El Ministerio de Trabajo se encuentra ultimando la reforma del subsidio por desempleo, uno de los hitos pendientes del plan de recuperación del Gobierno y vinculado al cuarto desembolso de los fondos europeos. Está pendiente todavía su puesta en común con los agentes sociales, de ahí que Trabajo los haya convocado para este lunes, el mismo día en que se conocerán los datos de paro registrado y afiliación del mes de noviembre. El objetivo es que estas novedades que plantea el departamento de Yolanda Díaz puedan entrar en vigor a lo largo del año que viene de forma diferida.
Este subsidio por desempleo lo cobran aquellas personas que ya no tienen derecho a la prestación contributiva —es decir, los que hayan agotado el paro— y se sitúa en el 80% del IPREM, unos 480 euros al mes. Según los últimos datos disponibles del mes de octubre, hay unos 700.000 beneficiarios de esta prestación.
El borrador de Trabajo incorpora dos grandes cambios: se extiende la cobertura de la ayuda a los menores de 45 años sin cargas familiares y se elimina el mes de espera para que el subsidio se pueda cobrar de manera inmediata.
En primer lugar, la mejora de la cobertura pasa por ampliarla para que llegue a otros colectivos que ahora mismo no se benefician de ella. De este modo, Trabajo quiere incorporar al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares —unos 150.000, según sus estimaciones— y a los trabajadores eventuales del sector agrario que no sean de Andalucía ni Extremadura —cerca de 250.000 personas—.
Además, se elimina el mes de carencia que ahora hay que esperar para empezar a cobrar el subsidio y se permite compatibilizar el cobro de esta ayuda con un empleo durante los primeros 45 días sin rebajar su cuantía.
Por otro lado, la propuesta de Trabajo propone revisar los subsidios de forma trimestral y no mensual, para que los desempleados no tengan que estar diariamente pendientes de incumplir algunos requisitos de renta que les hagan perder el subsidio. También mejorarán los criterios de renta para el acceso, de forma que se puedan contar todas las rentas de la unidad familiar si ese cálculo es más beneficioso para el beneficiario.
Otra de las propuestas del Ministerio de Trabajo es elevar la cuantía del subsidio durante el primer año, que actualmente es de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem. El departamento de Yolanda Díaz quiere que esa cifra se eleve a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses.
Roces internos en el Gobierno
Aquí ha surgido un desencuentro con Economía, que busca rebajar de 30 a 12 meses el tiempo de cobro y recortar su importe a una media de 442,5 euros al mes en el único año en que se percibiría —concretamente, 600 euros el primer trimestre, 480 euros el segundo, 390 euros el tercero y 300 euros el cuarto—, frente a los 480 euros al mes que se perciben ahora.
En este sentido, Trabajo ha negado que vayan a salir adelante estos planteamientos y ha justificado esta medida al asegurar que el 80% de los beneficiarios no agota los 30 meses de prestación, en tanto que un 56% deja de cobrarla antes de agotarla porque encuentra un trabajo (el resto se jubila o emigra).
Díaz advirtió esta semana al Ministerio de Economía de que no aceptaría recortes y de que esta reforma es competencia suya, a lo que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, replicó que "todas las reformas estructurales", como es el caso del subsidio por desempleo, "competen al conjunto del Gobierno".
Calviño recordó además que se debe culminar este proceso de reformas para que se produzca el cuarto pago de los fondos europeos, por un importe de 10.000 millones de euros. "Por eso tenemos que acertar con esta reforma y lo que está habiendo es un trabajo técnico que es absolutamente normal cuando se está preparando un texto legislativo tan importante", recalcó.
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