, las más "poderosas" actualmente en Europa.
La Policía Nacional ha incautado en tan solo una semana 11 toneladas de cocaína en Galicia y Valencia ocultas en contenedores marítimos procedentes de Latinoamérica, en lo que supone la mayor aprehensión de esta droga en España y un duro golpe a las organizaciones albanesas, las más "poderosas" actualmente en Europa.
La Policía Nacional ha incautado en tan solo una semana 11 toneladas de cocaína en Galicia y Valencia ocultas en contenedores marítimos procedentes de Latinoamérica, en lo que supone la mayor aprehensión de esta droga en España y un duro golpe a las organizaciones albanesas, las más "poderosas" actualmente en Europa.
Incautado el mayor alijo de cocaína en Galicia.
EFE

La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha incautado el mayor alijo de cocaína de Galicia. Durante la operación Tonara, una de las más importantes de la historia del narcotráfico español y europeo, se intervinieron cerca de 11 toneladas de droga que estaba almacenada en contenedores marítimos en Vigo y Valencia.

Estas sustancias estupefacientes, que se encontraban ocultas entre lomos de atún en el caso de Vigo y en un doble fondo de los contenedores en Valencia, iban a ser distribuidas en diferentes puntos de Europa por dos organizaciones criminales de origen balcánico. La Policía ha detenido a 20 de sus integrantes.

Una vez saldada la operación, son muchos los que se preguntan qué pasan ahora con todos esas toneladas de cocaína que se han incautado. El Gobierno de España ha elaborado una guía práctica de actuación para analizar, custodiar y destruir este tipo de drogas tóxicas, que busca "agilizar los procesos para la destrucción de la droga".

Los problemas de almacenamiento de la droga

Uno de los problemas que recoge la guía es el almacenamiento de la droga incautada. Muchas ciudades no cuentan con centros específicos donde guardar los alijos, por lo que se suelen custodiar dentro de los propios cuarteles y comisarias, en cajas fuertes o salas preparadas.

La Doctrina de la Fiscalía General del Estado menciona algunas situaciones de peligro que generan la custodia de estas sustancias estupefacientes, como los posibles robos por su alto valor o la falta de espacio en los depósitos policiales.

La guía establece que, siempre que sea posible, se destruya el alijo al inicio del procedimiento, conservando las "muestras suficientes de dichas sustancias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones". Estas muestras se mandan al laboratorio de Sanidad para analizar y verificar el producto.

Transcurrido un mes desde la recogida de dichas muestras, estas se destruirán inmediatamente, siempre y cuando "la autoridad judicial no hubiera ordenado la conservación íntegra" de las mismas, según el artículo 367 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Cómo se destruye la droga incautada en España

El resto de la droga sobrante se puede destruir inmediatamente después de entregar las muestras a Sanidad. Sin embargo, lo normal es esperar hasta que las autoridades judiciales autoricen su destrucción. 

Una vez se recibe la autorización judicial, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se desplazan hasta el depósito que esté custodiando el alijo y se hacen cargo de las sustancias.

En todo momento se registra la salida de la droga, "quedándose copia del Oficio judicial de custodia-destrucción", según recoge la guía. La destrucción se lleva a cabo en centros de residuos e incineradoras. Una vez quemada la droga en unos hornos a altas temperaturas, se levanta un acta de destrucción firmada por los asistentes.

Estas empresas que se encargan de incinerar la droga tienen una concesión de unos 300.000 euros anuales con el Ministerio de Interior y se encuentran en Asturias y Toledo. Por el momento, no se construirá un centro propio y se seguirá dependiendo de empresas externas.

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