El "miedo a la factura", a que la crisis de precios de la energía de 2022 disparara el gasto en electricidad o en calefacción llevó a casi un tercio de los hogares españoles, un 30,9%, a gastar solo la mitad del dinero que habría sido necesario para mantenerlos a una temperatura adecuada. Dentro de ellos, un 10,6% de los hogares no gastaron más de un cuarto de lo que se habría requerido, particularmente en hogares más vulnerables, de menores ingresos, que el año pasaron vieron aliviada su situación por medidas sociales, como el incremento de los descuentos del bono social y térmico y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
El menor gasto con respecto a las necesidades energéticas reales de cada hogar es la denominada "pobreza energética oculta" (HEP), uno de los indicadores objetivos de la pobreza energética que, por tercer año consecutivo, ha estudiado la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas y que en esta ocasión analiza lo que sucedió en 2022, un año especialmente complicado porque fue el central de la crisis energética debido al encarecimiento del gas por la guerra de Ucrania.
La pobreza energética oculta hace referencia al gasto en energía que tiene que hacer un hogar para satisfacer sus propias necesidades y el dato de 2022 muestra que un 30,9% gastó la mitad o menos, en lo que sería una HEP "estándar". Junto a ella hay una "severa", el 10,6% de los hogares que en 2022 solo gastaron un cuarto de lo que habrían necesitado para tener una temperatura confortable en casa. Según los autores del informe, se refleja un "comportamiento generalizado, una tendencia al miedo a la factura, a gastar menos y tener la temperatura de la casa más baja o no en todas las habitaciones".
Murcia fue la comunidad con más hogares en esa situación, seguida de Extremadura, Andalucía y Comunitat Valenciana. Madrid, Cataluña, Aragón Navarra, País Vasco, Cantabria y Asturias estuvieron en la mejor situación.
Aunque especialmente el dato de HEP severa es "preocupante", lo que llama la atención en que, en plena crisis de precios, este indicador no fue mucho peor que en 2021, aunque sí si se toma 2020. En 2021, la HEP estándar fue del 31,2% y la severa, 10,3%. En 2020, 21,1% y 4,8% respectivamente.
También ha llamado la atención a los autores del estudio el resultado de otro indicador que, si bien elevados, no lo son tanto como cabría esperar del contexto en 2022 de precios muy elevados de la energía. Tiene que ver con el indicador de "ingreso mínimo estándar" (MIS) que calcula los gastos mínimos en elementos básicos del hogar para restarlos a los ingresos y, a partir de ahí, ver qué lugar ocupa el gasto en energía, para examinar si las facturas de luz o gas obligaron a reducir estos otros gastos básicos, es decir, a que los hogares se apretaran el cinturón en gastos de primera necesidad. El resultado es que en 2022 fueron menos los que tuvieron que hacerlo y que hay "una mejora en la serie histórica" porque el año pasado un 13,1% de hogares tuvo que reducir otros gastos básicos para pagar la energía, mientras que en 2021 fue el 14,6% y en 2020, el 16,6%.
Bono social y SMI
La explicación que se da desde la Cátedra de Energía y Pobreza tiene que ver con una mayor renta disponible en los hogares con menos ingresos -más afectados por este indicador- gracias a que en 2022, ante la crisis de precios, el Gobierno aumentó el descuento del bono social y el térmico y también el SMI, de un 8%, hasta los 1.008 euros.
"Barruntamos que los escudos [sociales] que pusimos en marcha funcionaron, algunos pararon el golpe", explica Efraín Centeno, director de la Cátedra de Energía y Pobreza. "Pensamos que el incremento del SMI tuvo efecto. Cuando vemos la comparación del ingreso mínimo estándar comparado con el gasto desproporcionado, seguramente es la subida del SMI que ha tenido impacto en los perfiles más bajos", por ingresos.
Esta conclusión sobre el efecto de aumentar el descuento del bono social es más contundente teniendo en cuenta el análisis contrafactual que hace el estudio, para calcular la "brecha energética" en los hogares beneficiados por él. Sin bono social, la brecha entre el gasto real y el requerido para tener la casa caliente en invierno sería de 193 euros, mientras que con esta medida fue de 95 euros.
No bajar la guardia
En términos generales, el estudio concluye que los parámetros de la pobreza energética empeoraron o se mantuvieron altos y estables con respecto a años anteriores, salvo en lo relativo a la necesidad que tuvieron los hogares de apretarse el cinturón para pagar la factura de la luz y el gas restando recursos a otras necesidades básicas.
Además de la pobreza energética oculta y el ingreso mínimo estándar, el informe tiene en cuenta varios indicadores objetivos que tienen en cuenta la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE y los ingresos de los hogares para analizar el estado de la pobreza energética en los 19 millones de hogares en España. La conclusión es que, en general, en 2022 siguió en niveles elevados o con tendencia al alza. "El mensaje es que no se puede bajar la guardia sobre la pobreza energética porque estamos en una situación complicada y preocupante", indica Centeno. Como los autores del documento -José Carlos Romero y Roberto Barrella-, la tesis es que "a corto plazo" es necesario mantener e incluso aumentar medidas sociales que se han demostrado útiles para aliviar la situación de los hogares de menos ingresos, como el bono social, pero que a medio y largo plazo es necesario tomar otras más estratégicas, por ejemplo, para rehabilitar edificios que dejen de perder energía, "porque, si no, perpetuamos el problema".
Otro indicador es el de "gasto insuficiente" en energía, por debajo del umbral de lo aceptable, que en 2022 se calculó en 382,5 euros al año en gasto energético. El año pasado, el 11,8% de los hogares estaba por debajo de esa cifra, catalogados por tanto como "pobres energéticos". Se trata de una proporción mayor a la de 2021 -10,1% de los hogares- y de 2020 -11,2%-.
En cuanto al "gasto desproporcionado", es decir, la parte de los ingresos disponibles de un hogar que hay que destinar a pagar las facturas de la luz y el gas, el umbral que establece el estudio es del 9,8% del gasto y en 2022 estuvieron por encima de él- incurrieron en gasto desproporcionado en energía- el 16,8% de los hogares, es decir, casi uno de cada 10. En 2021 eran el 15,2% y en 2020, el 16,1%.
Por distribución nacional, el estudio indica que la comunidad peor parada en este indicador es Extremadura y, con ella, el sur del país, como Andalucía y Castilla-La Mancha. La Comunidad de Madrid y País Vasco se encuentran en la mejor situación.
El estudio incorpora otros indicadores subjetivos ya conocidos, como el número de hogares que en 2022 se retrasaron en el pago de sus facturas de energía, un 9,2%, por debajo del 9,5% en 2021 y 9,6% en 2020. En coherencia con el aumento de la pobreza energética oculta, sí se disparó el número de hogares sin una temperatura adecuada, el 17,1% en 2022 frente a 14,3% en 2021 y 10,9% en 2020.
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