Sumar ha interpuesto este viernes una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso, al autorizar el primero y participar los segundos en el pleno extraordinario del órgano que propició una declaración institucional contra la futura ley de amnistía.
El escrito, que firma el grupo parlamentario liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, acusa a estos miembros del órgano de gobierno de los jueces de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación de ejercer cargo público, al considerar que la resolución que promovieron fue "ilegal", "arbitraria" e "irresponsable" que excede las competencias del CGPJ.
La querella, consultada por 20minutos, se dirige contra los ocho promotores de la declaración, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. También contra otro vocal, Wenceslao Olea, que votó a favor. Pero además, considera que Guilarte, el presidente, que optó por votar en blanco, es responsable de un delito de prevaricación "por haber dictado una resolución injusta a sabiendas y "cooperador necesario del delito de prevaricación en que incurren los vocales proponentes y firmantes del acuerdo".
Es decir, formulan su querella contra los diez vocales conservadores y la presentan ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo por ser el órgano judicial ante el que los miembros del CGPJ están aforados.
De hecho, Sumar atribuye a los promotores de esa declaración, aprobada el pasado 6 de noviembre, arrogarse atribuciones como "la interpretación de la Constitución", algo que "solo corresponde al Tribunal Constitucional". Y además, denuncia que los vocales que votaron a favor de la resolución se pronunciaron cuando la proposición de ley ni siquiera se había registrado en el Congreso ni se conocía su contenido exacto, incurriendo así, según Sumar, en un presunto delito de prevaricación administrativa.
Por tanto, Sumar denuncia en su escrito que la intención de los vocales de la mayoría conservadora del CGPJ era mandar a la ciudadanía "un mensaje apocalíptico que solo puede contribuir a una mayor crispación social", máxime cuando se le dotó de carácter institucional.
Sumar pone de relieve que esa resolución "descalifica e imputa conductas gravísimas" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que podrían ser calificadas como "desconsideración entre instituciones", contradiciendo incluso lo que marca el CGPJ en sus resoluciones previas respecto al Poder Judicial.
Según la querella, la resolución del pleno hace "afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica" que convierten el acuerdo de los vocales en "una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo".
Por eso, el grupo parlamentario expone que en el pleno se excedieron las funciones del órgano de gobierno de los jueces, que además están limitadas por la situación de mandato caducado, y ahonda que los vocales querellados actuaron desde su "deliberada voluntad de eludir" esa carencia competencial, pese a que son juristas con condición de autoridad por formar parte de una de las principales instituciones del Estado.
Asimismo, resalta sobre el caso del presidente que su misión es velar por que todos los miembros del organismo se ajusten a las funciones del CGPJ, que en ningún caso incluyen valorar la "conducta de otra autoridad del Estado", acuerdos políticos o "futuribles" normas.
Por otro lado, Sumar destaca que es "ineludible" que el acuerdo plenario del 6 de noviembre refleja su decisión de interferir en una cuestión que afecta a los "intereses generales", emitiendo una "resolución definitiva" que no puede considerarse como un "acto político".
Al hilo, recuerda que uno de los vocales, el progresista Álvaro Cuesta, solicitó desconvocar ese pleno tras advertir previamente de que era "improcedente" e "ilegal". Ante la negativa del presidente del órgano, Cuesta optó por no acudir.
Es más, Sumar argumenta que los medios de comunicación expusieron que el propio presidente interino del CGPJ veía la declaración institucional "prematura", que el respeto a la independencia judicial hacía oportuno evitar ese pronunciamiento ante una iniciativa legal "inexistente" en esos momentos y que implicaba un "posicionamiento institucional a favor de una opción política". De hecho, estas fueron las razones que argumentó para su voto en blanco.
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