El PP valenciano ha pedido en Les Corts toda la documentación y los informes oficiales sobre las contrataciones del Consell de Ximo Puig en las empresas públicas de la Generalitat durante su etapa de president. Según ha afirmado este lunes el portavoz popular, Miguel Barrachina, su grupo sospecha que los gobiernos del Botànic conformaron un "sector público paralelo" que llegó a "colocar" a 6.000 personas en sociedades dependientes de la administración autonómica, muchas de ellas afines al PSOE, pese a las advertencias de diferentes organismos públicos de control como la Sindicatura de Comptes o la Intervención de la Generalitat.

El objetivo del PP es saber "cuál es la realidad actual y el legado que Puig ha dejado a los valencianos". "Necesitamos saber toda la verdad sobre el caos en la gestión. A la falta de gestión, a las facturas en los cajones y a la falta de reivindicación de Puig, se añade el caos en el sector público de la Generalitat que vamos conociendo cada día que pasa", aseguró Barrachina. "No se conformó con tener el Consell más amplio y caro de la historia, sino que tuvo que construir un sector público paralelo en el que contratar a más de 6.000 personas. No sé conformo con ayudar a las empresas del hermano, sino que se empeñó en colocar a socialistas", añadió el portavoz popular en Les Corts.

Barrachina denunció que durante las dos legislaturas en las que Puig presidió la Generalitat, la administración valenciana "se convirtió en una empresa de colocación de afines a los socialistas. Queremos saber si es cierto que, a pesar de tener informes en contra de diferentes organismos públicos, el Consell de Puig -con Gabriela Bravo al frente de función pública- seguía con sus planes de contratación sin ningún tipo de control", aseveró.

Del mismo modo, afeó que "para mantener a Puig en el Consell, los valencianos teníamos que pagar más impuestos que en otras autonomías". "Los desmadres y enchufados de Puig los pagaban las familias valencianas con sus impuestos. Hemos sido la segunda comunidad autónoma de las 17 que más impuesto pagábamos", agregó.

El caso de la Sgise

El diputado de Vox José María Llanos apuntó directamente a la Sociedad de Gestión Integral del Servicio de Emergencias (Sgise), que dependía de la Conselleria de Justicia durante la etapa de Gabriela Bravo como máxima responsable de este departamento. Según expuso, esta entidad habría realizado, a pocos meses de las elecciones de 2023, "el doble de la contratación de personal para puestos de trabajo que no tenían ni ubicación concreta, ni informe, ni dotación presupuestaria. En unos casos con la excusa de la creación de la Unidad Valenciana de Emergencias, pero sin ubicación ni dotación para esos puestos. Tras la denuncia se redujo esta cantidad", aseguró.

Llanos censuró el "revuelo entre los contratados", que ahora "están reclamando a la Conselleria por unos contratos que se realizaron de manera ilegal. Esto fue provocado por el Botánico y se ha realizado sin tener en cuenta el tipo de contratos: contratos mayores, contratos menores que requerían una serie de informes y auditorias que no fueron firmados por el secretario correspondiente". Por ello, el diputado de Vox concluye que se trata de unos contratos "hechos de forma fraudulenta e ilegal y que han provocado un grave daño a las personas y a la Administración».