La migración es probablemente el tema más divisivo ahora mismo en la Unión Europea, y en el chocan los enfoques punitivo y solidario mientras las instituciones europeas tratan de acordar un equilibrio. Por lo pronto, este martes la Comisión Europea ha propuesto endurecer las penas a los traficantes de migrantes con el fin de reducir las llegadas. Tanto es así, que en los casos en los que haya muertos en el mar la condena será de hasta 15 años de cárcel.
Este cambio afectaría de lleno a España, donde este tipo de pena va de los 5 a los 8 años de prisión. En 2022 se detectaron alrededor de 331.000 entradas irregulares en las fronteras exteriores de la UE, el nivel más alto desde 2016. En lo que va de año, a España han llegado más de 41.000 (con cifras hasta el 31 de octubre), y Canarias asume más de la mitad.
En total, la idea que tiene Bruselas consta de cinco puntos y se da en un escenario en el que los Estados miembros y el Parlamento Europeo tienen que negociar el pacto migratorio que lleva casi una década en el cajón. La clave sigue estando en las diferencias entre los 27, con Hungría, Polonia e Italia apostando por políticas más duras y la Eurocámara reivindicando una norma que encuentre el punto medio entre lo solidario y lo securitario.
Mientras, la Comisión Europea habla de "perseguir eficazmente las redes de delincuencia organizada". En ese sentido, dice, se establece una definición más clara del delito de contrabando para centrarse en las actividades motivadas por un beneficio económico o material o que tengan muchas probabilidades de causar un daño grave a una persona. "También se tipificará como delito la instigación pública a entrar en la UE sin autorización. Esto incluye el tráfico de inmigrantes anunciado a través de herramientas digitales y redes sociales", resumen, con la idea de que se armonicen las medidas a tomar.
La parte más importante de la propuesta de Bruselas es, por otro lado, es la apuesta "por la armonización" de las penas de cárcel, en un claro mensaje de la UE contra las mafias, donde precisamente el Gobierno de Giorgia Meloni y otros han puesto el foco. Los casos de delitos agravados -que causen la muerte de una o más personas- se castigarán con una pena máxima de cárcel de al menos 15 años, frente a los 8 años actuales en la legislación de la UE vigente, explica el Ejecutivo comunitario.
"La jurisdicción de los Estados miembros también se aplicará, por ejemplo, cuando se hundan barcos en aguas internacionales y mueran personas", sostienen, y se amplía a otros casos, incluidos los delitos cometidos a bordo de buques o aeronaves matriculados en los Estados miembros y los delitos cometidos por personas jurídicas que hacen negocios en la UE. "El objetivo es centrarse específicamente en las redes delictivas", comenta la Comisión, que al mismo tiempo lanza un mensaje a los Ejecutivos que quieren políticas más duras: "No deben criminalizarse actividades como la ayuda humanitaria de las ONG, el cumplimiento de una obligación legal de búsqueda y rescate, la asistencia de familiares y los propios migrantes".
No deben criminalizarse actividades como la ayuda humanitaria de las ONG
Además, Brusellas pide reforzar los recursos y capacidades de los Estados miembros, que "deben dotar de recursos suficientes a sus autoridades nacionales para garantizar la prevención, investigación y persecución efectivas de los traficantes". Insta a los 27 a trabajar en la prevención del tráfico ilícito de migrantes, "mediante campañas de información y sensibilización, investigación y programas educativos". Por último, la Comisión quiere que se mejore la recogida y el intercambio de datos, con el objetivo de que las acciones sean más coordinadas y más efectivas.
Más allá de lo anterior, la Comisión propone un Reglamento para reforzar el papel de Europol y la cooperación interinstitucional en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos. Esto se basa en el ya exitoso Centro de Europol contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, que tiene un historial de éxito con más de 83 grupos operativos y 1.200 millones de euros incautados en efectivo desde su creación en 2016. Todo esto, en resumen, se da en un momento en el que las llegadas de migrantes a la UE está en cifras poco conocidas, incluso a niveles de la crisis de 2015.
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