"Durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea no se aprobará el estatus oficial de la lengua catalana. Es un hecho incontrovertible. Y sí, es un incumplimiento de lo que nos habían dicho que sería posible". Así se ha expresado este martes el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de que los 27 no hayan tomado una decisión sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en el Consejo de Asuntos Generales, el último durante el semestre español. De este modo, Puigdemont acusa al Ejecutivo central de mentir y tensa las relaciones entre las partes justo en el inicio de la legislatura.
Esta medida era uno de los compromisos del acuerdo entre el PSOE y las fuerzas independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, pero tendrá que esperar, a falta todavía además de que el Gobierno presente su informe jurídico sobre la medida. De momento, un estudio preliminar de la Comisión Europea cifra el coste de la oficialidad en 123 millones por las tres lenguas.
"He visto la estimación y es mucho dinero", dijo hoy la ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessika Roswall, a su llegada a la reunión. "Hay cosas que deben aclararse, queremos ver los detalles y ver hacia dónde se dirige (la medida)", dijo por su parte el ministro de Exteriores finlandés, Anders Adlercreutz. España insiste en que seguirá poniendo el tema sobre la mesa en los próximos meses, ya durante la presidencia belga del Consejo, que empieza el 1 de enero.
Hay cosas que deben aclararse, queremos ver los detalles y ver hacia dónde se dirige (la medida)
Pero esto no convence a Puigdemont. "El camino para la oficialidad ha topado hasta ahora con dos principales obstáculos. El primero, que España ha tenido que deshacer en muy poco tiempo una estrategia de bloqueo que venía de muy lejos y de muchos gobiernos, tanto del PP como del PSOE", ha escrito en un largo mensaje Puigdemont en las redes sociales. "No lo han hecho por convicción -como tampoco lo hacen con la ley de amnistía- y no parece que la estructura política y técnica de la Representación Permanente ante la UE haya desbordado entusiasmo por promover una iniciativa que formalmente era del Estado español pero que todos sabían que formaba parte de una concesión en Junts per Catalunya", resumió el padre del procés, que se verá beneficiado precisamente por la ley de amnistía que tiene previsto aprobar el Gobierno junto a sus socios de investidura, y que se empieza a debatir precisamente este martes en el Congreso.
No todo es negativo a ojos del líder independentista. "He valorado positivamente que, en este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores español haya explicado las razones por las que nuestra lengua debía convertirse en oficial en la UE de una forma coherente con nuestros argumentos. Algo inédito y positivo, pero insuficiente", acabó matizando, antes de explicar también lo que considera "un segundo obstáculo" que se llama, dice, "Partido Popular".
"Desde el primer día ha tenido interés en hacer descarrilar una propuesta que formaba parte de los acuerdos políticos que podían facilitar un Gobierno del PSOE y Sumar en España", desarrolló, y les ha acusado de "españolizar la política europea todo lo que han podido", con la connivencia, aseguró, de otros dirigentes conservadores como el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, mencionado también por Puigdemont en su mensaje.
De todos modos, ya hay precedentes en el uso de las lenguas cooficiales de España. "Independientemente del estatus legal de las lenguas oficiales de la UE, el Parlamento Europeo, en una resolución en diciembre de 1990, pidió que el catalán fuera una lengua de comunicación entre los ciudadanos y las instituciones europeas (no una lengua oficial)", recuerdan desde la Eurocámara. Siguiendo esta resolución, el Parlamento Europeo, a través de su oficina en Barcelona, utiliza el catalán como lengua de comunicación con los ciudadanos. La oficina utiliza el catalán en sus campañas informativas, publicaciones, comunicados de prensa, página web y redes sociales.
En el pasado se han dado pasos en este sentido, pero no tan ambiciosos como el que se pretende dar ahora. El año pasado ya el Gobierno español remitió al Parlamento Europeo una petición para que el catalán, euskera y gallego pudieran usarse en los plenos, y la situación se encuentra en espera a falta de un informe de los servicios jurídicos de la Eurocámara para ver la viabilidad teniendo el cuenta el día a día de la institución. Al similar sucedió en 2005 durante el Ejecutivo de Zapatero con una petición parecida para la firma de convenios. Entonces el Parlamento se quedó fuera por desacuerdo entre grupos.
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