El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes la ley orgánica de representación paritaria que obliga a que ningún sexo tenga un peso inferior al 40% en la dirección y el consejo de administración de empresas, también en el seno del Gobierno, en las candidaturas electorales y en los órganos de relevancia constitucional. La norma, que fue aprobada por primera vez en la primavera de este año y se envió al Congreso, decayó por el adelanto electoral del 23 de julio.

Más allá de las diferencias técnicas entre el texto del pasado mayo y el aprobado ahora por los plazos de la entrada en vigor, hay también una clara disparidad de tipo simbólico: mientras que hace unos meses la ley fue presentada y defendida en el seno del Gobierno por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, este martes lo ha hecho la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo. En mayo, ya eran patentes las diferencias entre el ala socialista del Gobierno y la ya exministra Irene Montero, quien no fue la impulsora de la norma.

La ley -que compete a los ministerios de Presidencia, Economía, Hacienda, Interior e Igualdad- pretende garantizar la paridad en los órganos de decisión públicos y privados. La norma obliga a las empresas a tener consejos y direcciones paritarias, es decir, con un mínimo del 40% de mujeres, algo que también aplica a las candidaturas electorales y a los miembros del Gobierno, así como a los colegios profesionales y a los jurados de premios o reconocimientos de carácter público. La obligación afecta a sociedades cotizadas y entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores y una cifra de negocio de más de 50 millones de euros o activos por 43 millones.

Las fechas para la entrada en vigor de la norma, según el tamaño de la empresa y si son cotizadas o no, tendrán que modificarse respecto al texto original, teniendo en cuenta que la tramitación se retrasará varios meses y que el inicio previsto para las 35 empresas de mayor capitalización bursátil era el 30 de junio de 2024.

Actualmente, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6% en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras), informa EFE.

Cuando se aprobó la norma por primera vez, la CEOE lamentó que no se hubiera negociado en el ámbito del diálogo social y que se hubiese planteado como una obligación, mientras que los sindicatos CC OO y UGT la consideraron una herramienta muy útil para corregir situaciones de discriminación.

El principio de representación equilibrada afectará asimismo a órganos constitucionales y de relevancia, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Precisamente el órgano de gobierno de los jueces avaló en general la norma en su informe consultivo, pero lanzó una advertencia clara, y es que, en su opinión, es "imposible" aplicar el porcentaje del 40% de mujeres en el Tribunal Constitucional o el Consejo Fiscal por el mecanismo mediante el cual se elige a sus miembros, por lo que sugería subir el porcentaje al 50% en estos organismos.

En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) de cada ministerio deberán incorporar también este principio de representación equilibrada en los próximos años. La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal. En el caso de entidades de interés público, consejos generales y colegios profesionales que no cumplan el umbral del 40%, tendrán que justificar los motivos y corregirlo.