Es complicado encontrar un tema más divisivo en la Unión Europea que la migración; hablamos casi de un tabú en unos tiempos además en los que se están rompiendo récords de llegadas a las costas de España o Italia, que son a su vez frontera europea. No hace falta irse demasiado lejos para empezar a ver la fractura que provoca este asunto sobre todo entre los Estados miembros, por mucho que la Comisión Europea haya puesto sobre la mesa propuestas para alcanzar el tan ansiado pacto común de migración y asilo. Ahora parece que ese acuerdo está más cerca, pero los flecos -o muros- que quedan por superar siguen siendo muy relevantes. ¿Por qué?
"La presidencia española es la última oportunidad porque llevamos años de muchas energías consumidas", expuso el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, en una entrevista con 20minutos, asegurando que es un "ahora o nunca" para la UE, puesto que después llegan las elecciones europeas -en plena presidencia belga- y después será el turno de Hungría y Polonia en el Consejo, dos de los grandes baluartes antiinmigración en el bloque comunitario.
¿Qué hay ahora mismo en marcha? Un acercamiento casi inédito, con la conversación ya en la fase decisiva mientras la Comisión ha propuesto por ejemplo medidas como el endurecimiento de las penas a los traficantes de migrantes con el fin de reducir las llegadas. Tanto es así, que en los casos en los que haya muertos en el mar la condena será de hasta 15 años de cárcel. Según los datos del último Eurobarómetro, la migración es la décima preocupación de los ciudadanos, creciendo en importancia pero sin ser una de las prioridades. Esto es relevante sobre todo porque solo faltan seis meses para las elecciones europeas.
Tras el último Consejo de ministros del Interior, celebrado este martes, el balance fue bastante positivo y el titular español, Fernando Grande Marlaska, aseguró que el acuerdo "está cerca de cerrarse", una vez que se pueda superar la fase de trílogo entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión. "O se cierra ahora o será difícil que se haga en un futuro", apuntó, antes de volver a ser muy claro en este sentido. "El desafío migratorio es un desafío que se va a mantener en el tiempo y por tal motivo somos conscientes que nos tenemos que dotar de un marco normativo que nos haga en ese sentido más fuertes para poder hacer frente a dicho desafío y mostrar algo muy importante en esta materia: la unidad de la Unión Europea", concluyó.
El precedente de 2015 es la referencia para la UE, y aquello no salió bien. La crisis derivada de la guerra en Siria provocó cifras récord de llegadas de refugiados a Europa, y trató de pactarse un sistema de cuotas que vetaron los países del Este (igual que hacen ahora). La foto de 2023 no es muy diferente, sobre todo en el sur: en 2022 se detectaron alrededor de 331.000 entradas irregulares en las fronteras exteriores de la UE, el nivel más alto desde 2016. En lo que va de año, a España han llegado más de 41.000 (con cifras hasta el 31 de octubre), y Canarias asume más de la mitad.
Por lo pronto, Hungría, Polonia e Italia siguen liderando el discurso más duro. Budapest y Varsovia llevan años abanderando esas posiciones contra la llegada de migrantes, especialmente de boca de Viktor Orbán, que alerta cada vez que puede de la "islamización" de Europa, y se niega a cerrar cualquier pacto. Giorgia Meloni, por su parte, está apostando por ser más pragmática en general, pero no abandona sus posturas antiinmigración del todo. Esto se demuestra por ejemplo con el último acuerdo alcanzado con Albania, con el que Roma construirá en el país balcánico centros de identificación y acogida para los migrantes rescatados por sus equipos de salvamento en el Mediterráneo.
Tan peliagudo ha sido que Bruselas ya ha pedido información al Gobierno italiano sobre lo firmado con Albania, que además es un país candidato a la adhesión a la UE. Estos centros se prevé que tengan capacidad de hasta 3.000 personas y estarán en marcha en la primavera de 2024. En ellos, sostuvo Meloni, se hará tareas tanto de atención como de control, y también parte de los trámites para las repatriaciones.
Hasta el 'motor' de Europa se ha vuelto más rotundo
Pero también Francia o Alemania han virado hacia posturas más rotundas, en parte incluso para frenar el auge de la derecha radical. En París están a vueltas con la polémica ley migratoria que ha lanzado el Gobierno de Emmanuel Macron. El Ejecutivo lo lidera la primera ministra Elisabeth Borne, pero esta norma viaja apadrinada por el ministro del Interior, Gerald Darmanin. El texto ya está siendo debatido en torno a una enorme polémica; en una especie de competición por el voto más conservador, Macron camina sobre terreno pantanoso bajo una mayoría parlamentaria que no es nada firme. La ley por la que apuesta el Elíseo endurece las medidas contra los extranjeros sin papeles, pero que a la vez favorece la integración de los inmigrantes, con una vinculación por ejemplo con el mercado laboral.
El Ejecutivo galo quiere suprimir las garantías contra la expulsión, en particular las aplicables a los extranjeros llegados a Francia antes de los 13 años, que hayan vivido aquí más de veinte años o más de diez y que sean cónyuges o padres de franceses. También pretende acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo, simplificar los litigios administrativos relativos a los extranjeros y condicionar la concesión de un permiso de residencia plurianual a un nivel mínimo de francés. El equilibrio, no obstante, es complejo, porque también se prevé aumentar los días máximos de detención para las personas indocumentadas.
A la vez, el texto que debaten ahora los partidos pretende favorecer la regularización e integración de los inmigrantes que trabajan en sectores con escasez de mano de obra, como la construcción o la hostelería. Gobiernos de izquierda han regularizado dos veces a gran escala a los inmigrantes indocumentados. Fueron 130.000 en 1981 y 80.000 en 1998. Eso sí, las personas sin papeles perderán con esta norma facilidades en lo que a la asistencia sanitaria se refiere.
Alemania también ha tenido un cambio de discurso. De las "puertas abiertas" de Merkel en 2015 al "tenemos que deportar más rápido" de Scholz en 2023, este quizás en una especie de pánico por el ascenso de los ultraderechistas de AfD en las encuestas. Hace ocho años Berlín lideró en la UE la política de acogida a refugiados sirios, pero ahora la situación ha cambiado y el Ejecutivo semáforo acaba de cerrar con los lander un acuerdo para limitar la llegada de inmigrantes. El canciller, de hecho, ha pasado a un mensaje mucho más rotundo, sobre todo en un contexto de rechazo a los ataques terroristas de Hamás sobre Israel.
Tenemos que hacer retroceder la inmigración irregular
"Es un acuerdo histórico", sostuvo el propio Scholz tras la firma. Y en él hay dos claves: por un lado, la aprobación de un mecanismo que acelere las deportaciones, y por otro habrá recortes en las prestaciones que reciben los solicitantes de asilo. El Ministerio de Finanzas que lidera el liberal Christian Lindner calcula que se dará un ahorro de 1.000 millones de euros a las arcas públicas. En sus palabras, con este paso "se reducirá el atractivo del Estado del bienestar alemán"; y Scholz tiene claro cuál es el objetivo final: "Tenemos que hacer retroceder la inmigración irregular".
En ese escenario, la UE trata de unificar, sin suerte, todos los criterios. Es otro cuento de nunca acabar para el bloque comunitario. "Es probable que no nos vayamos a encontrar nunca un tema tan sensible como este", reconocen fuentes consultadas por este medio, que no hacen apuestas de si habrá o no pacto común de migración y asilo. El objetivo es que se alcance antes de que acabe la legislatura, "pero todavía quedan cosas por hacer", concluyen. Las conversaciones llegan ya al punto clave: el trílogo. Consejo, Comisión y Parlamento tienen que alcanzar un acuerdo si no quieren que el asunto vuelva a un cajón... para quizá no salir nunca más, vista la división que provoca el tema.
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