El Ministerio de Trabajo está perfilando una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024 del 4%, que implicaría elevar la cuantía de la retribución mínima legal hasta 1.123 euros en 14 pagas. El departamento que dirige Yolanda Díaz aún no ha llevado la oferta a la mesa de negociación con sindicatos y empresarios que ha tenido lugar en la tarde de este jueves, sino que el encuentro ha servido para exponer los primeros planteamientos de UGT y CC OO, por un lado, y de la CEOE, por otro. Esta primera reunión se ha cerrado sin acuerdo y las partes se han emplazado a una nueva cita el 11 de diciembre. Eso sí, el Ejecutivo no necesita el apoyo de todas las partes para acometer la subida.
Fuentes de Trabajo confían en alcanzar un acuerdo tripartito con CEOE, UGT y CC OO, dado que la oferta que plantea Díaz está exactamente en el punto medio de lo que buscan el resto de las partes. CC OO ya ha anunciado que buscará una subida del SMI del 5% (1.134 euros), mientras que UGT se mantenía en las últimas semanas en su posición de elevar esta renta hasta los 1.200 euros. Por su parte, los empresarios, que tomaron sorpresivamente la iniciativa la semana pasada, se ven más cómodos en el 3% (1.112 euros).
Las fuentes consultadas señalan que la reunión ha sido una primera toma de contacto en la que Trabajo hace una labor de intermediación entre las dos partes. La posición salomónica de Díaz busca que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo en un año en el que la inflación estará cerca, precisamente, de ese 4% que se plantea.
De momento, los sindicatos consideran "insuficiente" la propuesta de la patronal de subir el SMI un 3% para 2024 y otro 3% para 2025, ya que opinan que la subida del año que tiene que tener en cuenta también que los salarios se están incrementando por encima del 5%. De ahí que se hayan emplazado a una nueva reunión.
Las fuentes de Trabajo se muestran muy críticas con la visión que tiene el Ministerio de Economía sobre el salario mínimo. Desde Trabajo acusan a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de defender que el salario mínimo destruye empleo. La literatura económica en este sentido no llega a una conclusión unívoca, pero los últimos estudios apuntan a que los efectos sobre el empleo de la subida del SMI aprobada en 2018 —que llevó esta renta desde los 736 a 900 euros al mes en 14 pagas— fueron limitados. No obstante, todavía no se han publicado análisis detallados sobre las subidas acometidas en los últimos años.
El compromiso que contrajeron PSOE y Sumar para formar gobierno es elevar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio en España. El problema es que las estadísticas salariales se publican con más de un año de retraso respecto al periodo de referencia y son tan variadas que no existe un consenso sobre a cuánto equivale ese 60% del salario medio.
La competencia para subir el salario mínimo es exclusiva del Gobierno, tal y como se refleja en el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, un acuerdo tripartito dotaría la subida de mayor legitimidad al alcanzarse a través de consenso entre todas las partes. Así lo ven en Trabajo que creen que es importante dar certezas y seguridad a los trabajadores en un contexto de elevada inflación y fuerte aumento de los costes de financiación.
En cualquier caso, un acuerdo a tres bandas pasa por incluir a la patronal, cuya visión sobre el SMI ha dado un giro importante en las últimas semanas. La última vez que Díaz reunió a los agentes sociales para subir el SMI a comienzos de este año, los empresarios plantaron a la vicepresidenta segunda. No llegaron a sentarse en la mesa. En esta ocasión, la patronal —con el mandato de Antonio Garamendi como presidente recién renovado y un nuevo Gobierno recién constituido— ha tomado la iniciativa y ha planteado una subida del 3%.
La propuesta de la patronal pasa también porque el Ejecutivo actualice las tarifas que paga a las empresas por las contratas públicas para reflejar el aumento de costes que supone subir el SMI, un punto en el que existe acuerdo con los sindicatos. Sin embargo, tal y como adelantó esta semana El Español, en el Ministerio de Hacienda descartan esa posibilidad.
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